Las recientes declaraciones del Dr. Juan Manuel Urtubey y su Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Dr. Roberto Juárez Campos- dejan en claro que no hay definiciones contundentes sobre lo que se pretende modificar y que es exagerada la expectativa que se depositará en una comisión plurisectorial en donde el consenso ha de producirse con lentitud y en relación a cuestiones genéricas, al margen de la calidad y prestigio de quienes la integren. Los cinco cargos del tribunal superior ya fueron cubiertos y de la manera más vergonzante y no se explicaron todavía los motivos que pudieran conducir a un incremento a siete ministros, a excepción de los que animaron a Carlos Saúl Menem a conformar una mayoría automática en la infame década del ´90. No obstante, no se advirtió por parte del nuevo mandatario el vigor necesario para repudiar actos que no pueden calificarse sino como un asalto institucional y, todavía, se desconoce cual será la postura que asumirá cuando deba contestar la demanda que en contra de los tres poderes del Estado interpuso el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta cuestionando el ingreso subrepticio del abogado Gustavo Adolfo Ferraris. El rechazo del pliego del Dr. Manuel Pecci para cubrir la Fiscalía de Estado ni siquiera mereció una queja y algunos denunciaron de que había sido consentido por el proponente. A la luz de estos antecedentes, la preocupación por modificar el proceso de selección luce tardía y sobreactuada.
No deben albergarse dudas de que bajo la excusa de la participación no pueden demorarse decisiones políticas que deben satisfacer urgencias institucionales notorias. Por lo pronto, abundar en la denuncia de la inveterada mora judicial y agotar la discusión en la periodicidad o estabilidad de los Ministros de la Corte de Justicia configuraría un grave error de apreciación política o, lo que es peor, el reconocimiento de que no existen más que buenas intenciones.
La judicialización de la cuestión social ha progresado hasta adquirir niveles alarmantes y sofoca a los tribunales provinciales. Las espasmódicas respuestas del gobierno anterior a reclamos legítimos y problemáticas álgidas se ha traducido, en algunas oportunidades, en severos yerros de política judicial. La ley de violencia judicial, puede mencionarse como uno de los ejemplos de la improvisación que contribuye al colapso. El proceso penal sumarísimo no ha mostrado aún las bondades que se pregonaron al momento de instaurarlo.
La creación de dos nuevos juzgados de familia en el distrito centro y de un tribunal de apelación en una circunscripción del norte, medidas heredadas de la gestión anterior, no pueden sino recepcionarse con beneplácito, aún cuando se advierten como notoriamente insuficientes respecto de un interior provincial profundo que, en la era de la globalización, todavía no cuenta con órganos judiciales cercanos y oportunos.
Es otra, entonces, la reforma estructural que debe encararse para otorgar mayor celeridad a los juicios. La ampliación del marco de procesos de solución alternativos y su tránsito obligatorio es una de las vías que deben transitarse, como también la compresión de las secuencias de procesos de menor cuantía, ante la inveterada propensión de los litigantes a postergar las decisiones que sopesan como adversas.
El Consejo Consultivo Judicial seguramente realizará aportes de relevancia, pero algunas cuestiones no admiten las dilaciones de la consulta ecuménica. Se hace imprescindible que, al margen de la necesaria apertura para el relevamiento y diagnóstico de la crisis, el responsable del área conforme el equipo técnico de excelencia que todavía no ha aparecido.
(*) Abogado del Foro salteño