Muchos salteños vieron en la candidatura del señor Juan Manuel Urtubey una esperanza de libertad, de transparencia y de mayor justicia. Imaginaron que, dentro del estrecho mapa político local, él era el mejor situado para llevar adelante un cambio de estilo, para consolidar las prácticas republicanas, para acabar con el arbitrismo y la arbitrariedad, para transformar las relaciones entre los asuntos del Estado y los negocios particulares.
Digamos, ante de proseguir, que ni los más ansiosos de ellos han dado por perdidas las esperanzas que depositaron en su día en el joven mandatario.
Sin embargo, recientes declaraciones de un alto funcionario han encendido las luces de alerta, en tanto bien pudieran constituir un ataque a la libertad de pensamiento.
No ha transcurrido el tiempo suficiente para que olvidemos que el régimen anterior se caracterizó, entre otras cosas, por su perseverante ataque a las libertades, por su desprecio a las ideas y a las instituciones, y por haber puesto en marcha una aceitada maquinaria para disciplinar a los disidentes.
Subsidios, honores, favores, listas negras fueron algunas de las herramientas que durante doce años se volcaron contra las libertades, en nombre de una política reaccionaria e impropia de un régimen democrático.
Las libertades, como es sabido, son un incómodo acompañante para quienes se proponen controlar una sociedad determinada con independencia de su etiqueta ideológica. La libertad ha sido históricamente amenazada y conculcada por regímenes hegemónicos de izquierda y de derecha, por progresistas y por conservadores.
Existen, sin duda, diferencias de método y matices. Pero es preciso reconocer que hieren o matan a la libertad tanto aquellos que mandan quemar libros subversivos como aquellos que prohíben libros de derecha; aquellos que obligan a los estudiantes a leer panegíricos al tirano como aquellos que condicionan el acceso a los medios de comunicación en función de ideologías o de intereses. También aquellos que literalmente deciden amedrentar o asesinar al portador de ideas diferentes o contrarias al fanático que es capaz de destruir el mensaje y matar al mensajero.
La historia de Salta está plagada de ejemplos de este tipo de atentados.
Por eso nos ha parecido preciso protestar desde aquí contra recientes exhortaciones de un funcionario público a vencer con la fuerza del pensamiento.
En una democracia pluralista como la que, trabajosamente, aspiramos a consolidar en Salta, el pensamiento ha de aspirar a convencer y no a vencer a un pensamiento distinto o discrepante. Si quién piensa de una cierta manera se propone vencer a quién piensa diferente, anula cualquier posibilidad de diálogo y de debate constructivo.
El lenguaje militar a través del cual el mismo funcionario convoca a una batalla final (se trate de una batalla contra el liberalismo, contra el neo liberalismo o contra el socialismo) no hace sino poner de manifiesto una visión intolerante que aspira a reemplazar un pensamiento único por otros pensamiento igualmente único aunque de signo contrario.
No pretendemos sacar las cosas de quicio.
Queremos, simplemente puntualizar que no es prudente hacer la vista gorda frente a ciertas expresiones desafortunadas, más aún si son dichas en una conferencia dictada por un filósofo y no en un mitin callejero. Máxime cuando esas expresiones provienen de un alto funcionario público encargado de los asuntos de Justicia y rozan los derechos fundamentales.
Ha dejado de ser razonable pensarse Tocqueville y hablar como Robespierre.