El largo ciclo de la Argentina pobre y dividida
5. Los inicios de este dilatado ciclo de crisis, pobreza y fragmentación territorial, bien podrían situarse en 1930, momento en el que coinciden el colapso de un modelo de inserción de la Argentina productora de alimentos en el estrecho mundo de entonces, y el primer golpe militar que desplaza a los poderes constitucionales.Una crisis económica, social y política tan profunda no podía sino perpetuar desencuentros que, tanto en la Argentina como en el ámbito mas reducido de Salta, nos impidieron construir un proyecto ilusionante de vida en común.
Nuestra trayectoria institucional fue, desde entonces, errática; tanto, como las convicciones democráticas y republicanas de amplios sectores de opinión. Partidos políticos, sindicatos, fuerzas armadas, corporaciones y ciertos pensadores fueron (fuimos) víctimas de estas recurrentes crisis de fe democrática.
Nuestras pujas distributivas (territoriales y sociales) alcanzaron dimensiones homéricas (5). Y nuestro pensamiento político, así como muchas de nuestras construcciones teóricas y casi todas nuestras soluciones técnicas se acostumbraron a razonar de acuerdo a los condicionamientos propios de comunidades condenadas a malvivir entre carencias culturales y materiales.
Ni Salta (6) ni la Argentina escaparon a esta penosa dinámica, pese a los sueños de grandeza que albergaba la mayoría de sus habitantes y que proclamaron enfáticos líderes oportunistas.
Los dos grandes partidos políticos tradicionales fueron (lo son hasta hoy (7)), víctimas de aquella suerte de determinismo de los recursos escasos y de los bajos precios de nuestra producción competitiva que condicionó sus idearios, sus programas y la formación de sus líderes y adherentes.
6. Son, precisamente, esas rutinas mentales y esos hábitos políticos los que están impidiéndonos comprender los profundos cambios que han ocurrido en el mundo y el impacto de los mismos sobre la Argentina y los argentinos y, como no, sobre Salta y los salteños.
Si bien son ya muchos los que se han formado una idea acabada de las oportunidades y desafíos implícitos en el nuevo escenario global (8), la claridad no ha descendido sobre la fuerza política que triunfó en las pasadas elecciones de 2007.
Es esta suerte de asimetría conceptual la que, unida al talante autocrático de la actual mayoría que controla los poderes del Estado nacional, impide el desarrollo de un diálogo constructivo entre las partes enfrentadas a propósito de los impuestos a las exportaciones agrícolas (retenciones).
Una radicalización de posturas que oscurece el debate
7. La cerrazón del Gobierno nacional y su propensión a ver en este conflicto solamente un desafío a su autoridad y, por extensión, a las instituciones del Estado democrático, han provocado una peligrosa polarización de las posiciones, que está forzando a los ciudadanos a tomar partido por el Gobierno o por el campo.
Se trata de una situación que no cabe sino lamentar. En primer lugar por las consecuencias que acarrea sobre la convivencia cotidiana y sobre el inmediato presente y el futuro de la Argentina. Y, en segundo lugar, porque aquella polarización nos condena a no distinguir lo distinto, a simplificar la realidad, a ignorar datos relevantes.
Por lo que se refiere a las derivaciones políticas que este conflicto tiene sobre Salta, hay que decir que los estrechos vínculos de la actual mayoría electoral salteña con el Gobierno central, pueden llegar (de no producirse un urgente giro autonomista) a dificultar la construcción de un diagnóstico pegado a los intereses locales y a las oportunidades que el nuevo mundo ofrece a Salta.
8. Para avanzar en el desarrollo de esta nota, esbozaré mi particular visión de los términos del actual conflicto, tratando se sacar a luz elementos que, bien por operaciones de imagen, o bien por especulaciones políticas, algunas de las partes intentan minimizar.
Es cierto que las retenciones (vale decir, los recursos que -para las arcas del Tesoro nacional- generan los impuestos a las exportaciones), son vitales para un Gobierno nacional, acosado por compromisos de gastos corrientes, de subsidios y de pagos de la deuda pública. Pero es igualmente cierto que son vitales también para sostener un esquema político centralista, unitario, vertical y con una acentuada vocación hegemónica.
Si bien el Gobierno de la Nación (y otras instancias gubernamentales locales) mantiene una abultada deuda social que se traduce en deficientes servicios de salud y educación y en elevados índices de pobreza e indigencia, la tardía invocación de esta deuda social como argumento legitimador de las retenciones no es sino un recurso dialéctico mas destinado a reforzar las certezas de los convencidos que apoyan al Gobierno presidido por doña Cristina Fernández de Kirchner.
Tienen igualmente razón quienes sostienen que, en ausencia de un sistema regulatorio adecuado, los precios internos y las cantidades y variedades disponibles de alimentos evolucionarían en perjuicio de quienes viven de rentas fijas y de los menos pudientes.
La necesidad de un nuevo marco regulatorio agropecuario y fiscal
A partir de ambas constataciones (que las organizaciones representativas de los agricultores no cuestionan), se abre un amplio abanico de posibilidades regulatorias que van desde el confiscatorio esquema actual, a su inmediato precedente ("retenciones" fijas de alrededor de un 30%), pasando por la eliminación de las retenciones y su remisión al impuesto a las ganancias.
Constituye una decisión política regulatoria cargada de sofisticados componentes técnicos determinar cual sea el punto exacto que garantice un adecuado equilibrio entre, de un lado, la rentabilidad del campo y las necesidades de inversión agropecuaria y, de otro, la moderación de los precios internos, el abastecimiento suficiente de productos alimentarios y el impulso de la producción nacional de biocombustibles. Una decisión que, además, sólo será eficaz si constituye un régimen impositivo federal, solidario y equitativo.
Todo parece indicar que, mas allá de la inexistencia de una voluntad política adecuada, ni el Estado argentino ni la Provincia de Salta cuentan con la cantidad y calidad de expertos independientes capaces de diseñar el marco regulatorio que articule el interés general con los intereses sectoriales, las competencias de la nación con las de las provincias y, en su caso, y facilite el diálogo social y político impresindible para crear las nuevas reglas sobre este punto (9).
En el caso de Salta, esta carencia de visión política y de expertos que, bueno es reconocerlo, dista de ser absoluta puede ejemplificarse con el tema de la futura Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Mientras los líderes políticos y los mas acreditados economistas de Córdoba han adelantado propuestas que sintonizan perfectamente con lo intereses de esta Región del centro del país, el Gobierno y los expertos de Salta guardan un negativo silencio.
Por lo que se refiere al Gobierno KIRCHNER, hay evidencias que lo muestran lastrado por tres factores: a) El relativo desorden de las cuentas públicas; b) Su estrategia de poder centrada en el clientelismo y en la vocación hegemónica; y c) La errónea creencia (expuesta por la señora Presidente inmediatamente después de su viaje a la Asamblea de la FAO en Roma) de que el mundo afronta un problema de distribución de alimentos y no un problema de cantidad de alimentos disponibles.
Quisiera detenerme sobre este último punto.
Y comenzar reiterando que son la irrupción de nuevos consumidores -fundamentalmente asiáticos- que abandonan la indigencia y elevan la calidad de su dieta, así como las medidas que promocionan la producción de biocombustibles, los factores que están incrementando de, forma persistente, los precios de los productos agrícolas y, simultáneamente, agotando las reservas y provocando verdaderos terremotos en los mercados de alimentos.
Cuando el actual Gobierno nacional da por cierto que el mundo se enfrenta a un problema de distribución de alimentos y que son estas dificultades distributivas las que explican la incapacidad de las naciones para erradicar la pobreza, se revela como ignorante de la situación alimentaria global y de la mas que probable evolución de los mercados agropecuarios internacionales.
En realidad, los expertos internacionales más solventes y progresistas explican que el mundo afronta un problema cuya solución exige ampliar sensible y urgentemente las cantidades de alimentos que se producen en el planeta. Y que para ello es preciso una tercera revolución verde que únicamente vendrá de la mano de fuertes inversiones en investigación, desarrollo y nuevas tecnologías
Es ese diagnóstico equivocado, sumado a su afán centralista y a su escaso respeto por el pluralismo democrático, el que lleva al Gobierno a gravar fuertemente las exportaciones de origen agropecuario, con el argumento de que con ello protege a los pobres y a las clases medias de aumentos en los precios internos de los alimentos.
El segundo argumento oficial (con el producido de las retenciones construiremos hospitales, escuelas y caminos), no alcanza tampoco para ocultar que detrás de las retenciones hay un afán fiscalista, un designio hegemónico y unitario, la necesidad de aliviar la deuda pública y, si acaso y en un plano secundario, la de atender la deuda social.
Errores que serían abultados en paises industrializados, pero que adquieren dimensión de tragedia cuando se cometen en un país productor de alimentos.
(Continúa)
(5) La pobreza sin horizontes, las frustraciones de la clase media antiperonista, el mimetismo tercermundista y las dictaduras fueron los argumentos que, bueno es recordarlo, esgrimieron quienes, cegados por fanatismos y superficialidades ideológicas, sembraron terror y muerte en los años 70.
(6) El ambiente político salteño, salvo honrosas excepciones, padece de antiguas parálisis y se mueve alrededor de un discurso populista rudimentario, cargado de consignas y carente de ideas. Su vocación autárquica y su curioso enamoramiento de un mundo pasado, inexistente, agravan, si acaso, las severas restricciones que se constatan en el ámbito nacional.
(7) El Documento que el entonces Presidente Juan Domingo Perón presentara junto con su mensaje al Congreso de la Nación el 1 de mayo de 1974 (llamado por algunos Modelo argentino para el proyecto nacional), no alcanzó a remover pesados dogmas ideológicos que el peronismo había vulgarizado. Entre otras razones, porque fue ese mismo día cuando los montoneros, que a viva voz reclamaban asamblea popular, se vieron expulsados de la Plaza por un Presidente indignado. De la misma Plaza que, según la particular visión de otro Presidente indignado, los otrora imberbes expulsados y quienes se reclaman sus herederos, acaban de recuperar por las bravas.
(8) Ésta claridad ilumina a ciertos estudiosos bien conectados con el mundo y, desde luego, a los actores económicos directamente concernidos en los problemas de la producción.
(9) Algo de esto sucedió en los años 90 cuando el Gobierno, urgido por la crisis fiscal del Estado y por otros requerimientos en ocasiones dramáticos, encaró la privatización de empresas y servicios hasta entonces de titularidad pública, sin acertar (o haciéndolo parcialmente) a la hora de definir las condiciones de la privatización y las reglas de competencia y calidad a las que quedarían sometidos los adjudicatarios. Solamente la privatización de la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica queda a salvo de esta crítica retrospectiva.