Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), junto a otras organizaciones sociales, darán a conocer una serie de estrategias legales para lograr la implementación de políticas que garanticen la realización de los abortos permitidos por ley en varias jurisdicciones del país. Las presentaciones se harán a nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Estarán presentes también legisladores nacionales que apoyan la despenalización del aborto.
En Argentina, el aborto está permitido desde 1921, cuando existe peligro para la vida o la salud de la mujer, y cuando el embarazo proviene de una relación sexual no consentida. Sin embargo, y a pesar de lo establecido en nuestro Código Penal, en normas internacionales de derechos humanos y por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.,A.L. s/medida autosatisfactiva” del 13 de marzo de 2013, el aborto legal continúa siendo inaccesible para miles de mujeres en nuestro país.
En su fallo, la Corte llamó al Poder Ejecutivo Nacional, los poderes provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires a establecer “remedios” ante la situación de inaccesibilidad sistemática a los abortos no punibles en el país: ordenó que se implementen y hagan operativos -mediante normas del más alto nivel- protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos.
Asimismo, el máximo tribunal señaló la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a acceder efectivamente al aborto no punible y advirtió que el Estado argentino puede incurrir en responsabilidad internacional si omite implementar esta política.
En este contexto, y de acuerdo a nuestro sistema legal vigente, las mujeres tienen el derecho a acceder a las prestaciones que demanda la práctica del aborto. Por tanto, estas prestaciones deben ser garantizadas por el Estado nacional y provincial y para ello resulta esencial que se incorporen expresamente como un servicio básico y obligatorio del sistema de salud.
Es en este entendimiento que las mencionadas organizaciones civiles han decidido generar, ante la falta de políticas concretas en ese sentido, las acciones legales que se presentarán próximamente en conferencia de prensa.
Fuente: Amnistía Internacional