Además de constituir un hecho sin precedentes en el último cuarto de siglo en la Argentina y de desconocer la jerarquía de valores jurídicos que el Estado debe tutelar y promover, entre ellas la libertad de opinión y de expresión, la condena a Poma consagra la penalización de la opinión crítica, que toda democracia debe garantizar y de la que ella misma se nutre. Este hecho adquiere más gravedad, porque que se castiga la opinión de un periodista sobre un funcionario público y sobre actos de éste que tienen trascendencia pública. La penalización de las opiniones introduce un componente más al cuadro de inseguridad jurídica que hay en la Provincia y. además, lo agrava. Los tratadistas están de acuerdo que la libertad de opinión es un modo de hacer efectivo el derecho a la información. Antes que castigar las opiniones, el Estado debe respetarlas y constituirse en garante y en promotor de esa libertad.
Dice el especialista José María Desantes que la política es algo criticable por definición. Por su misma naturaleza, la política y las personas que se dedican a esa actividad están expuestas a las críticas y la valoración que se haga de ellos no sólo las laudatorias es públicamente comunicable. Donde la crítica no existe no hay reconocimiento práctico del derecho a la participación democrática. Las consecuencias, a plazo más o menos largo, suelen ser lamentables, añade Desantes.
Los vicios del procedimiento de la causa seguida a Poma, que el mismo juez declaró prescripta en diciembre del año pasado pero que fue reabierta meses después; la vía penal para castigar una opinión adversa hacia quien desde hace doce años ejerce como gobernador de la Provincia, y la enorme desproporción de la sentencia dictada contra un periodista independiente y crítico con el gobierno provincial, han logrado que Salta se haya convertido en una de las primeras provincias del país en la que un periodista es encarcelado por hacer pública sus opiniones.
La condena al periodista Poma no puede entenderse sino como una grave violación al ejercicio de la libertad de expresión a un gobierno que no tolera ni siquiera los límites de la crítica. Frente a este atropello, hacemos nuestra la declaración de Chapultepec cuando señala que una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.
Estamos frente a un avasallamiento contra el periodismo crítico e independiente y a un nuevo retroceso de las ya deterioradas instituciones democráticas locales. Que en una sociedad la libertad de expresión comience a ser vulnerada significa claramente que en la misma sociedad un único poder político ha avanzado sobre el resto de las instituciones, limitándola en el ejercicio de sus funciones autónomas.
La condena a Poma, dispuesta en un juicio con serias irregularidades procesales, es también un claro indicio de que la declamada seguridad jurídica no está garantizada para los ciudadanos, mucho menos para quienes quieren ejercer su derecho a expresarse libremente. Este hecho pone al descubierto la desigualdad que existe entre el gobierno, desde donde se alienta y dan recursos económicos a medios que hacen de la injuria un oficio y el periodismo independiente que es condenado por el delito de ejercer la libertad de opinión y de crítica. La condena a un año de prisión, en suspenso, de Sergio Poma no sólo es un atentado contra la libertad de expresión los ciudadanos, sino también el signo de que no gozan de igualdad política".
Firman la declaración, Gregorio Caro Figueroa presidente; Elena Corvalán vicepresidenta, y Andrés Gauffin, secretario.