La presentación se realizó en Casa de Gobierno con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Julio Nasser, y el ministro de Desarrollo Económico Julio César Loutaif.El Plan de Ordenamiento divide al territorio boscoso en tres categorías, según las posibilidades de explotación que tendrá en adelante cada sector: El primer segmento (zona roja) tendrá 1.300.000 hectáreas, donde no podrá haber actividad agrícola de ningún tipo por su importancia para el ambiente.
La segunda categoría (zona amarilla) de 5.400.000 hectáreas busca el mantenimiento de la cobertura boscosa, pero con un desarrollo forestal planificado, con actividad ganadera, pero sin desmontes.
La tercera categoría es la verde o de uso productivo potencial, que tendrá 1.500.000 hectáreas incorporadas a las 1.900.000 que actualmente tienen actividad agrícola o ganadera, lo que da un horizonte de trabajo para veinte años a este sector. Lo más destacado para el desarrollo económico es el marco jurídico que otorga este planeamiento a los productores de la provincia.
Al presentarse el nuevo plan de ordenamiento, el ministro Nasser dijo que es un proceso de integración armónica del ambiente, la sociedad y la producción, además de resaltar la experiencia participativa que comenzó en mayo de 2008 y finalizó con este plan.
Luego el ministro Loutaif recordó el lanzamiento del Plan de Desarrollo Productivo diagramado por el sector público y privado, que tendrá una duración de 10 años. Esto era lo que faltaba, el ordenamiento territorial trae una garantía al cumplimiento de estos objetivos.
Decreto de necesidad y urgencia
El gobierno informó además que el pasado día 3 de julio dictó un decreto de necesidad y urgencia (Nº 2789/09), en el que "establece en carácter precautorio la imposibilidad de ejecutarse desmontes autorizados en tierras incluidas en la categoría II (amarilla), que se encuentren sometidas a reclamo formal de comunidades aborígenes".
El parte oficial facilitado por el gobierno sostiene que las autoridades provinciales "expresaron el respeto que existe por las comunidades aborígenes, sin perjudicar el proceso de producción y crecimiento de las zonas involucradas". Esta medida estará vigente hasta que se defina lo ordenado por la Ley de Emergencia Aborigen Nº 26.160.
Presentación en la Corte Suprema
La Provincia de Salta, demandada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por algunas comunidades aborígenes, deberá aportar al proceso un estudio de impacto ambiental acumulativo, según lo resuelto recientemente por el alto tribunal.
Esta mañana se informó que dicho informe fue elevado a la Secretaría de Ambiente de la Nación "para que realice su evaluación", tras lo cual la Provincia lo remitirá a la Corte de Justicia de la Nación.
Según la información suministrada por el gobierno, "n términos acumulativos el impacto es negativo moderado, o sea que son impactos reales pero sin consecuencias determinantes para el conjunto del ecosistema".