Sus consejeros áulicos son conscientes de ello, entre otros motivos porque los asuntos "de palacio" dejarán de pertenecerles después de diciembre próximo, y, por lo se que se ve, no están escatimando recursos para colocar al gobernador "fuera de la galaxia", aunque sea a costa de hacerle perder cualquier sentido del decoro.La condena de Poma expone no sólo al gobierno de Salta sino a toda su sociedad al sarcasmo público.
Todo el proceso, desde sus inicios, ha servido para poner de relieve la doble vara de medir y la ambigüedad ética que parece presidir las actuaciones de un sistema judicial que sólo demuestra eficacia a la hora de tutelar los intereses que giran alrededor de los poderosos, pero que al mismo tiempo exhibe una asombrosa incapacidad para asegurar la vigencia de las libertades ciudadanas.
Lo peor del caso es que el juicio a Poma evidencia un cinismo preocupante. Porque lanzar a jueces y fiscales a la caza de un periodista, equivocado o no, mientras son amparados judicialmente los desatinos de quienes ejercen la barbarie verbal desde los medios afines al gobierno y, más concretamente, desde los que controla el gobernador en forma directa, supone consagrar la impunidad para los propios, asegurar la condena para los ajenos e introducir un enorme desequilibrio en el mundo de la comunicación pública en perjuicio de los ciudadanos.
Salta debe reflexionar, del modo más serio y urgente posible, sobre la conveniencia de seguir alimentando medios cuyo único cometido es tratar de destruir el nombre y la reputación de las personas, los que se dedican interesadamente a mezclar en sus crónicas a personas decentes con pequeños delincuentes y los que bajo el pretexto de criticar a los gobernantes se esfuerzan en destruir nuestras instituciones.
El gobernador ha dado hoy un paso en falso al anteponer su honor a las libertades públicas y hacerlo bendecir por la justicia. Su objetivo no ha sido transmitir a la sociedad un mensaje sano a favor de la limitación de la libertad de prensa en beneficio de todos, sino el de hacer primar su susceptibilidad sobre un derecho fundamental de alcance universal.
El ciudadano Romero, en nombre de una idea ultramontana de Salta y de sí mismo, ha demostrado que la arbitrariedad y la falta de simetría en la aplicación de las leyes son los mejores argumentos para proteger a los poderosos en perjuicio de los débiles.