
El informe, que cuestiona abiertamente los principales indicadores económicos elaborados por el INDEC, destaca en su inicio que desde 2007 a 2013 el Índice de Precios al Consumo que creció en la Argentina un 337,6%; es decir, casi cuatro veces más de lo que oficialmente ha dicho el INDEC.
En el apartado de conclusiones se señala también que en el segundo trimestre de 2013 la pobreza afectaba a 15,4 millones de personas, lo que equivale al 36,5% de la población total del país.
Según los economistas del IPyPP, el gobierno nacional pretende ocultar que a 13,4 millones de pobres, de los cuales 5 millones son indigentes (el 12,1% de la población).
Salta, un punto saliente en la 'geografía del hambre'
Lo que el informe denomina la «geografía del hambre», tiene reservada a la Provincia de Salta un lugar destacado.De acuerdo con las estimaciones del IPyPP, basadas en proyecciones poblacionales del Censo 2010 y la Encuesta Permanente de Hogares elaborada por el INDEC, Salta ocupa el lugar número 10 entre las provincias más pobres del país, con una tasa de pobreza del 44,2%, ocho puntos porcentuales más que la media nacional.
Si bien la situación de Salta es ligeramente mejor a la del resto de las provincias del noroeste argentino -excepción hecha de Tucumán- no deja de sorprender la enorme cantidad de personas que se encuentra aquí en situación pobreza: 572.265, para el segundo trimestre de 2013.
Si ya parece muy grave que casi uno de cada dos salteños sea pobre, mucho más grave es que la tasa de pobreza en menores de 18 años se dispare en nuestra Provincia hasta el 54,7%. Esto supone que un total de 259.794 niños y adolescentes se encuentran en Salta en situación de pobreza. 77.000 de ellos son indigentes (16,3%).
Las cifras elaboradas por el IPyPP no solo representan un duro golpe para el triunfalismo del gobierno nacional en materia de combate a la pobreza, sino que en el caso particular de Salta ponen de relieve el espectacular fracaso de las llamadas políticas de «inclusión» social orquestadas por el gobierno provincial.
El perfil clientelar de estas políticas permite afirmar que las decisiones del gobierno provincial en esta materia (incluida la reciente intervención al Instituto Provincial de la Vivienda) responden más a criterios de fidelización electoral de las personas pobres que a imperativos claros y transparentes de justicia social.