El Parlamento Europeo ha rechazado la iniciativa británica que propugnaba la ampliación de la jornada semanal de trabajo, mediante acuerdos individuales, hasta las 65 horas. Los eurodiputados han hecho primar la sensatez y han apoyado una enmienda, propuesta por un parlamentario español, para paralizar la directiva de las 65 horas y obligar a los gobiernos de los 27 a volver a negociarla. Como se recordará, los ministros de Trabajo de la Unión Europea habían acordado eliminar el límite máximo de jornada laboral semanal, establecido a nivel europeo en las 48 horas, y conceder libertad a empresarios y trabajadores, sin intervención sindical, a acordar individualmente el tiempo de trabajo, con un máximo de 60 ó 65 horas.La Eurocámara ha ejercido de forma exitosa su poder de veto frente a una iniciativa legislativa del Consejo de la UE, lo que supone ahora la apertura de un periodo de 90 días durante los cuales el Parlamento y el Consejo deberán negociar sobre este tema. Al cabo del periodo fijado y a falta de acuerdo, decae el texto.
La iniciativa de los ministros de Trabajo apuntaba fundamentalmente al sector de la salud pública, lo que motivó la inmediata movilización de millones de médicos y de estudiantes de medicina europeos, frente a la posibilidad, no sólo de trabajar 65 horas a la semana, sino que los tiempos de espera o inactivos durante las guardias médicas no fueran considerados "tiempo de trabajo efectivo". Esta situación podría hacer que algunos trabajadores sanitarios llegasen a trabajar hasta 78 horas semanales.
Estas modificaciones legales han contado, lógicamente, con el apoyo de los parlamentarios británicos y con los de algunos países del Este de Europa. Y si bien antes de realizarse la votación de esta mañana nadie podía aventurar un resultado, las enmiendas parlamentarias que al final consiguieron bloquear la iniciativa de los ministros de Trabajo europeos se aprobaron con más de 500 votos, es decir, con apoyos muy superiores a la mayoría absoluta de la cámara, establecida en 393 votos.
Entre las enmiendas aprobadas, resulta fundamental aquella como la que pide que se eliminen en tres años las llamadas opt-out, es decir, las excepciones al límite de 48 horas que ya funcionan en algunos países de la UE y que permiten alargar las jornadas semanales. Londres, máximo impulsor de la directiva, con el apoyo de algunos países del este de Europa, pedía que el opting out o "libertad de opción" fuera la norma y que empleados y empleadores negociaran libremente la duración de las jornadas, con un límite de 60 o 65 horas semanales, a contar en una media de tres meses. Según lo establecido por la directiva ahora rechazada, esa jornada podría ampliarse incluso a 78, teniendo en cuenta los límites mínimos de los tiempos de descanso.