El gobierno de Urtubey deberá comparecer por segunda vez en menos de dos años ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Lo hará para defenderse, otra vez, de acusaciones de graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Se da la casualidad de que en ambos casos, las personas afectadas por acciones u omisiones del gobierno de Salta son mujeres.
El primero de estos casos fue el de Sandra Beatriz Cháves, quien denunció al gobierno de Urtubey ante la CIDH por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El segundo de estos casos -que llegará próximamente a la CIDH- es el de la joven Vanina Yapura Alderete, única sobreviviente de un horrible crimen en el que murieron asesinados su madre y dos hermanos pequeños. El representante procesal de Alderete ha anunciado que acudirá al tribunal internacional para exigir que el gobierno de Urtubey cumpla finalmente con el pago de la indemnización a que el Estado provincial fue condenado por la probada omisión del deber de protección a una víctima de violencia de género.
El representante procesal de la joven Alderete ha dicho que la Corte Internacional de Derechos Humanos deberá determinar también la responsabilidad del gobierno que se deriva del incumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belem do Pará, que obliga al Estado argentino (y por ende al Estado provincial salteño, en la órbita de sus competencias) a adoptar determinadas políticas en la materia.
Resulta inconcebible que, en ambos casos, las mujeres afectadas por las acciones y omisiones del gobierno se han visto obligadas a solicitar la tutela de un tribunal internacional.
El hecho, verdaderamente inusual, no solo pone de manifiesto el escaso apego del gobierno provincial a los Derechos Humanos sino también las debilidades estructurales de un sistema judicial que sustenta una visión retrospectiva y sobreideologizada de los derechos fundamentales y se desentiende de las violaciones actuales.
En caso de Sandra Cháves, el gobierno de Urtubey, acorralado, debió prácticamente allanarse a las pretensiones formuladas por la Defensora Oficial de la Nación, que ejerció la representación de Cháves y su padre ante el tribunal internacional. Solo después de una demanda internacional y tras 14 años y medio de prisión, el gobierno de Urtubey, hace menos de un año ofreció a la reclusa una «solución amistosa» consistente en la conmutación de la pena de prisión perpetua por la del tiempo efectivamente cumplido en prisión y en medidas menores de asistencia social.
Como resultado de este proceso y del acuerdo que le puso fin, el gobierno de Salta se vio obligado a asumir el compromiso de implementar programas y cursos permanentes de capacitación sobre perspectiva de género en la administración de justicia y de realizar actuaciones concretas en materia de prohibición de discriminación en la justicia, en una clara y pública admisión de sus graves deficiencias en estas materias.
La situación de violencia institucional y de revictivimización se repite ahora con Alderete, a quien el propio Gobernador de la Provincia denegó una y otra vez, con argumentos verdaderamente inhumanos, el pago de la indemnización a que el Estado fue condenado por la Justicia, aun después de que la Corte Provincial beneficiara al gobierno reduciendo la cuantía de la condena económica en casi un tercio.
El hecho de que en un corto periodo de tiempo dos mujeres perjudicadas seriamente por el gobierno provincial deban echar mano de un remedio extremo y reservado para casos graves, como es el recurso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos revela que el mismo gobierno que en agosto pasado declaró la emergencia social en materia de violencia de género es uno de principales agentes de la violencia contra las mujeres y que, cuando nadie lo ve, se convierte en un consumado victimario institucional.