
En este sentido Mayoral criticó que los reclamos de la empresa se hicieran a través de un medio de comunicación, al respecto expresó: "no acostumbramos a resolver los inconvenientes a través de comunicados de prensa, sino mediante la plena ocupación de la resolución al conflicto".
El ministro recordó que la empresa decidió retirarse después de que la Secretaría de Minería de la provincia devolvió el informe de impacto ambiental presentado por la compañía con 115 observaciones, pero que sin embargo se le había otorgado plazo hasta el 10 de septiembre para corregir el estudio del impacto. Respecto a las observaciones de la Secretaría, Parsons alegó en la conferencia que las objeciones tenían más carácter político que técnico.
Al planteamiento que Parsons hizo respecto a que la reactivación del proyecto minero dependía de un cambio en la política industrial del actual gobierno, Mayoral respondió con firmeza: No resulta honesto trasladar los incumplimiento de requisitos legales que son de resorte empresarial al ámbito de las autoridades gubernamentales".
Mayoral anunció que el documento sería enviado al embajador de Gran Bretaña, país de origen de la empresa.