Quemar libros es, siempre, un acto bárbaro. Un acto que rememora los momentos más tristes de la estirpe humana. Pero cuando la quema es ordenada por el Poder (civil o religioso) de turno, invocando el contenido erróneo de los libros, la afrenta a las libertades y a la civilización es, si cabe, mayor.
El juicio de la historia moderna ha estigmatizado a quienes dispusieron este tipo de medidas: desde el Obispo Anastasio de Alejandría, hasta Adolfo Hitler, pasando por Augusto Pinochet y Jorge Videla.
En 1821, Heinrich Heine sentenció: Ahí donde se queman libros se acaban quemando también seres humanos.
Dictadores y fanáticos se han cuidado, en siniestra coincidencia, de convocar al pueblo a las plazas públicas para celebrar la quema de libros subversivos, herejes, peligrosos o erróneos. Con el claro propósito de amedrentar las conciencias, de exhibir poderío y marcar los límites que separan al paraíso de la verdad oficial del infierno en donde mora el error.
Aunque muchos prefieran olvidarlo, la historia reciente de Salta registra también quemas bárbaras de libros erróneos.
En efecto, en 1976, en pleno frenesí dictatorial, el Mayor del Ejército Argentino que detentaba el cargo de Intendente Municipal de la ciudad de Salta convocó a los ciudadanos a la Plaza 9 de Julio para que asistieran a la quemazón de libros previamente expoliados con nocturnidad a subversivos.
El actual Gobierno de la Provincia de Salta, democráticamente elegido, obligado como está a respetar los cánones de la república constitucional, no puede inscribir su nombre en aquella triste serie. Por muy grave, torpe o evidente que sea el error en el que ha incurrido la empresa editora del libro.
Lo lógico y natural es devolver al proveedor los libros observados, exigiéndole su reemplazo por nuevos ejemplares corregidos. Ya se encargará este prescindible proveedor de dar al papel mal impreso (que en sus manos pierda la dignidad del libro) el destino habitual en estos casos.
Hay quienes dicen que los errores políticos, como las desgracias, nunca vienen solos.
Y así esta sucediendo en este desafortunado caso, como lo acredita la absurda decisión de entremezclar a los excombatientes de Malvinas en la quema de libros, so pretexto de que su participación honra a la causa por la cual combatieron.
Preciso es reconocer que las tesis argentinas sobre estas islas no avanzarán un palmo de terreno, ni aun cuando el Gobierno de Salta mandara quemar no ya los 40.000 libros de la editorial que gira bajo el curioso nombre de INTI RAYMI (pese a sus inocultables lazos europeos) sino los otros miles que albergados en bibliotecas públicas y privadas denominan Falkland a las Malvinas.
Es malo, y hasta ridículo, transmitir a nuestros niños el mensaje de que alguien hace patria y defiende la argentinidad de las Malvinas quemando libros erróneos. Y peor aún, mezclar en esta tarea a ciudadanos cuyo comportamiento en aquella guerra solo debe merecer el respeto y la solidaridad efectiva de los gobiernos y de la ciudadanía.
La notoria incomodidad que el espinoso tema provoca en el Gobernador de la Provincia, le ha llevado a expresar su deseo de que los niños de Salta, educados según el guión oficial, se preparen para conformar una Salta progresista, sin detenerse en imprescindibles precisiones sobre un término ambiguo que, en los tiempos que corren, expresa el ideario oficialista.
Sería deseable que el Gobierno entendiera que no está entre sus roles constitucionales el imponer una determinada opción ideológica a la sociedad y menos a los niños. Si hay que alentar un patriotismo, alentemos el patriotismo de la república constitucional y democrática, que nos abarca a casi todos, y no el sesgado patriotismo del Gobierno de turno.