Casi todos estos desafíos están centrados en el destino de nuestros recursos naturales (aguas, bosques(1), tierras fértiles, minerales, combustibles), súbitamente revalorizados de la mano de aquella novedosa configuración económica global. Se trata de retos que convocan también, claro está, a la adaptación de nuestra arcaica cultura política (que en pleno siglo XXI toleró un sultanato depredador), de nuestras instituciones de gobierno (escasamente republicanas) y de nuestros recursos humanos (insuficientemente capacitados para el trabajo y con desigual acceso a las prestaciones sociales básicas) a las condiciones en las que habrá de desenvolverse el mundo en las próximas décadas.
Como consecuencia de todo lo cual los salteños estamos obligados a lograr -urgentemente- cambios sustantivos en el actual modelo de inserción de nuestra Provincia (y nuestra región) en la República Argentina y en el mundo.
Un brevísimo repaso a la historia de la economía y del federalismo en los ámbitos de la Nación y de la Provincia, posterior a la Independencia de España (1816), puede ayudar a comprender el presente y adoptar las mejores decisiones de cara al futuro.
1. La Salta pendular de la primera mitad del siglo XIX
Terminadas las guerras de la independencia, las elites salteñas, divididas por estirpes y enfrentadas por intereses e ideas, sumaron las escuetas fuerzas locales unas veces al bando federal y otras al bando unitario.
En el primer caso, lucharon por un modelo institucional que garantizara a las provincias la participación equilibrada en las rentas que generaba la aduana de Buenos Aires (y otros monopolios estatales) y que usufructuaba en solitario la ciudad-puerto. Simultáneamente, se rebelaron contra el ingreso de mercadería foránea que desplazaba, entre otros productos, a los tejidos a los dulces artesanales y a otros artículos primarios.
A su turno, la adscripción al unitarismo vino de la mano de los lazos familiares y económicos que vinculaban a los salteños pudientes (que lograban hacerse con el poder político local, utilizando los recursos no democráticos por entonces disponibles), con las fortunas porteñas y con los gobernantes de Buenos Aires.
Fue esta confluencia de intereses económicos y de parentescos, más que una simple adscripción ideológica, la que dio vida y fuerza a la corriente unitaria en Salta.
2. El ciclo del federalismo atenuado (1853/1930)
Desde la organización de la Argentina como una republica federal (1853) y hasta la gran crisis global de 1930, Salta disfrutó de las ventajas que se derivaban de sus aptitudes agrícola-ganaderas y consolidó un cierto estatuto (aceptable para los detentadores del poder) de inserción en esa Argentina exitosa y en ese mundo interconectado.
Las mismas condiciones económicas generales que hacían posible el modelo de granero del mundo, permitieron que un reducido núcleo de salteños propietarios de establecimientos agrícolas colocara a buen precio su producción excedente.
Eran tiempos en los que, por encima de las cláusulas constitucionales, regía un federalismo atenuado, centrado en la defensa de elementos simbólicos, y compatible tanto con la concentración de la riqueza en el puerto de Buenos Aires como con la fragmentación social de las provincias del interior condenadas a tolerar el fraude y el atraso, la opulencia de unos pocos y la miseria y el analfabetismo de otros muchos.
3. El federalismo mendicante (1930/1980)
La crisis del 30 alteró drásticamente aquellos precarios equilibrios en perjuicio de los provincianos en general y de los salteños en singular. Pese a lo cual algunas familias locales lograron reconvertir sus emprendimientos para sumarse al proceso agroindustrial (azúcar, vinos).
En los 50 años transcurridos desde entonces, la Argentina retrocedió hasta convertir aquel federalismo atenuado del ciclo anterior en un federalismo mendicante, que involucionó al ritmo que marcaban la caída de los precios agrícolas, la concentración de los recursos en la mega-región liderada por Buenos Aires y la explosión de la pobreza urbana.
Nuestra producción tradicional se hundió de la mano de la espiral de precios descendentes. La pobreza aumentó al ritmo del desorden demográfico, de la baja productividad de nuestra economía y de la recurrente crisis fiscal de un Estado Provincial generalmente mal administrado, condenado a subsistir precariamente con las ayudas (discrecionales e insuficientes) que el Gobernador de turno lograba tras peregrinar una y otra vez a la Casa Rosada.
4. Minería, energía y revolución verde en Salta
En los denostados años noventa se inició -también en Salta- un proceso transformador de gran calado, aunque incompleto y de difícil visualización por los actores contemporáneos, dada la sobrecarga ideológica que oscurece los debates y la potente propaganda utilizada para asentar el actual modelo político y económico.
Fue entonces cuando nuestra Provincia comenzó a emerger como un área exportadora de energía (2); cuando importantes capitales vinieron para explotar nuestra riqueza minera (3); y cuando silenciosos agricultores (muchos de ellos salteños nativos) se sumaron a la revolución verde ampliando áreas sembradas (4), conquistando nuevos mercados, e introduciendo nuevas tecnologías, maquinarias y variedades, hasta multiplicar varias veces la productividad de nuestro campo y atenuar así las desventajas provenientes de nuestra lejanía de los grandes centros de consumo, agravadas por las carencias en materia de transportes.
Las leyes aprobadas durante este período favorecieron la distribución automática de las rentas que recaudaba el Estado nacional, reduciendo al máximo los poderes discrecionales del Presidente de la República.
Ambos procesos (económico e institucional) modificaron las aristas mas irritantes y centralistas y, sin necesidad de reformar la Constitución, reforzaron el federalismo argentino realmente existente en beneficio de las autonomías provinciales.
Dentro de este devenir político, la reforma constitucional de 1994 estableció pautas y normas llamadas a mejorar radicalmente el modelo federal, sobre todo en las áreas de los impuestos y de los recursos naturales. Conviene adelantar aquí que tales normas y pautas permanecen confinadas en un texto del máximo rango pero sin efectivo desarrollo.
Sin embargo y como es notorio, las fuertes inversiones del período no alcanzaron para completar el desarrollo de nuestras vías de transporte (incluido el ferrocarril), para ampliar nuestra infraestructura hídrica, para financiar la reconversión tabacalera, ni para poner al sistema educativo provincial a la altura de los tiempos.
La concentración del poder en manos de una sola familia y de su entorno, el desprecio por las pautas de conservación del medio ambiente y los ataques a la biodiversidad, y la subordinación del interés público a los intereses de los amigos del poder integran, como no, el pasivo de esta década.
5. El retorno del centralismo unitario
La crisis económica que estalló en 2001, agravada por el irresponsable endeudamiento de provincias como Salta (5) (que benefició solamente al banquero del poder), hizo retroceder al federalismo e inauguró un ciclo que habría de culminar en el esquema unitario actual, ideado por don Eduardo Duhalde que, cuando le tocó presidir la república lo hizo en beneficio de la Provincia de Buenos Aires, como ya sucediera en tiempos del Restaurador de las Leyes, don Juan Manuel de Rosas.
Un esquema que fue llevado a su máxima expresión por los dos turnos kirchneristas.
En lo que aquí importa, el actual modelo industrialista y unitario articula una fenomenal transferencia de recursos económicos y de facultades institucionales desde las provincias productoras de alimentos y energía hacia el vértice del poder del Estado y hacia los industriales que sobreviven merced a un dólar sobrevaluado, a medidas proteccionistas y a la energía artificialmente barata.
6. El impostergable giro federalista
El citado modelo industrialista y unitario resulta, por varias razones, especialmente dañino para el futuro de los salteños.
En primer lugar porque colisiona con la mejor tradición política de Salta que promueve el federalismo efectivo como el modo más adecuado de articulación de los diversos intereses y sectores que componen la nación argentina.
Sucede que la ruptura de los citados lazos que, en el siglo XIX, vinculaban a las poderosas familias locales con la política y los poderes fácticos nacionales, de un lado, debilitó a Salta como espacio económico y, de otro, vino a re-legitimar la tradición federalista de nuestra provincia.
Adviértase en este sentido que, aún siendo grande, el poderío económico de la familia que hasta 2007 detentó el Gobierno de la Provincia y de los banqueros y empresarios que crecieron al amparo de sus favores, no alcanza para reinstalar aquella antigua relación de los ricos salteños con las elites porteñas.
En segundo lugar porque las retenciones dispuestas sobre el valor de la producción de alimentos y de energía que se exporta no solamente no integran la masa de recursos directa y automáticamente coparticipables, sino que abultan las cuentas a disposición del poder central que el Presidente de la República usa, con una inadmisible liberalidad, para asentar sus designios centralistas y su proyecto hegemónico.
Es sabido, además, que las retenciones sobre el valor de los hidrocarburos exportables (tanto como la importación de gas y petróleo, a precios internacionales, para cubrir el déficit del mercado nacional), dañan las regalías que corresponden a nuestra provincia y están en la raíz de la constante caída de nuestras reservas y de nuestra producción.
Pero las retenciones tienen un segundo efecto, menos conocido aunque letal, sobre el desarrollo de una provincia como Salta. En efecto, al aislar a la producción local exportable de la dinámica internacional de precios frena las inversiones imprescindibles para desarrollar la economía local aprovechando las señales positivas y los estímulos que vienen desde el exterior.
Así, por ejemplo, la facultad reconocida por la Constitución Nacional a las provincias hidrocarburíferas para administrar los recursos de su subsuelo, se convierte en letra muerta frente al poder fáctico que le permite al Presidente de la República fijar los precios finales de los bienes exportables.
Lo mismo sucede con la producción agrícola. Tanto la vinculada a los alimentos como la relacionada con la generación de energías. En ambos casos, los precios regulados vía retenciones ralentizan y amenazan el crecimiento de nuestro Producto Bruto Geográfico haciéndonos perder oportunidades de desarrollo económico y humano por largo tiempo esperadas.
Conviene, a estas alturas del razonamiento, puntualizar que la defensa de los intereses regionales admite varias versiones políticas.
Desde un federalismo radical que postule una amplia autonomía provincial y un ideario orientado a permitir que sea el mercado quién fije libremente los precios de nuestra producción, hasta un federalismo cooperativo que haga residir en el Senado de la Nación poderes regulatorios y arbitrales sobre los asuntos hoy asumidos por aquella vocación centralista y hegemónica que expresa la Presidente de la República.
Por supuesto, esta recuperación por y para la provincia de los poderes que hoy, al socaire de la crisis, radican en la Casa Rosada, plantea desafíos complementarios a Salta, a los salteños y a su clase política.
Entre ellos, la construcción de un marco que delimite la actuación de las empresas productoras de alimentos y de energía de modo tal que garantice el respeto al medio ambiente y a los equilibrios ecológicos y humanos básicos.
En este sentido, la ambivalencia que han adquirido determinados cereales y oleaginosas (capaces de producir tanto alimentos como energía) añade complejidad a las políticas regulatorias provinciales que, de aquí en mas, tendrán que administrar el aprovechamiento de los recursos naturales de titularidad publica (aguas, bosques, fuentes de energía) para lograr explotaciones social, ecológica y moralmente sustentables.
7. Interrogantes e hipótesis sobre nuestro futuro
Entrando en el terreno proceloso de las definiciones prospectivas, soy de los que piensan que una opción favorable al federalismo radical y a la liberalización integral de la producción agrícola y de energía nos llevaría a un escenario próximo a los Sultanatos de medio oriente en donde la riqueza petrolera no sirvió para fundar un desarrollo equilibrado y alentó la extrema concentración del poder en una casta que resiste la implantación de las libertades democráticas y el progreso político de esos países (6).
Sin embargo, lo que realmente interesa es conocer qué piensan sobre estos asuntos de envergadura estratégica las principales fuerzas políticas en condiciones de gobernar Salta en los próximos años.
Si bien no dispongo (y dudo de que existan) de documentos ni declaraciones públicas que permitan averiguar con precisión qué piensan y qué proponen, me atrevo a esbozar una hipótesis sobre la posición del señor Juan Carlos Romero y a dejar abiertos interrogantes respecto de las ideas del señor Juan Manuel Urtubey, a la espera de contar con mayores elementos de juicio sobre las posiciones de las otras fuerzas políticas.
En el primer caso, todo parece indicar (si nos atenemos a su trayectoria reciente y a su adscripción ideológica) que el espacio político liderado por el anterior Gobernador y actual Senador Nacional por Salta se inclinará por aquella versión programática que une el liberalismo económico a las demandas de índole confederal y lo separa del republicanismo democrático.
Respecto de las posiciones del señor Urtubey, sólo hay interrogantes: ¿Podrá independizar sus políticas de las directivas nacionales del matrimonio Kirchner y centrarlas en la defensa del interés provincial? ¿Será capaz de liberarse de los lazos heredados que vinculan al Estado Provincial con la banca acreedora? ¿Dispone de un diagnóstico suficiente acerca de los desafíos que la nueva situación mundial plantea a Salta? ¿Cuenta con los equipos necesarios para diagramar y llevar a cabo la nueva política económica y social y diseñar sus reglas? ¿Piensa que la lucha contra la pobreza y la defensa del medio ambiente están indisolublemente unidas al desarrollo económico y a la integración en el mundo? ¿Está en disposición para buscar las alianzas políticas y sociales que le permitan forzar cambios institucionales en los ámbitos nacional y provincial?
(1) Aún después de los salvajes desmontes autorizados por el anterior Gobierno, Salta cuenta con 12 millones de hectáreas de bosques.
(2) En un contexto en donde entre comienzos de los 90 y 1998 se duplicó la producción de petróleo y se triplicó la de gas. Si bien el peso de los combustibles dentro de nuestras exportaciones se consolidó hasta representar, en 2005, el 52% del total, la producción local de ambos hidrocarburos viene retrocediendo como consecuencia de la errática política nacional.
(3) En el período se duplicó la producción de minerales no metalíferos (hasta alcanzar las 530.000 toneladas) y se triplicaron las exportaciones de origen minero.
(4) En la década de los 90 se mas que duplicó la superficie sembrada que pasó de las 215.000 a las 590.000 hectáreas, con una importante ampliación de la producción de algodón.
(5) Solamente en el período 1995/1998 se triplicaron las erogaciones del Presupuesto Provincial destinadas al pago de intereses y otros gastos de la deuda pública.
(6) Si entre 1997 y 2007 la deriva sultanística tuvo raíz política, esta hipotética opción nos situaría en un Sultanato, igualmente anacrónico, pero de raíz económica.