Una denuncia verdaderamente peculiar fue registrada en la comisaría 42 de Tartagal por representantes de las comunidades Wichi de Sopfwayuk, Chowayuk y Hoktek T'oi, asentadas al costado de la ruta nacional 86, en la jurisdicción de Tartagal, cerca de la frontera con Bolivia. La denuncia imputa al Gobierno de Salta un delito de "genocidio en grado de tentativa" a raíz de que -entienden los afectados- los desmontes masivos iniciados durante el gobierno de Romero continúan bajo el gobierno de Urtubey.A juicio de los denunciantes, estos desmontes -que fueron avalados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable- "ponen en riesgo la subsistencia de los poblados indígenas". La calificación de la conducta del gobierno como de "tentativa de genocidio" asume también la existencia de un dolo específico, esto es, de una voluntad del gobierno de "aniquilar", por medio de los desmontes masivos, a las poblaciones indígenas afectadas.
Juan Vega, Eduardo Rivero, José Rivero, Roque Miranda y Florentino Pérez fundamentaron su denuncia en normas constitucionales de la Nación y de la Provincia de Salta, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la Argentina en el año 2000 y que obliga a los Estados parte a reconocer el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas y tribales.
Los denunciantes están convencidos de que los territorios ubicados sobre la banda occidental de la cuenca del río Itiyuro "se encuentran sujetos a un programa de desmonte masivo", por parte de particulares, avalados por la autoridad ambiental de la Provincia. El área afectada por estos desmontes -estimada por los denunciantes en unas 10.000 hectáreas- abarca las tierras comprendidas entre el paraje Alcoba y la Comunidad Wichi de Tonono, sobre la ruta 86.
Los representantes aborígenes denuncian la deforestación desde 2004. Y aclararon que se vienen impugnando "los trámites administrativos de permiso de desmonte presentado por particulares ante la ex Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta". Entre sus argumentos, manifestaron su "rotundo rechazo a las presentaciones de quienes quieren liquidar el bosque nativo que constituye nuestro modo de vida y la base de nuestra identidad".
Los aborígenes acusan al Gobierno de no haber escuchado sus reclamos "en abierta violación a nuestros derechos constitucionales y legales" y remarcaron "el impacto negativo que los desmontes tienen para nuestra existencia física y cultural".