Los docentes de Salta, agrupados en torno al llamado Frente Intergremial Docente, en huelga desde el pasado lunes, decidieron ayer desconvocar la medida de fuerza tras acordar con el gobierno un modesto aumento de salarios. Según se ha conocido, este acuerdo no ha convencido al sector docente de los autoconvocados que se muestran partidarios de continuar con la huelga. La compleja estructura salarial de los docentes de Salta, la insistencia del gobierno en prácticas remunerativas que resultan a veces negatorias de los derechos económicos y previsionales de los trabajadores y el empleo de una terminología alejada de cualquier lógica económico-laboral, hace difícil comprender los términos del acuerdo entre gobierno y sindicatos docentes.La información conocida ayer habla que este acuerdo contempla llevar el salario base o "básico" hasta $800, pero que esta cantidad sólo será "bonificable" para la antigüedad, lo que debe interpretarse como que el nuevo "básico" será módulo de cálculo solamente para el complemento salarial de antigüedad, pero no para otros que igualmente se calculan (o deberían calcularse) como un porcentaje del salario base.
No está demás recordar que "bonificar", según el diccionario, significa "conceder a alguien, por algún concepto, un aumento, generalmente proporcional y reducido, en una cantidad que ha de cobrar, o un descuento en la que ha de pagar", por lo que sería correcto decir que "el básico ha sido objeto de una bonificación", pero no que el básico es "bonificable para la antigüedad".
El gobierno tenía previsto ya que aquel básico fuera de $720 a partir del próximo mes de mayo, pero los sindicatos obtuvieron en la mesa de negociación un aumento del 11,12% en esta partida. Pero el triunfo sindical es relativo, por cuanto el gobierno había previsto también con anterioridad aumentar el salario docente en $130 a partir del mes de marzo.
La prensa vuelve a hablar de "pagos en negro" para referirse a las partidas que en la jerga administrativa se denominan "no remunerativas" y que no son otra cosa que cantidades de dinero que los trabajadores ingresan en sus sueldos sin que las mismas coticen a la Seguridad Social, esto es, que sean objeto de descuentos para favorecer el futuro previsional de los trabajadores. La difusión de esta práctica supone la quiebra del principio de solidaridad, pues en tanto los sindicatos la toleran y fomentan, suponen un perjuicio directo a quienes actualmente están jubilados, ya que la cuantía de sus haberes dependen de lo que los trabajadores actuales aporten al sistema. Sería interesante conocer la opinión de las asociaciones de jubilados sobre estos acuerdos "no remunerativos".
Según la misma fuente, el "piso salarial" (el salario mínimo de un trabajador recién ingresado) queda establecido en $1.570 (unos 450 dólares o 360 euros), a partir del corriente mes de marzo. El acuerdo también contempla un 12% de aumento para las cantidades que abonan en casos de "traslados" (movilidad geográfica) y "jerarquización" (movilidad funcional ascendente).
Mientras los sindicalistas sostienen que han salido victoriosos de esta negociación porque "el gobierno puso más plata" (de los 79 millones previstos se habría pasado a 83), el Ministerio de Educación niega la mayor y afirma que los 83 millones constituyen la cantidad que el gobierno tenía previsto desembolsar incluso antes de llegarse a un acuerdo con los sindicatos.
Finalmente y como prueba de que, a pesar del acuerdo, el clima laboral apenas si se ha distendido, el sindicalista de ATE Vicente Martí denunció haber recibido "aprietes" (amenazas de sanciones y descuentos por hacer el paro) por parte del Ministerio de Trabajo de Salta.