Con un 45,9 %, la ciudad de Salta es uno de los distritos del país con mayor cantidad de trabajo clandestino. Aproximadamente 1 de cada 2 relaciones de trabajo en Salta, no están registradas, escapan al control de la autoridad laboral y eluden los aportes (patronales y obreros) a la seguridad social. Esta información, que ha sido difundida recientemente por el INDEC y corresponde a resultados de la Encuesta Permanente de Hogares al mes de diciembre de 2008, revela que en Salta, una Provincia en la que existe una fuerte oposición -incluso gubernamental- a la llamada "flexibilización laboral", la mitad de los puestos de trabajo se encuentran afectados del grado máximo de flexibilización que supone el trabajo clandestino. Uno de cada dos empleos de Salta suponen que el trabajador disfruta, no ya de menos derechos, sino de ningún derecho.La situación de Salta es similar a la que se registra en otros núcleos urbanos del norte de la Argentina, como Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy o Resistencia, que registran las tasas de trabajo en negro más altas del país. Se trata de porcentajes que superan en un 20% la media nacional, establecida, según la EPH, en el 37,8%.
La fiabilidad de las mediciones laborales del INDEC ha sido puesta en duda recientemente por el propio gobernador Urtubey, quien en una entrevista dijo que las cifras del desempleo atribuidas a Salta por el organismo nacional "le dan risa".
Habría que ver hasta qué punto mueve la hilaridad del gobernador la tasa de empleo en negro del 45,9, que está revelando no sólo la carencia de una cultura de la legalidad en el sistema laboral salteño sino también la ineficacia de la actuación inspectora, sobre la que tanto énfasis ha venido poniendo la ministra de Trabajo señora Nora Giménez.
Salta parece incapaz de reducir su tasa de trabajo clandestino por varias razones: la primera, la debilidad o el desinterés sindical en la materia. Con cuadros poco preparados, recursos escasos y preocupaciones más políticas que económicas, los sindicalistas salteños miran, en general, hacia otro lado. La segunda, el amplio espacio de discrecionalidad e impunidad para concretar abusos de que gozan los empresarios de Salta, sean éstos grandes o pequeños. La brutal reacción punitiva del Estado que, sea por vía judicial o sea por vía administrativa, coloca a la regularización laboral fuera del alcance de la mayoría de los infractores, lo que supone una innecesaria penalización del trabajador.
El 45,9% de trabajo en negro certifica también la derrota de los enemigos declarados de la "flexibilización" laboral.