
A este respecto, hoy son muy elocuentes dos entrevistas. Una la concede el ministro de Economía al diario La Nación, y otra el ministro de Trabajo al diario Página 12: se deducen muchas cosas de sus respuestas.
En primer lugar Amando Boudou señala: Es revolucionaria: no hay países que tengan medidas de este carácter universal; es un paso en la redistribución del ingreso y con amplio consenso.
Señor Boudou: viaje usted un poco más por el mundo. Hay decenas de países que tienen medidas similares, quiero decir iguales y bastante mejores. Sin ir más lejos España tiene un subsidio universal por hijo de 2.500 euros (a su nacimiento). Únale a esto la educación primaria universal y gratuita y el servicio nacional de salud pública universal y gratuito de por vida y saque las cuentas.
En segundo lugar tanto Boudou como Tomada se refieren al método que se ha elegido para financiar este subsidio.
El ministro de Economía dice así: No había escuchado de dónde iban a salir los fondos para financiar la medida, salvo una desacertada, que proponía gravar con el impuesto a la renta financiera, que en realidad existe y sólo tiene una exención para personas físicas. Cuando hicimos el cálculo, eliminarla daba una recaudación de $ 600 millones anuales, un monto menor frente a los $ 10.000 millones del plan. Con este esquema, no hay pérdidas porque la Anses ya pagaba asignaciones familiares, a partir del recurso de los trabajadores activos y de los impuestos recaudados por el Estado. A esto se suma el fondo de garantía de sustentabilidad (FGS).
El ministro de Trabajo dice: Es un mecanismo que no afecta formalmente a los recursos de los jubilados porque surge de la renta del Fondo y ni siquiera es toda. En estos momentos no era conveniente poner nuevos impuestos. Además, hay que remarcar la cantidad de recursos que libera en las provincias, ese es otro aspecto redistributivo regional. Las provincias ahora no tienen más que financiar los planes y es plata que les queda disponible para gastar.
A ambos conviene recordarles lo siguiente:
Sustituyese el artículo 5º del Decreto Nº 897/07 por el siguiente texto: "ARTICULO 5º.- Los recursos del FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS) pertenecen en forma exclusiva y excluyente al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) y son administrados por la ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) como patrimonio de afectación específica.
Es decir, el dinero del FGS (incluida la rentabilidad de lo invertido) pertenece y debe utilizarse sólo "por y para el sistema integrado provisional argentino": dicho más claramente: para las jubilaciones y su debida actualización, o para cubrir déficits (agujeros), que pudieran producirse.
Supongo que por eso el decreto por el que se ha lanzado la ayuda de 180 pesos tuvo que introducir una modificación tanto en la ley de Nacionalización de las AFJP como en la propia Ley Provisional. Algo así como ir diseñando leyes para más tarde hacerles trampa.
En tercer lugar rediseñando el sistema de aportaciones de las provincias al Gobierno Nacional y rediseñando lo que este les devuelve, - retornando a lo que establece la propia Constitución: el federalismo - las provincias no sólo no estarían en rojo, sino que tendrían plata suficiente para financiar, entre otras cosas, planes sociales para su gente. Hacer esto tiene un solo inconveniente: que mostraría públicamente el déficit que tiene el Estado Central y eso haría evidentes las falencias del sistema kirchnerista.
A Carlos Tomada se le pregunta también lo siguiente: ¿Por qué no recortaron subsidios u otras exenciones impositivas que benefician a sectores ricos para financiar el plan?" El ministro responde: El tema subsidios se viene trabajando; se intentó una modificación con carácter redistributivo y ahora se está llevando adelante una concientización entre los usuarios de servicios públicos para que comprendan el nivel de subsidios que reciben.
Con recursos escasos, limitados, con enormes desigualdades sociales y una cifra escandalosa de gente pobre o indigente, no se creo que se deba concientizar a los ricos sobre sus subsidios; simplemente creo se les deben retirar de inmediato y aplicarlos con urgencia y eficacia a la gente que realmente los necesita para cubrir sus necesidades más básicas. Quizás por eso falta plata: porque no se está usando allí dónde es realmente necesaria.
Y ahora viene en mi opinión la parte más peliaguda del asunto. En el diario Página 12 el Ministro de Trabajo es preguntado acerca de cómo hará la Anses para lograr identificar a los individuos que cobren por debajo del salario mínimo. Esta es su respuesta:
Es cierto que es difícil identificar cuánto cobra un trabajador informal, pero la idea de poner el salario mínimo como tope es dar una señal para que los sectores de ingresos por encima de un promedio razonable no vayan a pedir la asignación. Eso tenemos que terminar de definirlo durante el fin de semana con el ministro de Economía, Amado Boudou; la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el titular de la Anses, Diego Bossio.
Señores Bossio y Boudou: dar señales no es suficiente; además, ¿qué es y quien decide el "promedio razonable"? No pueden esperar en ningún caso, sobre todo dados los innumerables y oscuros antecedentes, que la gente no se acerque a pedir la asignación simplemente porque se les "dieron señales". ¿No se tiene ya suficiente experiencia con lo que pasa luego siempre?
Detrás de los anuncios "rimbombantes" están los sistemas que llevarán a la práctica dichos anuncios para solucionar los problemas de la gente. Sólo cuando se empiece a considerar mucho más importante diseñar buenos sistemas que logren solucionar esos problemas para siempre que apuntarse la medallita de anunciar cosas que no se han pensado como se debe, empezaremos a funcionar como la gente: o sea, correctamente.