Pero para juez, lo que se dice juez, nunca ha habido candidaturas firmes, ni personas que anduvieran pregonando sus virtudes salomónicas o su versación jurídica para ponerlas al servicio de sus conciudadanos o del supremo valor de la Justicia. Ser juez, por lo menos entre nosotros, era siempre una "consecuencia natural" del orden de las cosas, bien por razones de cuna, bien por la capacidad de algunos de estar en el lugar adecuado, en el momento indicado.
La saludable aparición y buen funcionamiento de los consejos de la magistratura introdujeron, si acaso, una mayor publicidad a las designaciones, pero no han conseguido acabar con ciertas prácticas clientelares que heredamos desde los lejanos tiempos de la Audiencia de Charcas.
Durante mucho tiempo la distinción entre democracia y dictadura fue indiferente para el mundo judicial. Cuando los militares tomaban el poder no tenían más remedio que aniquilar la representación popular (congresos, asambleas, cámaras, concejos municipales) pero solían dejar los jueces en su sitio (1).
Y viceversa. Muchos jueces designados por las dictaduras militares -especialmente la última- fueron luego "ratificados" por procedimientos democráticos, sin que a ellos les fuera atribuible la condición de "leprosos" que tuvieron y tienen (en muchos casos, justamente) los antiguos funcionarios del "Proceso".
En Salta no nos hemos librado de esta particular herencia del proceso: Un juez que nunca ocultó sus simpatías por los militares y que decidía con la misma impunidad que éstos sobre la vida y la hacienda de los salteños, tuvo la fortuna de atravesar el "arco purificador" del acuerdo senatorial y se reconvirtió a la democracia con el objeto de determinar la vida de los partidos políticos y decidir sus elecciones internas, con la misma ecuanimidad con que, años antes, decidía quién debía vivir y quién no.
El juez Cornejo y el 'proceso participativo'
Pero el reciente Decreto 617/08 del gobernador Urtubey ha modificado parcialmente este estado de cosas al instituir, si bien de forma oficiosa, la "candidatura a juez" bajo la fachada de un mecanismo denominado -inteligentemente- "proceso participativo".
La posterior formalización de la candidatura del hasta hoy juez federal Abel Cornejo para ocupar un sitial en la Corte de Justicia de Salta y la apertura del correspondiente "proceso participativo" nos ha proporcionado la medida de la dureza del oficio del "candidato a juez".
Es probable, y hasta deseable, que Abel Cornejo ocupe aquel espacio, no ya como una simple "consecuencia natural" del orden de las cosas ni como emanación de su don de ubicuidad, sino como resultado de un escrutinio abierto y riguroso, no reservado a especialistas, sino efectuado por toda la sociedad.
No caben dudas de que Cornejo ha superado la prueba; no sólo por la escasa entidad de las impugnaciones, sino por su decisión de seguir en carrera a pesar de ellas, sin apenas pestañar. En favor de Cornejo debe decirse que su sumisión al procedimiento establecido y la aceptación de todas sus consecuencias, es mucho más que un gesto democrático, teniendo en cuenta que los jueces no están demasiado acostumbrados a recibir las descalificaciones y los insultos a los que, en cambio, están bien habituados los que luchan por una magistratura electiva en cualquier otro poder del Estado.
Si Cornejo, o cualquier otro, supera la prueba, el problema ya no será la dura condición de "candidato a juez" sino ese plus de legitimidad que el nuevo magistrado de la Corte tendrá frente a aquellos colegas suyos que fueron designados en menos de veinticuatro horas, con nocturnidad y escaso respeto por las formas y los sentimientos democráticos.
De lo que nos hemos salvado los salteños es que, a pesar de la formal institución de la "candidatura a juez", no ha habido una "campaña" en sentido estricto y el juez Cornejo no ha empapelado la ciudad con afiches suyos ofreciéndose al electorado como "El Juez de Urtubey".
Seguramente, en sus papeles oficiales y en los actos a los que acuda, el futuro juez de la Corte no se presentará -como lo hace el intendente- calificando su cargo como "Judicatura Cornejo".
Y ahora nos preguntamos por qué un diputado puede considerarse "diputado de Romero" y una gestión municipal puede llamarse "Intendencia Isa", si al igual que el juez, tanto el diputado como el intendente son esclavos de la Constitución y de las leyes, en idéntica medida, y, por tanto, simples y transitorios mandatarios de la totalidad del conjunto social.
(1) Si bien en Salta los jueces inferiores disfrutaron de esta suerte de estabilidad "de facto", las dictaduras se apresuraban a reemplazar a los jueces de la Corte.