Según el organismo del gobierno, las incidencias fueron ocasionadas por una falta de previsión de la concesionaria, en cuanto al mantenimiento e incorporación al sistema de una cañería que permite el ingreso de los caudales necesarios para una correcta prestación del servicio. El Ente aclaró que la reducción en la facturación se fundamenta en la normativa vigente que dispone en su artículo 4º que el Servicio Público definido será prestado obligatoriamente en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad, cantidad y generalidad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación a los usuarios y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y que establece en el artículo 11 inciso I, que la concesionaria tiene la atribución de cobrar las tarifas por los servicios prestados.
La reducción de tarifa será aplicada en el próximo período de cobro y beneficiará a usuarios de los barrios El Rosedal, Los Sauces, Islas Malvinas, San Pablo, Asunción, y San Silvestre, a los incluidos en los siguientes cuadrantes: Entre Ríos, Virrey Toledo, Hipólito Yrigoyen, Independencia y olavaria, Entre Ríos, Olavarría, Coronel Vidt y Circunvalación.
Vuelve la polémica por los medidores
Los integrantes de la Junta Promotora del Agua, ratificaron su oposición a la colocación de los medidores agua, medida que aparentemente estaría planteando el Ente Regulador, con carácter obligatorio para todos los usuarios.
En este sentido el integrante de la junta y ex candidato a gobernador por el MST Carlos Pagano, uno de los que ha liderado la protesta contra las violaciones contractuales de la concesionaria, dijo que hace unos meses la junta mantuvo una reunión con el presidente del Ente donde informó las irregularidades que tiene el servicio en las diferentes zonas de la ciudad.
Pagano agregó que muchos de los medidores han sido colocados clandestinamente y que no cuentan con la garantía del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Además, denunció que en este proceso la empresa se ha quedado con unas 35 mil llaves maestras extraídas a las entradas de agua a las casas con un valor de más de 5 millones de pesos en bronce.
Finalmente, dijo que Aguas de Salta debe ser del pueblo y se pronunció en contra de que el Estado se asocie con una empresa que ha cometido delitos probados y que tiene más de un millón de reclamos por parte de los usuarios.