Los allí presentes teníamos claro que los CES (nacidos en Europa con el afianzamiento del estado social de derecho a inicios del siglo XX) fueron impulsados a causa de la incompetencia o impotencia -por las razones que fuere- de los partidos políticos en su función de expresar y representar los intereses de la sociedad. Por las mismas razones, no me llama la atención la necesidad de sancionar la ley de creación del nuestro, a veintitrés años de introducida la figura en la reforma constitucional de 1986. En ese lapso más bien que los partidos acreditaron notable ineficacia para solucionar los graves problemas estructurales salteños. Desde entonces a la fecha no se puede negar que los partidos políticos en la Argentina se han debilitado, transformados en meras máquinas electorales cuyo control asegura los buenos negocios. La escasa estima pública hacia los políticos y sus partidos es una lamentable comprobación y nuestra provincia no escapa a la regla. Así las cosas, pareciera que el CES propondrá seriedad e idoneidad a la hora de elaborar sus planes, con un adicional inestimable: garantía de una transparencia que hoy los partidos no pueden exhibir. Lo asumo como hombre de partido, que brega por el mejoramiento y crecimiento del suyo, para re-ocupar el papel de intermediación que las constituciones nacional y provincial asignan a nuestras agrupaciones. Tal vez este contexto hizo flotar anteanoche en la sede de los Ingenieros un cierto hálito de desconfianza. Si no creemos en los partidos, ¿por qué vamos a creer en un instrumento cuyo nacimiento se postergó porque en el fondo ciertos intereses no lo quieren? Uno de los asistentes, con mucha perspicacia, refirió a la crisis de representatividad y su sucedáneo, la crisis de participación ciudadana, que se halla en la base de este problema; de allí la necesidad de promover nuevos mecanismos para movilizar a la sociedad. Otro expresó su temor de que el Consejo se transforme en un club de lobbystas, riesgo ciertamente presente. Las aprensiones y objeciones estaban referidas no solo al proyecto remitido sino al maltrato que le puedan dar legisladores que ven en él una competencia. Por eso los asistentes coincidimos en la necesidad de su real independencia del Poder Ejecutivo, y que los fondos que le asigne el presupuesto anual se correspondan con la importancia de su tarea.
En lo que a mí respecta, cuando me tocó opinar, expresé mi conformidad por que de una vez por todas este órgano constitucional sea puesto en funcionamiento. Por cierto que, con el nuevo escenario planteado después del 28 de junio, no vamos a largar en las mejores condiciones ni con la ley más perfecta: haremos camino al andar. En tal sentido, la experiencia universal -a la cual Dávalos se refirió con acabada síntesis- lo indica claramente. Para los salteños, el CES significará un cambio en la cultura cívica y las instituciones llamadas a enviar representantes tendrán que elegir sus mejores cuadros, para cumplir el elevado objetivo de planificación estratégica establecido en el art. 77 de la Constitución de Salta. Todavía hay tiempo para debatir el proyecto, introducirle las enmiendas necesarias o aclarar aspectos, por ejemplo, cómo estará representada la sociedad civil del interior provincial o una readecuación de los mencionados en el art. 4 (¿¿las comunidades aborígenes??). ¡Empecemos de una vez!