Las secuelas del aluvión que se abatió sobre Tartagal el pasado 9 de febrero parecen no tener fin. A la crisis política que produjo (enfrentamiento entre el gobernador y vicegobernador, amenazas de intervención al intendente Leavy y cuestionamientos a la transparencia de las ayudas públicas) se suma ahora la presentación de una acción de amparo colectiva deducida por un grupo de abogados de Tartagal, cuya finalidad es que la justicia declare la responsabilidad civil del Estado salteño por los daños producidos a causa de aquel fenómeno. El procedimiento judicial fue iniciado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de aquella jurisdicción y la pretensión de los actores, además de la indemnización económica, está integrada por el pedido de que se declare a Tartagal como zona de desastre, además de la emergencia sanitaria y ambiental, lo que, en principio, parece lejos de la competencia de los tribunales de justicia.Los actores entienden que "esta probado que el Estado es responsable" de lo ocurrido en Tartagal, "debido a la falta de monitoreo y control de las actividades humanas de la cuenca alta del río Tartagal, tal como lo denunciara un estudio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa)". La procedencia de la indemnización resarcitoria de los daños está estrictamente condicionada a la existencia de un nexo causal entre la conducta del demandado y el siniestro, lo cual en principio no queda acreditado con el mencionado estudio, que ha sido ampliamente contestado desde varias instancias científicas.
La reparación de daños solicitada comprende los daños ambientales, sanitarios y materiales provocados por el fenómeno. "El gobierno no debe otorgar subsidios ni créditos, sino indemnizar a la población de Tartagal", consideró Carlos Iriarte, uno de los impulsores, citado por Nuevo Diario de Salta.
La acción de amparo pretende además la constitución de un "fondo extrapresupuestario" para atender las emergencias. También se pide la dotación de los elementos necesarios para combatir el dengue, la reparación de los daños causados por el colapso de la red cloacal, la suspensión preventiva de las clases en las escuelas, las obras en las cuencas del río Tartagal y que se efectúe una investigación sobre las tareas efectuadas por el gobierno en la región desde 2006, es decir, desde que se produjo la anterior avalancha.
El fundamento jurídico de la pretensión indemnizatoria es la ley nacional 25.675 que dispone que "quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo".