La derrota electoral de la lista apadrinada por el oficialismo en ese Colegio, que afectaba intereses políticos y económicos del diputado y gremialista oficialista Eduardo Abel Ramos, pudieron más que la voluntad de la mayoría de los afiliados a esa entidad y, también, más que la ley. La medida deja entreabierta la puerta para que, en el futuro, el oficialismo avance en el control de los colegios profesionales que considere desafectos al poder.Después de una escala de ataques contra el Colegio, que incluyó el intento de desconocer el triunfo del sector opuesto a Ramos, la presencia en Salta de dirigentes nacionales del gremio de la Sanidad, la manipulación de un grupo de enfermeros auto convocados y de fuertes presiones por parte del gobierno, en tiempo récord, el oficialismo eliminó de un plumazo a ese colegio profesional.
Mientras, durante años, el gobierno de Salta cuestionó la legtimidad de los docentes auto convocados, alentó, impulsó y asumió los reclamos de esos enfermeros e impuso su mayoría en la legislatura para avalar esta maniobra. Parece que Romero quiere dejar un campo minado al próximo gobernador, opinan en la oposición y murmuran en el círculo próximo a Walter Wayar.
El siguiente es el texto que, que sobre grave episodio, envió a Iruya.com, Gustavo Barbarán que fue directivo del Colegio de Abogados de Salta y presidente de la Federación que reune a los colegios profesionales de esta provincia. A partir de esta medida, dice Barbarán, los colegios profesionales de Salta no deberían dormir tranquilos.
La ofensiva del gobierno
Los embates escandalosos contra el novel Colegio de Enfermeros de Salta desbordan la mezquindad y miopía de ciertos dirigentes políticos y sindicales, en una muestra más de la democracia pignoraticia. En efecto, otro capítulo de la saga está impulsado por la oposición de un grupo de enfermeros autoconvocados (varios de ellos integrantes de la lista perdedora), con el magro argumento de las cuotas: una de colegiación, legalmente acordada por asamblea, otra de ATSA. Ambos pagos no se contraponen porque son de distinta naturaleza jurídica; por ende, sería una ingenuidad supina suponer que el problema se reduce a esa cuestión.El máximo dirigente -lo que no implica el mejor- del gremio en cuestión, está presionando para que el Estado se encargue de lo que ha delegado, esto es de la matriculación y el control del ejercicio profesional de los enfermeros. "Le están metiendo de prepo la mano en el bolsillo a los trabajadores enfermeros", vociferaba en la sesión, agregando "No hace falta el colegio porque hay dos gremios (por ATSA y UPES) y con la ley hay tres sindicatos...". ¿Puede imaginarse tamaña ignorancia inexcusable? ¿o se trata directamente de mala fe?
Debate y aprobación
De hecho, tal gestión significa lisa y llanamente abrogar la ley nº 7351/07 de colegiación, que él mismo, en su doble condición de legislador provincial y secretario general, contribuyó a sancionar al menos formando quórum legal o debatiéndola en comisión. Dejaré para otra ocasión el debate ético que plantea la contradicción entre una representatividad popular y una sectorial y la implícita contraposición de intereses.
Como muchos saben, tengo experiencia en materia colegial por los largos años que actué en el Colegio de Abogados de Salta y en nuestra Federación Argentina como delegado provincial, también en la FEPUSa y asesorando y acompañando a entidades de la colegiatura o asociaciones profesionales. Traté de hacerlo siempre con esmero y convicción, pues estoy convencido de que colegios legales y asociaciones profesionales son entidades necesarias, escuelas de civismo y de cultura, a las cuales sus afiliados conducen limpiamente. No conozco casos en los cuales dirigentes desaforados se perpetúen en los cargos o malmanejen fondos, ni escándalos que pongan en duda la eficacia del sistema.
Defensa de la colegiación
Vale la pena recordarles aquí que cuando el general Antonio Domingo Bussi asumió legalmente la gobernación de Tucumán, tuvo el apoyo de los sectores más ultras del liberalismo vernáculo; una de las condiciones para el acompañamiento en la reforma constitucional que el ex militar proponía, fue la eliminación de la compulsividad del colegialismo. Y lo lograron. Sin embargo, la mayoría de las entidades colegiales, que arriesgaban su existencia, reaccionaron de una manera digna, continuando como si nada.
Al revés de Tucumán, por esos años y en todo el país los sectores democráticos avanzaban en el camino de afianzar esas instituciones y las cajas previsionales (una consecuencia obvia de aquéllas). Curiosamente, por la misma senda del represor circulan los legisladores de la mayoría automática -y sus devaluados aliados de ocasión- al suspender la aplicación de la ley de marras, sin respetar siquiera la esencia movimientista y popular que supuestamente les identifica.
Respeto a las normas
La democracia argentina tiene el sello propio de las gestadas en la época de nuestra ansiada unidad nacional: la representatividad popular. En el afán de que esa democracia, siempre frágil, devenga tranquilamente en forma de vida, la sociedad misma -muchas veces sin acompañamiento del Estado- se organizó para colaborar activamente en la vida comunitaria; y así, con el tiempo, aparecieron agrupaciones del más variado tipo, en un largo iter de entrenamiento y aprendizaje, de avances y retrocesos, tras el objetivo cualitativamente superior de la democracia participativa.
Pues bien, los colegios profesionales han superado en muchos aspectos a otras entidades de intereses más utilitarios y no por ello menos legítimos. Son otra cosa, una de cuyas fortalezas es, precisamente, el respeto por el juego institucional y democrático. Por el contrario, en Salta hay gremios cuyos dirigentes llevan años encapsulados en las cúpulas, haciendo remedos de vida democrática para seguir perpetuándose y usufructuar de sus fondos.
El daño que hacen a sus entidades y a la sociedad misma no se puede medir en tiempo material sino en tiempo histórico, y eso se paga caro a mediano y largo plazos. La renovación de ideas y de dirigentes, eso mismo que se clamaba por la clase política, parece no contar en este nivel de vida comunitaria.
Amenaza al clientelismo
Los enfermeros en general, y en especial el grupo promotor del vapuleado Colegio, son personas con gran autoestima, aman su profesión y tienen vocación de servicio, lo cual inhibe usar la institución para propósitos distintos a los previstos en su marco legal. Molestan, porque representan una amenaza para el clientelismo sindical (que existe y es de los peores). De tal manera, expuesto el problema de fondo del modo en que lo hago en esta nota, ya no lo es solo de enfermeros sino de la sociedad entera, que no quiere ser manipulada ni patoteada.
Una de las peores lacras que cualquier sociedad seria necesita vencer, es la ignorancia, freno absoluto para cualquier proyecto trascendente, perdurable y superador. En ese afán es importante tener claro qué es un Colegio, para qué sirve. Es elemental saber que su existencia se halla vinculada a una facultad reservada para cada gobierno provincial, materia no delegada al gobierno federal, referida a la organización social provincial. Entonces el Estado delega su poder de policía a grupos afines, el gobierno de la matrícula, del ejercicio y de la ética profesional. Una tarea ingente e imprescindible, en verdad.
La larga mano del Estado
Por supuesto, cada entidad tiene su idiosincrasia, mayor o menor espíritu de cuerpo y eficacia en el manejo institucional, pero todas responden al mismo esquema. Cuando fundamos la Federación de Profesionares de Salta (FEPUSA),asociación civil sin fines de lucro de segundo grado), de la que fui presidente, calculábamos que en las instituciones hasta entonces afiliadas habría unos 15.000 profesionales; si el Estado tuviera que hacerse cargo de sus funciones, tendría que haber una especie de Ministerio de la Matrícula, fabulosa estructura burocrática inimaginable.
Por esa razón se delega a cada grupo su propia organización. Hay entidades que se atuvieron exclusivamente al objeto central, caso de las vinculadas a las ciencias médicas, las cuales cuentan a la vez con una asociación para defender intereses corporativos (mal llamadas tareas gremiales); otras, la mayoría, sirven a sus colegiados conformando órganos de previsión social, impulsando la capacitación continua y otros beneficios de ese tipo.
Inseguridad jurídica
Esta somera pauta del valor de los colegios no puede ser apreciada por quienes ven las ramas pero no el bosque. Y así andamos. Después de lo que hicieron los diputados salteños y seguramente corroborarán los senadores, ninguna Comisión Directiva de colegio profesional debería dormir tranquila.