70 después del fin de la Guerra Civil y con 32 años ya vividos en democracia, Baltasar Garzón abre ahora una causa contra los crímenes del dictador Francisco Franco y todos sus secuaces por ordenar y ejecutar la eliminación sistemática de sus enemigos políticos entre 1936 y 1952. Su decisión se basa en que constituyen delitos contra la humanidad y reclama, partiendo de esta valoración, la competencia en el tema. La decisión de Garzón supone, como él mismo explicita en su auto, "una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha". En mi opinión este será el valor fundamental de su iniciativa reparar y rehabilitar a las víctimas del franquismo puesto que la causa iniciada tendrá un corto recurrido judicial al estar los responsables ya muertos, y debido a la ley de amnistía general decretada en 1977. Es decir, el valor será más simbólicamente reparador que penal o judicial.
El auto ordena, la exhumación de las fosas comunes donde yacen restos de cientos de españoles sin identificar legalmente e incluso en muchos casos, con la incertidumbre para sus familiares de no estar seguros en todo este tiempo sobre el lugar exacto donde fueron vilmente enterrados. Debo sin embargo señalar que esta tarea no la inicia ahora Garzón, sino que a través de numerosas denuncias de familiares de las víctimas, se llevan años localizando y abriendo fosas comunes e identificando víctimas y dándoles finalmente el reconocimiento que merecen. Aquí, y lamento decirlo, creo que Garzón se ha erigido en un único salvador que corresponde más en mi opinión, a su afán de protagonismo mediático que a una realidad objetiva y ecuánime.
Hasta aquí, la parte positiva, si pudiéramos resumirlo así. No obstante, a lo largo de la semana también se han alzado numerosas voces preguntando porqué sólo merecen justicia y reparación moral las víctimas causadas por el bando franquista. Todavía hay masacres efectuadas por el otro bando el republicano , como por ejemplo la de Paracuellos del Jarama, que siguen sin responsable declarado judicialmente aunque pueda incluso seguir con vida, algún sospechoso de participación. En concreto la gente se refiere a Santiago Carrillo, el líder del ya extinto Partido Comunista español.
En concreto, las quejas que han surgido vienen por el hecho de la diferenciación de las víctimas (víctimas en realidad fueron ambos bandos, todos lo españoles) y también por el entramado judicial que no moral- que supone la causa abierta para una ya muy atascada y lenta Administración Judicial.
La amnistía de 1977 cabe interpretarla como la liquidación de una etapa. Se acordó su decreto en los inicios de la Transición y sirvió para superar épocas pasadas en pos de una convivencia democrática y en paz. El país en aquellos momentos, lo necesitaba. Por lo tanto, y desde el punto de vista de algunos no es posible volver sobre los delitos asociados a la represión franquista para ser juzgados por tribunales y leyes que están obligados a acatar la prescripción dispuesta por dicha ley de amnistía.
Es también posible la consideración opuesta, que se trate de delitos de lesa humanidad que no prescriben, sin embargo y en el caso español esta interpretación parece de difícil aplicación puesto que el mismo juez Garzón archivó una causa contra la matanza de Paracuellos del Jarama argumentando en su momento que había prescrito. Supongo entonces, que si prescriben delitos republicanos contra franquistas, igualmente prescribirían delitos franquistas contra republicanos. Esto es lo que ha motivado las mayores controversias respecto de esta causa ahora iniciada.
Ante tal dilema, creo que convienen una serie de reflexiones: Primera: Que la reparación a las víctimas y sus familias no se constituya en un nuevo debate a dos bandos que consiga separarnos de nuevo, y por supuesto que sea una reparación a todas las victimas sin importar su color. Segunda: Que judicialmente las causas no se podrán juzgar a estas alturas, bien por cuestiones como la de la amnistía del 77, bien porque sus responsables ya no están vivos. Tercera, y la más importante: Que la superioridad moral de nuestra democracia frente al franquismo, está tan asumida por nuestra sociedad, que su arraigo no depende ya de las acciones de ningún juez o tribunal.
Afortunadamente