
No obstante, el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ha organizado una serie de charlas con la que pretende dar la batalla final al neoliberalismo. La expresión grandilocuente no encuentra correlato con las movidas palaciegas que parecen inclinar el tablero urtubeysta hacia las fronteras ideológicas cuyo desprecio pregona.
Cualquier desprevenido podría pensar que Roberto Juárez Campos no ha notado la gravitación en las actuales políticas económicas del mismo grupo que enarboló las teorías de los economistas liberales en la década del ´90; gestó un bochornoso proceso de privatización de los servicios públicos a favor de empresas con sospechosos vínculos y diseñó un control virtual que ahora resulta insuficiente para torcer la inercia de la desinversión y la ineficiencia. Hace apenas dos semanas Urtubey ha ratificado la intención de dar continuidad a los contratos que vinculan al Estado Provincial con EDESA S.A. y Aguas de Salta S.A.
En el mismo orden de continuidades, se advierte a diario la presencia en la sede de gobierno de Fernando Yarade, quien con consentimiento expreso del gobernador parece imponer designios sobre el novato Carlos Parodi. El senador capitalino es el alfil de Jorge Brito, cuyo banco obtuvo el rol de agente financiero de la provincia en la etapa romerista. Desde la cartera de economía pergeñó la creación de sociedades estatales luego deficitarias, sostuvo la conveniencia de la tercerización de los servicios de salud y la torpe contratación de la custodia de los archivos provinciales. Su patrimonio personal parece evidenciar el impacto de esa carrera y se habría multiplicado a cifras millonarias.
Alfredo Alejandro Petrón es otro de los legisladores de consulta permanente del primer mandatario y su derrotero en la Coordinación General de Prensa y Difusión, en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta, SAETA y en la Intervención del IPSS no pueden sino calificarse como genuinamente liberales. El gobernador que acepta a este adherente legislativo hace caso omiso de antecedentes que exhuman un procesamiento por negociaciones incompatibles y denuncias que solicitaban que justifique un incremento patrimonial que todavía no se ha detenido.
El liberalismo económico solamente pudo consolidarse al compás de un resquebrajamiento del sistema republicano y la concentración de los poderes en la figura del gobernador. Así, el déficit social que legó el romerismo se encuentra estrechamente ligado a la crisis institucional provocada por el relajamiento moral de funcionarios que, en su mayoría, fueron ratificados en sus cargos o reubicados en la nueva estructura. El nepotismo aportó otra cuota de efectividad al proceso de deshonestidad intelectual que profundizó la brecha entre ricos y pobres.
Semejante panorama permite afirmar que ninguna lucha intestina se libra en pos de imponer el quiebre del modelo económico liberal que, con algunos matices, ha ratificado Urtubey. Tampoco habita el gabinete ningún idealista que esté dispuesto a renunciar a su espacio ministerial en pos de hacer valer principios o el pensamiento progresista. En realidad, tras la inauguración de secuencias torpes y designaciones acomodaticias cuestionables, el drástico despido de una ministro ha puesto a sus colegas con las barbas en remojo y arrancó de cuajo las pretensiones ideológicas de quienes practican el doble discurso.