La agencia de noticias Copenoa informa hoy que, "ante la falta de efectividad del control por parte de la Provincia de Salta", respecto a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con los desmontes, "un grupo de caciques wichís que viven en el Departamento San Martín, están notificando a empresarios sojeros del fallo". Conocemos a estos empresarios que se adueñan de nuestras tierras y sabemos como actúan. No les interesa la vida; sólo el dinero. En estos términos se ha expresado Antonio Cabana, cacique wichí de Tonono. Según Copenoa, se verificó en el lugar "la falta de presencia", así como de notificación a los empresarios sojeros por parte de funcionarios públicos de la provincia sobre la resolución de la Corte.Esto es tierra de nadie, y si no hay control no se darán por enterados de lo dictado por la Corte. Las topadoras siguen en las fincas y ellos (los empresarios) hacen lo que quieren en los campos que están alambrados, en un día desmontas cientos de hectáreas de selva, agrega Antonio Cabana.
Cabana está considerado -según Copenoa- como un "férreo defensor del derecho a la tierra de las comunidades originarias de la provincia de Salta". El cacique Cabana afronta, no obstante, más de 60 causas judiciales "por reclamar la posesión ancestral de la tierra wichí", dice Copenoa.
Los caciques están tomando un riesgo innecesario
De estos sucesos, cabe deducir, en principio, que la efectividad de la medida cautelar acordada por la Suprema Corte de Justicia depende de "la notificación a los empresarios sojeros", lo cual no parece guardar relación con la estructura del proceso ni con la identidad de las partes litigantes. No es misión de los caciques convertirse en "oficiales de justicia" de la Corte. Como el proceso se dirige contra la Provincia de Salta, es el gobierno el que debe de adoptar las medidas que se encuentren dentro de la esfera de sus competencias para asegurar, no ya la notificación (que se antoja un absurdo), sino el cumplimiento más estricto de la orden de cese de los desmontes.
Los caciques, tanto los que se encuentren personados en el proceso de amparo como los simplemente interesados, deben dirigirse al gobierno a solicitar las medidas correspondientes y no subrogarse en sus facultades presionando a los empresarios. Sin embargo, los que ya tienen acreditada su calidad de parte en el proceso de amparo, deberán pedir -no al gobierno sino a la Corte- que aplique al gobierno las medidas que considere oportunas para asegurar el cumplimiento de la resolución judicial.