Así sucede, por ejemplo, con las leyes, los decretos, los actos administrativos, las resoluciones judiciales y las disposiciones de alcance individual de cualquiera de los poderes del Estado.Pero desde un punto de vista sustantivo, la conexión existente entre el principio de publicidad con el derecho a la información de los ciudadanos, exige otro tipo de recaudos, relacionados, en su mayoría, con la utilización de los medios masivos de comunicación.
Desde estas páginas hemos venido bregando insistentemente para que esta última manifestación de la publicidad de los actos y actividades que realiza el gobierno de Salta asuma una forma impersonal, que privilegie la institución o el cargo por sobre las circunstancias de las personas que las integran o los ejercen.
Un simple ejemplo contribuirá a clarificar esta postura: El Convenio Marco sobre medidas de fomento del empleo suscrito en Salta el pasado miércoles, no es un acuerdo que vincule al señor Tomada con el señor Urtubey, sino al Ministerio de Trabajo de la Nación con la Provincia de Salta. Ésta es la noticia principal, la que trasciende a las personas y se proyecta sobre las instituciones. Sólo en un segundo plano es noticia la identidad o la filiación política de quienes, representando a aquellas instituciones, han firmado materialmente el instrumento.
Los gabinetes de prensa estatales, en su mayoría, suelen equivocar el enfoque cuando dejan de lado la noticia (por ejemplo, la inauguración de un puente o la clausura de un curso) para dedicar amplios e innecesarios espacios al contenido de los discursos de los funcionarios, los que muchas veces suelen rozar la vulgaridad más absoluta.
Se confunde así, de un modo interesado, lo que es la necesidad y el interés público en dar a conocer qué hacen los responsables políticos con la necesidad de éstos de comunicar sus ideas y pensamientos, algo que puede estar bien en el contexto de una campaña política, o quizá en una cita académica, pero no en el curso de la relación entre el gobierno y sus ciudadanos.
Los gabinetes de prensa estatales son públicos, sufragados por los ciudadanos a través de sus impuestos, y no pueden, bajo ningún concepto, estar al servicio de las necesidades personales de los funcionarios, para satisfacer su vanidad o para imponer a los ciudadanos la "profundidad" de sus pensamientos en forma de discursos o de declaraciones.
No es admisible, en definitiva, que los partes de prensa oficiales sean un blog personal del funcionario de turno o un "gran hermano" de su paso por la oficina.
No es reprochable que los funcionarios pronuncien discursos, ni mucho menos. Lo es, en cambio, que sus "responsables de prensa" los glosen y desmenucen convirtiéndolos en "la noticia", así como que ensalcen su oratoria cual si de un discurso de Demóstenes se tratara. Esto no es función ni cometido de un servicio público.
No es lo mismo comunicar en un parte de prensa que "el ministro anunció que a partir del lunes los jubilados cobrarán sus haberes con aumento" (que sí es noticia) que comunicar que "el ministro recordó que el valor supremo de la justicia social es innegociable en el contexto las políticas de igualdad e inclusión que hoy constituyen una realidad de la mano prodigiosa del gobernador Urtubey" (lo que encierra no una sino varias subjetividades, algunas de las cuales exponen al dicente a ser considerado, lisa y llanamente, un chupamedias).
Va siendo hora de que alguien se preocupe por asegurar la neutralidad ideológica, la objetividad, la impersonalidad, la calidad informativa y la sobriedad de los materiales de prensa que se generan con los recursos de todos y que están destinados al consumo de todos, sin distinciones.