Pero sucede que atrás de la propuesta está el bueno de Néstor y unos cuantos más, encumbrados en los poderes provincial y nacional desde hace lustros habiendo aprovechado los vicios y peores recursos de la politiquería argentina. Como, después de todo, la inocencia se presume y cualquiera tiene derecho a redimirse, concedamos que estén actuando de buena fe, sin reservas mentales y con ánimo superador. Pero no hablemos de reforma política -por eso el entrecomillado del título- sino de reforma electoral, que de eso se trata y posee un carácter más bien instrumental. En cambio la primera, por ser estructural, requiere un debate de naturaleza distinta, difícil en un país anómico y de ánimos tan exacerbados como la Argentina de hoy. Es posible que no se haya planteado desde esta cosmovisión porque asusta a la corporación política que mutatis mutandi gobierna en nación y provincias. A lo mejor el modo en que se implemente el subsidio de $ 180 de reciente concesión, sea una prueba reveladora de las verdaderas intenciones que impulsan la propuesta de reforma electoral en debate. Para ser lo más ecuánime posible, también es menester asumir que los partidos políticos hace rato han dilapidado su condición de intermediarios confiables para los ciudadanos; que se transformaron en meras maquinarias electorales cuando no en sociedades anónimas para pingües negocios, lo dijimos en campaña hasta el cansancio. Es imprescindible, entonces, devolverles el prestigio y seguridad legal para que recuperen su función de garantía democrática e instrumento de la voluntad popular, según lo exigen la Constitución Nacional (art. 38) y la Constitución de Salta (arts. 53 y 54). Asumo igualmente que la dirigencia política es la principal responsable de esta situación, por acción y omisión, atendiendo la escala de cada partido político, pues está claro que en Salta por caso- no tienen la misma posición de responsabilidad el MID que el PJ.
El proyecto de ley, como se sabe, propone básicamente elecciones primarias obligatorias y unos rigurosos porcentuales tanto para mantener la categoría, esto es la personería jurídico-política, como para seguir participando en las contiendas electorales por venir. Hoy el MID salteño, por ejemplo, desaparecería por no llegar al piso en cantidad de afiliados (de verdad somos atípicos: siempre buscamos más la adhesión que la afiliación aunque ahora me parezca un serio error táctico), pero estaría en carrera porque en la alianza con el ARI superamos el piso electoral pero no el piso para distribución de cargos. También es cierto que existe una cantidad exagerada de partidos y agrupaciones municipales, con personería política concedida por la justicia federal o provincial con competencia electoral, según el caso, cumplidos los requisitos legales pertinentes. Entonces, para producir una reforma radical en el sentido etimológico de la palabra- que garantice transparencia en funcionamiento y control de los partidos, es sustancial que los regímenes electorales prevean normas expresas que erradiquen de-fi-ni-ti-va-men-te el clientelismo político y los subterfugios ad usum para desviar o confundir al electorado, verdaderas lacras del sistema. ¿Cuáles?: planes trabajar, bolsones alimentarios, puestos públicos, aprietes para mantenerlos, retenciones salariales, uso indiscriminado de bienes del estado y de la publicidad oficial, etc. Por eso, siempre me dio curiosidad saber cuántos empleados públicos nacionales, provinciales o municipales están afiliados a partidos políticos, cuántos corresponden a cada fracción partidaria y desde cuándo. Me parece que nos llevaríamos varias sorpresas. (¿Hubo alguna vez auditoría respecto del dinero y mercancías que salen de la Cooperadora Asistencial cada vez que hay elecciones?).
¿Qué decir, por lo demás, de las componendas electorales variopintas, rayanas en la falta de ética política? En la última elección decíamos al electorado que se iba a encontrar en el cuarto oscuro con 21 boletas, 15 de las cuales respondían por derecha o por izquierda, por arriba o por abajo, por delante o por detrás, al todopoderoso Partido Justicialista: ley de lemas encubierta, listas re-colectoras o espejo, candidatos en varias categorías. Esa falsedad ideológica no se soluciona nada más que con un ajuste normativo de aspectos formales sino transformando la conducta-cultura política que supimos construir desde hace un cuarto de siglo con un esmero casi suicida. Hay sellos de goma que se exhuman cada dos años, mientras que partidos como el MID, DC, PS, PC, PH, por citar algunos de los 700, de largas trayectorias y perfiles muy bien definidos, hacen pininos para solventar campañas, mantener sus estructuras y hasta formar cuadros de dirigentes y militantes, tal como lo exigen la CN y la Ley nº 25.600.
Los dirigentes políticos no podemos menos que reconocer la comisión de gruesos errores y que la actividad política está desprestigiada; por ende cuanto se haga por re-prestigiarlos será poco y además tardará mucho en concretarse porque lamentablemente ya están cristalizados en la mala cultura que urge erradicar. He querido plantear estas reflexiones desde la óptica de un partido que se fue reduciendo en forma paulatina pese a haber sido el primero en organizarse en todos los distritos electorales del país (de allí la Lista nº 1), allá por 1983. Los años que han pasado desde entonces indican que algo o mucho- no lo hicimos bien y que tampoco supimos servir de reactivo social contra la partidocracia electoralista y sin propuestas de mediano y largo plazos. Para un partido con una identidad doctrinaria tan fuertemente arraigada en el pensamiento de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, no nos debiera costar ganar prosélitos sobre todo considerando que en el país hay más desarrollistas que midistas. Claro que no va a ser fácil, porque eso depende de muchos factores pero primordialmente de la militancia. Pero esa es otra historia.