A pocas horas de que un tribunal penal de Salta juzgue la conducta del destituido exintendente de El Bordo Juan Rosario Mazzone, se ha conocido la noticia de que el gobierno provincial encargó hace un año a un grupo de feministas 'orgánicas' (*), contratadas por el que fuera Interventor del Municipio, señor Matías Assennato, que llevara adelante una campaña de desprestigio contra el exintendente. Según publica La Gaceta de Salta, el interventor Assennato decidió crear una «Secretaría contra la Violencia de Género y las Adicciones», que, hasta esa fecha, no existía en el Municipio intervenido, y cuya gestión encomendó a unas activistas que giran en torno de una organización de carácter privado, pero con fuertes lazos con el gobierno de Urtubey, denominada Mumalá.
La portavoz de la organización en este asunto -una señora llamada Malvina Gareca- dijo a La Gaceta que el cometido original de la nueva secretaría municipal era el de «asistir y asesorar a la mujer en cuestiones de género y derechos».
Sin embargo, del contexto de sus declaraciones se desprende con suficiente claridad que las activistas, antes de cumplir con esta tarea «técnica», enfocaron sus cañones contra el señor Mazzone. «Fue complicado llegar a la gente con un discurso ‘antichicho’, lo único que lograbas así era caer mal. Entonces nuestro trabajo tuvo que tomar un giro bastante estratégico para hablar de ciertas cosas y no hablar directamente sobre ese tema», ha dicho la señora Gareca. El entrecomillado es del artículo original.
Pero ¿cuál fue el giro bastante estratégico? Sorprendentemente -según las propias palabras de la protagonista de la historia, recogidas prolijamente por La Gaceta- este giro consistió en “no ir al choque” (no desacreditar públicamente y con dinero del gobierno a Mazzone) y en «optar» por la difusión de los derechos y la formación con perspectiva de género a través de campañas públicas en la plaza.
De este relato de hechos se desprende sin necesidad de andar rascando demasiado, que el mentado «giro» consistió en realidad en hacer lo que legal y reglamentariamente les correspondía hacer (la difusión de derechos) y que si no lo hicieron antes es porque estaban ocupadas en una campaña «antichicho», que, según admite la activista, fue muy mal recibida por la población femenina del lugar.
Un exceso
El pequeño desliz verbal pone de manifiesto cómo en ciertos círculos de pensamiento cerrado cercanos al gobierno de Urtubey, la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres asume la forma de denuesto contra los hombres.Si las activistas cobraban un sueldo para dedicarse a difundir derechos y a mejorar la conciencia colectiva de las mujeres, nada (solo el odio enmascarado) justifica que esta noble tarea de informar, difundir y formar se haya degradado hasta tal extremo de convertirse en una campaña de desprestigio personal contra un varón.
Lo más llamativo, quizá, es que Mazzone está acusado de corrupción de menores y que por ese delito será juzgado por los tribunales de la Provincia. Su conducta presuntamente corruptora (haberse fotografiado en paños menores con jovencitas que voluntariamente habían acudido a una fiesta en su casa y que del mismo modo voluntario accedieron a fotografiarse con él), no solo que no ha sido declarada y castigada como delito por ninguna autoridad con competencia para ello, sino tampoco -que se sepa- autoridad alguna ha dicho que esta conducta (sin dudas reprochable) encuadre en la descripción que contiene el artículo 1º de la ley provincial 7403 o en alguno de los supuestos previstos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
Discriminación territorial
De la entrevista a la activista Gareca publicada en La Gaceta se puede concluir que El Bordo, así como otros pueblos del interior provincial, son «machistas» y «atrasados».Esta conclusión, elaborada como se puede ver de forma superficial y sin datos estadísticos que la sustenten, es sencillamente injuriosa y dañina para los residentes en estas poblaciones, que de este modo se ven etiquetados de la forma más infame por el solo hecho de vivir en donde viven. Estamos frente a un caso de grave discriminación ideológica.
El único argumento que parece avalar en este caso la calificación de «machistas» es el muro contra el que se estrellaron las feministas a sueldo del gobierno provincial cuando llegaron con sus relucientes carpetas universitarias a El Bordo y se dispusieron a escrachar a un señor, que más allá de sus inconvenientes fotografías y de sus fiestas privadas de moralidad discutible, había sido votado libremente por los electores y electoras de aquella ciudad. Estas feministas consideran a quienes viven en El Bordo como seres humanos menos humanos, que viven en un ghetto marginal.
Ahora, cuando faltan un poco más de veinticuatro horas para que Mazzone se siente en el banquillo de los acusados, los jueces deberán tener en cuenta de que el exintendente ha llegado a esta instancia, no solo por el impulso fiscal en la persecución de conductas delictivas, sino en buena medida también por la campaña corrosiva, sufragada con dinero del Estado, para hacer pasar al exintendente ante sus propios vecinos como «un degenerado integral».
(*) El adjetivo «orgánicas» está empleado aquí en el sentido gramsciano de la expresión.