La tendencia al bipartidismo es uno de los rasgos más destacados de la democracia española. En 1977, en el inicio de la transición, los dos grandes partidos sumaban 284 escaños; en 1993 llegaron a 300; en el 2000 conseguían conjuntamente 300 diputados y en 2004, 312. En las recientes elecciones, ambos partidos suman ya el 92 % de la Cámara. Esta tendencia hacia la presidencialización de un régimen parlamentario es consecuencia de dos factores preponderantes. Por un lado, la influencia mediática, que muestra las elecciones como un concurso de belleza entre dos aspirantes a la presidencia, presentación avalada por los dos debates televisivos en que confrontaron Zapatero y Rajoy. Es un retrato falseado, puesto que en las boletas electorales concurren candidatos a diputados y en ningún caso a la presidencia, como en los sistemas presidencialistas que siguen el modelo norteamericano.
Por otra parte, la Ley Electoral favorece a los dos grandes partidos y las pequeñas formaciones regionales, al establecer un sistema de circunscripciones electorales en los que varía el número de electores necesarios para elegir un diputado. De esta manera se ven perjudicadas las terceras fuerzas políticas, como lo ejemplifica el caso de Izquierda Unida, que es la fuerza política que ha resultado vapuleada en estos comicios, al conseguir sólo dos diputados de cinco que tenía y perder, por esta circunstancia, la posibilidad de tener un grupo parlamentario propio.
Veamos las paradojas del sistema electoral: Izquierda Unida, con 963.000 votos ha obtenido sólo 2 diputados; Convergencia y Unión de Cataluña, con 774.000 votos, ha conseguido en cambio 11 diputados. Dividiendo el número de votos por los escaños obtenidos, se resalta nuevamente la injusticia del sistema. Tanto socialistas (11 millones de votos y 169 escaños) como populares (10 millones de votos y 154 escaños) necesitaron alrededor de 65.000 votos para conseguir un escaño. Izquierda Unida necesitó 481.000 votos. Con un sistema proporcional, Izquierda Unida hubiera obtenido 14 escaños y el PSOE y el PP, 9 y 6 menos, respectivamente.
El temor al regreso de Aznar si no vas (a votar) vuelven decía una consigna del Partido Socialista de Cataluña- le permitió al PSOE obtener un enorme rédito electoral en Cataluña y el País Vasco. La diferencia de votos entre socialistas y populares en Cataluña ha sido enorme: 1.168.000 votos y 18 escaños. Por otra parte, los socialistas han conseguido por primera vez en el País Vasco, obtener más votos que la suma de los tres partidos que actualmente conforman el Gobierno presidido por el lehendakari Ibarretxe.
Los resultados en las autonomías vasca y catalana, prueban la buena acogida que han tenido en esas comunidades las propuestas reformistas de Rodríguez Zapatero de renovar los estatutos de autonomía, aumentando las competencias de esas regiones. Pero esas mismas circunstancias, agitadas como un fantasma por el Partido Popular (se rompe España) han provocado en Madrid un resultado inverso. El PSOE ha bajado 4,6 puntos y el PP ya se distancia en más de 10 puntos, habiendo obtenido casi el 50 % de los sufragios en toda la región.
En definitiva, el temor de los electores al avance de la derecha (en España asociada psicológicamente al franquismo), ha propiciado un trasvase de votos de la izquierda al centro-izquierda para reforzar el triunfo de Zapatero. A su vez la desconfianza de los electores de centro a las audaces políticas autonómicas de Zapatero, ha favorecido un corrimiento de votos a favor del partido conservador que se presentaba como defensor de la unidad de España.
Es probable que esta segunda derrota electoral aparte a Mariano Rajoy del liderazgo del Partido Popular. La dirección del PP ha preferido evitar una renuncia inmediata y esperar el resultado de la próxima asamblea partidaria de junio. Una de las candidatas firmes a sucederlo es Esperanza Aguirre, la presidente de la Comunidad de Madrid. En este caso, continuará la estrategia de la crispación, es decir la línea de confrontación dura y áspera contra el Gobierno socialista.
Rodríguez Zapatero no tendrá dificultades para conformar ahora la mayoría necesaria para gobernar. Tiene distintas opciones a su alcance, tanto haciendo alianzas puntuales como alcanzando con los partidos minoritarios acuerdos más estables. En ese aspecto el panorama político se presenta calmo y no dará lugar a sobresaltos en los próximos cuatro años de legislatura.
Los problemas pueden venir desde la economía. Zapatero deberá ahora enfrentar las consecuencias de la desaceleración económica. España creció mucho en los últimos años debido a la locomotora de la industria de la construcción. La reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios debido a la incorporación al euro (con tasas del 4 % anual) estimuló la masiva demanda de viviendas. Pero ese ciclo finalizó por la sobreoferta de viviendas residenciales y las actuales restricciones crediticias como consecuencia del estallido de la burbuja financiera norteamericana.
Ahora la tasa de desempleo en España se ha incrementado sensiblemente por la expulsión de obreros de la construcción. Una gran mayoría forman parte de los más de 4 millones de inmigrantes que acogió en los últimos años. Esto puede dar lugar a un aumento de los argumentos xenófobos agitados impúdicamente por el Partido Popular en la reciente campaña electoral- y a mayores restricciones del tránsito de viajeros como lo prueba el conflicto que se ha suscitado con Brasil por la expulsión injustificada de turistas.
En cuanto a las relaciones de España con Argentina, seguirán fluidas y sin mayores contratiempos. Existe empatía entre el Gobierno del PSOE y Cristina Fernández de Kirchner, bien cultivadas por el embajador Carlos Bettini, un viejo amigo de Felipe González. La derrota del Partido Popular elimina el riesgo de ascenso al Ministerio de Economía español de Manuel Pizarro -el candidato estrella de Rajoy- un enemigo acérrimo del presidente de Repsol, Antonio Brufau. El generoso acuerdo de venta del 14,9 % del paquete de acciones de YPF al el Grupo Petersen queda, por el momento, a salvo de tsunamis políticos. Por las dudas, las partes afectadas habían tomado la precaución de firmarlo pocos días antes de la cita electoral.