En efecto, la señora Elena Espinosa Mangana, ministra socialista de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, como se llama la nueva cartera, ha debido de viajar de urgencia a Cataluña, la poderosa autonomía del Norte español que, según estimaciones, tiene asegurada el agua para beber sólo hasta el próximo otoño.Como resultado de estas gestiones, ambas administraciones acordaron realizar una "aportación hídrica" consistente en transferir agua del río Segre a la ciudad de Barcelona mediante un costoso sistema de tuberías que, al parecer, ya ha comenzado a construirse.
El asunto no daría para mayores comentarios si no estuviera de por medio la dura política mantenida durante los últimos años por el Partido Socialista Obrero Español, contrario a los trasvases de agua entre las grandes cuencas hidrográficas, especialmente aquellos que podrían afectar a la cuenca del caudaloso río Ebro.
Por este motivo, la "aportación" concedida a Barcelona cayó como una bomba en las comunidades levantinas de Valencia y Murcia, en donde sus presidentes han levantado la voz para denunciar un insulto a sus ciudadanos y un tratamiento diferencial favorable a Cataluña como devolución de gentilezas políticas. Cabe recordar que los votos de los ciudadanos catalanes fueron decisivos para asegurar el triunfo de Zapatero en las pasadas elecciones generales.
Pero el verdadero debate aquí -y que debería reproducirse en Salta- gira en torno al destino del agua demandada por los territorios carentes de ella.
Hoy los gobiernos del Estado español y de la autonomía catalana, ambos en manos de socialistas, han salido al cruce de las críticas para defender que la "aportación hídrica" del Segre no constituye un trasvase porque no supondrá la reducción del caudal de aquel río y para llamar la atención acerca de que las necesidades de Barcelona están directamente relacionadas con el consumo humano, mientras que Murcia y Valencia reclaman el agua principalmente para abastecer sus industrias y "su huerta", un vergel artificial instalado en uno de los territorios más secos de Europa.
Este ejemplo llama a los salteños a defender en primer lugar la propiedad de sus recursos estratégicos y el derecho a adoptar sobre ellos las decisiones que mejor convengan, con arreglo a lo que dispone la ley. El sentido común y la conciencia universal dictan que el agua no puede ser extraída de un territorio y llevada a otro simplemente para sostener un determinado modelo económico.