Si examinamos con lupa, párrafo a párrafo, el breve articulado de la ley provincial 7863, llegaremos a la conclusión de que el órgano gubernamental llamado con el nombre de Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que fue creado a finales de 2014, no tiene ninguna competencia en materia de diversidad sexual, al menos tal y como este término es definido por la sociología.
Visto desde otra perspectiva, difícilmente se pueda entender que un órgano cuya misión legal no es otra que la de desarrollar «un sistema de información permanente que brinde insumos (sic) para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres», se dedique también, y de paso, a luchar contra la discriminación, el bullying y la homofobia que sufren las personas por causa de su orientación sexual.
Este último cometido excede notablemente la autorización legal conferida al citado observatorio por el artículo 2º de la citada ley, y no se encuentra de ningún modo comprendido en la enumeración del artículo 3º.
¿Por qué entonces el Observatorio de Violencia contra las mujeres de Salta promociona los derechos de gays, lesbianas y transexuales como si fuera cosa suya?
Debemos buscar la respuesta a esta pregunta fuera del texto legal; es decir, más allá de la voluntad expresada por los ciudadanos de Salta, a través de sus representantes, a la hora de dar vida a un órgano como este.
Si algo ha demostrado el OVCM de Salta en su corta vida es una extraordinaria capacidad para operar como vanguardia ideológica del gobierno; una negación casi absoluta para defender los derechos de las mujeres y una incapacidad declarada para evitar que se ejerza efectivamente la violencia contra ellas.
El poco éxito que ha tenido el OVCM -la producción de «insumos» es realmente ridícula- ha empujado a sus integrantes a desviar su atención hacia otros colectivos desfavorecidos, aunque la ley no les autorice a ello. Este giro apunta a convertir al OVCM en una especie de INADI de tierra adentro, capaz de juzgar y castigar cualquier conducta discriminatoria, siempre que la misma no sea protagonizada por el gobierno provincial.
La lucha contra la violencia que padecen las mujeres no experimenta una gran pérdida porque el Observatorio creado en 2014 extravíe su norte y se dedique a apadrinar causas ajenas a su cometido legal. El problema es que las legítimas luchas del mundo de la diversidad sexual, que en Salta afronta un panorama desolador básicamente por los abusos que comete la Policía, que depende del mismo gobierno que sostiene política y financieramente al OVCM, se ven seriamente disminuidas por la intromisión de este organismo, claramente identificado con el gobierno y, por ende, con la represión a la diversidad.
Si hay lesbianas entre las personas que integran el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, lo mejor que podrían hacer es aprender a diferenciar los ámbitos y los roles. Y no utilizar las instituciones de la Provincia como les convenga a sus intereses.
El mundo LGBTIQ se caracteriza por su dinamismo y su carácter rebelde, por actuar siempre como un guante lanzado a la cara del poder, que se cree con derecho a organizar la vida sexual de los individuos, y por desafiar en todo momento la «corrección política». Los gays, lesbianas y transexuales de Salta que se cobijan bajo el paternalismo del Estado son considerados como «traidores a la causa».
Hay que recordar que el gobierno de Salta, que dirige el señor Juan Manuel Urtubey, se caracteriza por su sólida alianza ideológica y moral con los sectores más reaccionarios de la sociedad local, como la Iglesia Católica o los gauchos de Güemes, de modo que no se puede esperar ni de aquél ni de sus funcionarios una actitud sincera en materia de promoción de los derechos del colectivo LGBTIQ, sino más bien todo lo contrario.
Meter al OVCM en las deliberaciones del mundo de la diversidad sexual es dormir con el enemigo; es darle un espacio que no se merecen a unas mujeres sin oficio ni beneficio, que cobran un sueldo del gobierno para defenderlo a este y no para cumplir con el deber, irrenunciable e improrrogable, que le han señalado los ciudadanos de Salta.
Confundir la violencia contra la mujer y las reivindicaciones feministas con la promoción de la diversidad sexual, hacer de las dos cosas una sola, forma parte de una estrategia hipócrita y calculada que apunta a profundizar las divisiones y los antagonismos en el seno de la sociedad y renuncia a fomentar valores como la fraternidad, la solidaridad, la tolerancia y la comprensión mutua.
El encierro de las feministas radicales en un ABC ideológico cada vez más frágil y cuestionado no puede de ningún modo perjudicar a quienes luchan a cara descubierta por expandir las libertades y permitir que las personas vivan la sexualidad de la mejor manera que entiendan, sin tener que dar cuentas a nadie por ello.
Las feministas a sueldo del gobierno son las más peligrosas compañeras de viaje para gays, lesbianas y transexuales. Son las primeras que les darán una puñalada por la espalda.