
Al no llegarse a un acuerdo desde la finalización del trabajo de la UNIREN con la renegociación del contrato, y tras un largo período que siguió con nuevas negociaciones entre las partes, finalmente no hubo un acuerdo con la empresa en diferentes temas como precios, cuadro tarifario, el valor de la empresa entre otros, dijo el gobernador para justificar lo que, desde hace tiempo, era una muerte anunciada.
El gobernador dijo también que la Provincia viene realizando "una importante inversión en materia de agua y saneamiento", por una suma superior a los 120 millones de pesos, y que "todo esto tampoco se pudo acordar con la empresa".
Urtubey también anunció el inminente envío de un proyecto a la Legislatura "pidiendo la rescisión contractual por incumplimiento" de la concesionaria, si bien el Poder Legislativo es materialmente incompetente para recibir "peticiones de rescisión" de otros poderes del Estado. Sin ánimo de interpretar las palabras del gobernador, puede entenderse que lo que enviará a las cámaras es un proyecto de ley declarativo de la voluntad rescisoria del Estado provincial y refrendatorio de los poderes urgentes ejercidos por el mandatario por vía de decreto.
No creo que esto genere indemnización alguna por parte de la Provincia a Aguas de Salta, porque hubo incumplimiento por parte de la empresa, y esto queremos que esto se debata en la Legislatura. El mensaje no puede ser más claro: La seguridad jurídica en Salta pasa cada vez menos por la actividad que pueda desplegar el Poder Judicial.
Finalmente y respecto del futuro, el mandatario expresó que su idea es la de constituir una sociedad anónima estatal para que el Estado provincial se haga cargo de este servicio esencial. El mandatario adelanto que 10% de las acciones de aquella sociedad "quedarán en manos de los trabajadores.