Se trató, al principio, de una cuestión de intereses monetarios. Es decir de la pretensión, por parte del gobierno, de gravar ganancias de los productores y de estos de no querer tributar más que lo que ya se pagaba antes de la resolución que dispuso el aumento de las retenciones a los ingresos por la exportación. Subyacía y subyace, en el conflicto, la necesidad, por parte del gobierno, de obtener recursos para solventar los gastos del Estado.El empecinamiento por parte del gobierno en no aceptar analizar y procurar resolver una cuestión de intereses económicos, llevó a ampliar el universo de la discusión, lo que es saludable que aconteciera, pues ha permitido que los ciudadanos piensen y reflexionen sobre temas de suma importancia, que estaban olvidados u ocultos. La cuestión se transformó en auténticamente política.
En primer lugar se hizo patente, a los ojos de la opinión pública, la voracidad fiscal, que para ser satisfecha vulneró principios políticos y legales elementales. Así, muchos advirtieron, por primera vez, lo que viene sucediendo desde 2002, por lo menos: que los impuestos los fija el Poder Ejecutivo, sin que se discuta en el Congreso.
Pero además, comenzó a cuestionarse la aplicación de los fondos públicos así obtenidos. Muchos ciudadanos advirtieron que no recibían ninguna contraprestación por los impuestos que pagan y que además las aplicaciones de los fondos se hacen con criterios no debatidos por sus representantes en el Congreso. Adicionalmente advirtieron que el Poder Ejecutivo no rinde cuentas de en qué gasta lo recaudado.
Ello llevó el razonamiento a la cuestión de la representación política. Las preguntas fueron entonces ¿Quiénes me representan? ¿Qué papel tienen los legisladores, gobernadores e intendentes? ¿A quienes elegí para que representaran mis intereses? ¿Defienden mis intereses y mis derechos?
El paso siguiente fue el cuestionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos y las preguntas consecuentes fueron ¿Por qué quienes teóricamente me representan no participan en la defensa de mis intereses y deseos? ¿A quienes elegí para que lo hicieran? ¿Los elegí yo o me fueron impuestos por los partidos políticos? ¿Quiénes manejan los partidos políticos? ¿Intervine yo en las actividad interna de los partidos políticos? ¿Quién seleccionó a los candidatos a presidente, gobernadores, legisladores y demás cargos electivos?
Como se ve la consecuencia política de una cuestión de intereses económicos, condujo a una saludable toma de conciencia por la ciudadanía, de qué es lo que está en debate en la Argentina.
Más que el signo político y aún ideológico de quienes nos gobiernen, los argentinos estamos aprendiendo el valor de las formas, lo que significa respetar, a rajatabla, el orden jurídico, esto es al división e independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esenciales para el sistema republicano, lo que ha sido vulnerado groseramente. Además del irrestricto respeto al federalismo, dando a cada provincia lo que le corresponde y garantizando la voluntad ciudadana como único factor legitimante de la acción de gobierno, para lo cual el régimen electoral y el sistema de partidos políticos, debe ser adecuado a las pautas republicanas.
En ese marco resulta saludable lo que ha sucedido y aún sucede en la disputa en curso y alienta perspectivas políticas alentadoras. Sería beneficioso que esta toma de conciencia trascendiera y se afianzara, cualquiera sea el resultado de la puja gobierno-campo y surgiera de ella una conciencia cívica que consagre los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional.