La medida supone la acusación formal contra los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Ricardo Branda y Alberto Tell, el ex senador radical José Genoud, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes y el ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto.De acuerdo a fuentes judiciales, los funcionarios hasta hoy procesados serán acusados de ofrecer, acordar y luego dar el dinero a los ex senadores para que modifiquen su voluntad y aprueben el proyecto de reforma laboral que culminó en la sanción y promulgación de la ley 25.250.
De esta forma, el ex legislador salteño, que fue también ministro de Economía del gobernador Roberto Romero, y durante años, alto directivo de la empresa Horizontes S.A. que edita el diario El Tribuno, así hombre de estrecha confianza del gobernador Juan Carlos Romero, deberá sentarse en el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral Federal Nº 3 que actualmente integran por los jueces Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons.
Llueve sobre mojado
Emilio Cantarero afronta también una investigación judicial sobre su patrimonio, por sospechas de enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita, que lleva adelante la pesquisa, requirió al ex senador para que justifique el carácter lícito de su incremento patrimonial. En concreto, el fiscal investiga los movimientos de una cuenta bancaria de Cantarero en los Estados Unidos de América en la que se realizaron siete depósitos a lo largo de 1997, cuya procedencia y causa aún no se ha podido establecer.
Para Pollicita, Cantarero se habría beneficiado de un "incremento patrimonial apreciable e incompatible con sus ingresos" y es por ello que ha extendido las medidas de investigación sobre los bienes de la esposa y las hijas del ex senador. En la edición digital de Clarín se publica un detalle de los bienes sujetos a investigación.