Dirigentes de comunidades wichís de la ruta 86 expresaron a la Agencia de Noticias Copenoa sus dudas acerca del efectivo cumplimiento, por parte de los finqueros de la zona, de la orden cautelar judicial de cese de los desmontes. La medida dispuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó cese de las talas y desmontes en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. Las comunidades deberemos hacer cumplir lo dictado por la Corte y notificar a los finqueros que se abstengan de seguir desmontando y que retiren las topadoras de la zona Afirmó Oscar Lorenzo, portavoz de los afectados. Sin embargo, las comunidades no están legitimadas para adoptar ninguna medida directa en contra de los finqueros.Las topadoras se encuentran en la zona muy cerca de Santa Victoria Oeste y no hay control sobre lo que hacen; y si desmontan no hay autoridad que los frene, sostiene Francisco Pérez, dirigente de la Laka Honat, organización que agrupa a unas cuarenta comunidades originarias. Citando "fuentes fidedignas", Copenoa indica que en el Departamento de San Martín "están trabajando unas 10 topadoras".
Portavoces indígenes achacan la falta de controles a "la inacción del gobierno de Salta", si bien hay que recordar que el gobierno provincial es sujeto pasivo de esta medida y que ha de ser, en todo caso, el peticionante de la medida cautelar quien deba de solicitar al tribunal competente las medidas de control -y aun de castigo- adecuadas para estos casos.
La medida ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación "está en riesgo de ser incumplida"m argumentan integrantes de distintas comunidades originarias que viven el este Departamento.