Para la navidad de 1975, los militares tenían diseñado el plan de exterminio y bajo su mando operativo a las fuerzas policiales provinciales. A diferencia de las anteriores dictaduras, ya habían decidido que no blanquearían a los detenidos políticos y que los mismos serían ejecutados en la clandestinidad y luego sepultados en fosas comunes, arrojados al mar, quemados o dinamitados. También, contemplaron la represalia para con los atentados terroristas de ultraizquierda. Tal vez en estos espasmos violentos mostraron su cara más feroz, y Salta los padecería en el invierno próximo cuando a habían tomado la suma del poder público. En el marco de hostilidades programadas desde la clandestinidad por Montoneros, el 2 de Julio explotó una bomba en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal provocando 18 Muertos y 66 heridos. Una concepción militarista de la política los llevaba a conmover a las fuerzas armadas con atentados para quebrar el silencio informativo de los medios adictos al régimen. La reacción de las juntas se diversificaría y, mientras se reformó de inmediato el Código Penal instaurando la pena de muerte por fusilamiento que nunca se animaron a aplicar-, los comandos nocturnos que desaparecían a sus víctimas responderían, esta vez, casi con idénticos términos.
En siete días se registraron 95 muertos en todo el país. Entre el 1 al 4 de Julio abatieron en cuatro procedimientos a siete personas en Córdoba y Tucumán. El 2 aparecía el cadáver del radical Angel Gerardo Pissarello en la ciudad de Santiago del Estero. El 4, el Grupo de Tareas 3.3.2 que actuaba bajo las órdenes de Emilio Eduardo Massera asesinaría en la Parroquia de San Patricio de Buenos Aires a tres curas palotinos y dos seminaristas. Las paredes del lugar fueron pintadas con leyendas que dejaban en claro que se trataba de una venganza por el ataque a la Policía Federal.
Entre la noche del 5 y la madrugada del 6, en el paraje Palomitas fueron acribillados Pablo Eliseo Outes, José Victor Povolo, Leonardo Benjamín Avila y su esposa Raquel Celia Leonard de Avila, María del Carmen Alonso de Fernández, Rodolfo Pedro Usinger con su esposa María Amarú Luque y Roberto Luis Oglietti. Evangelina Botta de Nicolay y Georgina Graciela Droz habrían sido dinamitadas dentro de un automóvil. Los genocidas también asesinaron al abogado jujeño José Dumbo Turk Llapur.
El mensaje se dirigía no solamente a Montoneros sino a todas las expresiones guerrilleras. Aún cuando algunas víctimas plantean el azar como criterio de selección el quinteo- lo cierto es que la inteligencia militar eligió cuidadosamente las víctimas. Ubaldo Bujovich Villa y Juan Carlos Jones Tamayo eran oficiales que visitaban asiduamente a los presos políticos en el penal de Villa Las Rosas y elevaban informes al Teniente Coronel Osvaldo Mario Baudini y al capitán Rodolfo Aguilar Zapata, quienes mandaban en el Batallón de Inteligencia 143, con base en Salta.
Los estudios de inteligencia los caracterizaban como integrantes de agrupamientos ilegales y les adjudicaban participación en operaciones militares. También habían resultado peligrosos para el gobierno peronista isabelino que los persiguió y encarceló un año antes del fusilamiento. Los legajos que terminarían condenándolos, en no pocas oportunidades se confeccionaron con intervención de fundamentalistas, paranoicos y hasta extorsionadores como el ex jefe de la delegación salteña de la Policía Federal, Ernesto Federico Livy.
Sabransky, Usinger, Luque y Droz militaban en Montoneros. El primero era médico y fue detenido el 17 de Febrero de 1975 [1]. Junto a Héctor Guillermo Soria y Néstor Sergio Medina estaba acusado de planificar atentados contra el Interventor Alejandro Mosquera, el interventor del PJ Oscar Valdéz y el Intendente de Salta Juan Carlos Márquez Sosa.
El ingeniero electrónico Rodolfo Pedro Usinger cayó preso el 5 de Marzo del mismo año y la versión oficial le adjudicó el intento de secuestro de Luis María Patrón Costas, ex capitán de Inteligencia del Ejército e hijo del conservador Robustiano Patrón Costas. Con él cayeron Graciela Matilde López de Medina y Raúl del Valle Pérez Hansen.
La policía y el ejército los vinculaba con Georgina Droz que había sido cesanteada el 24 de diciembre de 1974 de la Universidad Nacional de Salta. En los primeros días de Abril esta docente fue detenida en Tucumán, con el dirigente nacional montonero Roberto Rufino Pirles en un depósito con ametralladoras, pistolas calibre 11.25, carabinas automáticas y revólveres. Estuvo presa primero en la Policía Federal en donde fue torturada[2], luego en el Buen Pastor y finalmente en Villa Las Rosas.
María Amarú Luque fue detenida en el Hotel Provincial junto a Alicia Fernández Lowel, esposa del diputado nacional Guillermo Arrué, a quien buscaron en Corrientes. Días antes habían atentado contra el Ingenio Ledesma y durante la huida asesinaron al comisario Hugo Salomón Guerra y al oficial principal Herminio Francisco Alvarez en un enfrentamiento en el paraje jujeño El Quemado. Las torturas a las que fueron sometidas determinarían la muerte de Ramón Antonio Díaz y René Esteban Locascio que caerían el 19 de Abril bajo las balas de la policía en una vivienda de Villa San Lorenzo. Esa mañana, la represalia había cobrado las vidas de José Alfredo Mattioli, los hermanos Estopiñan y Ricardo Tapia, todos militantes del Frente Revolucionario Peronista que no habían participado del ataque en Ledesma.
Oglietti, Botta de Nicolay, José Povolo, Alonso de Fernández, Avila y Leonard estaban enrolados en el ERP y padecerían el cautiverio desde fines de Junio. Se les atribuía desde el reparto de panfletos hasta el atentado contra Mosquera, la colocación de una bomba contra un vehículo policial y la tenencia de una pistola calibre 45 y 10.000 proyectiles de FAL.
Botta era psicóloga y se había llegado a la provincia desde Santa Fe. Con el tiempo la vincularían con una casa de la calle Juan Martín Leguizamón nº 2.026 comprada por Norma Soledad Spaltro con fondos del ERP y en la que la Policía Federal encontró en 1991 un arsenal subterráneo. Los medios periodísticos informaban sin mayor rigor investigativo que era comisario político de Montoneros. Su esposo Francisco Antonio Nicolay había sido adiestrado militarmente en Cuba y estuvo prófugo hasta que el 1 de Junio fue secuestrado en una reunión del PRT realizada en Ledesma (Jujuy). Los militares se ensañarían aplicándole cuatro sesiones diarias de tortura que incluían picana eléctrica en los genitales, golpes por todo el cuerpo, arrancamiento del cuero cabelludo y amenazas a sus hijos.
La venganza también devoró a Roberto Oglietti, que integraba el Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales y vivía en una residencia estudiantil con Eduardo Tagliaferro. Menos de un mes antes había designado como defensor al radical Angel Pissarello.
Povolo, era comerciante independiente, tenía 28 años y a pesar de su militancia erpia estaba sindicado como comandante militar e instructor de tiro en Montoneros. Alonso era arquitecta y concentraba el odio militar por ser sobrina del desaparecido ex gobernador Miguel Ragone y su amistad con Mario Roberto Santucho.
Avila contaba con 36 años y era vendedor. La inteligencia del ejército le imputaba traslado de información y armamento a Manchalá durante el ataque guerrillero ejecutado el 29 de Mayo de 1.975. Su esposa Celia Leonard era maestra.
María Elena Mateo y el abogado Jorge Turk Llapur habían participado de charlas y reuniones del PRT y ella era amiga de los hermanos Arabel, asesinados en Ranelagh la semana anterior al golpe. Se habían casado el 15 de Noviembre de 1974. El viernes 28 de Mayo del ´76 personal uniformado le dejó una citación a Dumbo en su estudio jurídico por lo que se presentó a la Policía de la Provincia de Jujuy y quedó detenido. El 1 de junio de 1976 fue trasladado al Servicio Penitenciario, día en el que también ingresó Dominga Alvarez de Scurta. Ambos figuran como supuestamente liberados el 10.
Pablo Eliseo Outes sería el último que ingresaría a Villa Las Rosas tras un corto exilio en Venezuela. De regreso, el 2 de Noviembre de 1975 se presentó detenido ante la Policía Federal a las 2,30 de la madrugada en compañía de Ricardo Lona. En 1962 había repudiado la visita de Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Había alcanzado una banca de diputado por el radicalismo y luego emigró al FRP. Vinculado al robo de una tonelada de explosivos de la empresa Minetti a mediados de los sesenta, fue detenido antes de la intervención federal de Salta de 1974 acusado de planear un atentado contra el Ministro de Educación Ivanissevich, copar la guarnición militar y organizar un rescate de los detenidos. Días antes había recibido en el aeropuerto El Aybal los restos de Hugo Aníbal Puggioni (FRP), asesinado en septiembre en Buenos Aires por la Triple A.
Los once fueron dispuestos para un traslado a la ciudad de Córdoba por orden de Luciano Benjamín Menéndez, que fue ejecutada por Carlos Alberto Mulhall y contó con el conocimiento e intervención del Tte. Cnel. Miguel Raúl Gentil, de los Mayores Joaquín Cornejo Alemán, Héctor Ríos Ereñú y Juan Carlos Grande y del Capitán Hugo César Espeche, a cargo de la logística.
El operativo contaría con la participación de la policía provincial que apoyó la acción del robo de los vehículos que luego aparecieron incendiados y balaceados en la escena. También tendrían la colaboración de personal penitenciario a cargo de Braulio Pérez que obscurecería el penal y permitiría el despliegue de militares sin insignias que los cargaron en un camión.
Al llegar al paraje Palomitas los reclusos fueron obligados a descender del camión en que viajaban. Puestos en hilera frente a los alambrados de una finca que da a la ruta fueron ejecutados. El cadáver de Avila muestra un disparo en el mentón y tres en la nuca. A Outes le dispararon con una Itaka en el pecho a menos de un metro y medio de distancia, lo que impidió que las municiones se desperdigaran. La saña los animó a vaciar los cargadores de sus armas sobre el cuerpo de todas las víctimas. Otro intentó fugarse, pero las balas fueron más veloces. Georgina Droz y Evangelina Botta habrían sido separadas del resto y luego dinamitadas en el interior del Torino secuestrado al contador Héctor Mendilaharzu.
Los militares iniciarían de inmediato la torpe secuencia distorsiva que comprendió el reparto de cadáveres en Pampa Vieja y Tucumán, el robo de otro auto en General Güemes y la limpieza del lugar. Los policías recogerían en una bolsa de arpillera más de 200 cápsulas servidas de 9mm y FAL que permanecería en la comisaría por varios días.
Improvisarían pasadas las 22, cuando un comando de tres personas con armas cortas le robó el taxi a Antulio Blanquez para luego simular otro enfrentamiento en la localidad de Pampa Vieja (Jujuy). Los cuerpos del matrimonio Usinger, de Oglietti y Dominga Alvarez de Scurta finalmente serían hallados en Yala. Los restos del matrimonio Avila y Sabransky fueron colocados dentro de los automóviles y los de Outes, Povolo y María del Carmen Alonso aparecieron en la Provincia de Tucumán, fraguándose un enfrentamiento en el paraje Ticucho.
La respuesta desmesurada del ejército tendría continuidad inusitada. La noche del 12 de Julio el estampido de armas de fuego despertó a los vecinos de Metán. Alrededor de las cuatro, en el centro de la plaza principal se halló el cadáver del ex diputado y profesor Luis Eduardo Risso Patrón, con los ojos vendados y 47 impactos de bala. Repitiendo el modus operandi, cuatro personas desconocidas asaltaron momentos después a dos automovilistas en la ruta 9 apoderándose de sus vehículos.
La información militar daba cuenta que militaba en el ERP y que el 30 de diciembre de 1974 había reunido en su finca a todas las organizaciones subversivas del país para ocupar Famaillá, Lules y Acheral, distraer a las fuerzas de seguridad del Ejército y desguarnecer el Regimiento de Infantería 19, el Departamento Central de Policía y la Cárcel Penitenciaria. Se especulaba con que buscaban la liberación de detenidos pertenecientes al ERP, FAR y Montoneros y el ajusticiamiento de altos oficiales del ejército que fueran vistos en los procedimientos antisubversivos. Ninguno de estos datos pudieron corroborarse.
Los cuerpos fueron entregados en operativos desplegados en los cementerios locales que les negaron a los familiares la posibilidad de acercarse y certificar la identidad de los cadáveres. En estos episodios bastardos sobresalía Ricardo Benjamín Isidro De la Vega, uno de los oficiales que en 1.971 había recibido entrenamiento en contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá para adoctrinar a los oficiales latinoamericanos, pero financiada por los Estados Unidos.
El 29 de Julio de 1976, sintomáticamente, fueron confirmados en sus cargos Ricardo Lona, Vicente Massafra y José Javier Cornejo. Quizás un premio por la colaboración prestada en los ámbitos judiciales respecto de crímenes aberrantes.
Las masacres se reproducirían en otros lugares. El 20 de agosto de 1.976 un grupo militar ejecutaría en Pilar (Bs.As.) a 30 presos que se encontraban alojados en la Superintendencia de la Policía Federal. Cerca de las 4 de la mañana procedieron a maniatarlos y vendarles los ojos para luego dispararles en la cabeza. Luego los amontonarían y los dinamitarían esparciendo sus restos en un radio de aproximadamente cien metros.
El 17 de octubre de 1976, siete detenidos fueron trasladados de la ochava de San Lorenzo y Dorrego hasta un conetón de 20 metros existente en Los Surgentes, en la provincia de Córdoba. Fueron bajados de los vehículos militares y luego fusilados. Los verdugos dejaron desperdigadas las cápsulas servidas que luego se llevarían algunos niños de recuerdo. Los cadáveres fueron transportados al Hospital San Roque y luego se enterraron en una fosa común en el cementerio de San Vicente de la capital.
El 13 de diciembre de ese año se aplicó nuevamente la Ley de Fuga y en tránsito desde la ciudad de Resistencia hasta Formosa, en Margarita Belén sobre la Ruta 11, fueron asesinados veintidós jóvenes que en su mayoría militaban en Montoneros y se encontraban detenidos en la cárcel chaqueña de Villa Libertad. Llevaban meses de aislamiento y algunos de ellos habían participado el 5 de Octubre de 1.975 en el ataque al Regimiento 29 de Formosa.
Estos antecedentes permiten afirmar que la justicia federal no ha logrado reconstruir el mapa represivo en la provincia, restringiendo el reproche sobre la virtualidad del dominio que tenían cada uno de los jefes militares. No se detectaron a los ejecutores materiales ni se atravesó el blindaje militar hasta comprometer a los oficiales de inteligencia. Precisamente ellos, que sistematizaron la persecución ideológica; estudiaron el derrotero de los militantes revolucionarios y escarbaron en la intimidad de la sociedad toda; planificaron cada secuestro o asesinato e intervinieron en la extracción de información mediante la tortura; no se encuentran imputados en esta causa ni fueron responsabilizados por otros crímenes aberrantes.
[1] Según El Tribuno del 31 de Julio de 2.003 Sabransky militaba en el PRT. La información era errónea aunque parte de fuentes policiales.
[2] Según el testimonio e Graciela López de Medina le habían dado tanto a la picana que traía su cabello electrizado y no podía caminar (Juicio de la Verdad).