La señora María Victoria Mosmann, titular del Juzgado de Minas de nuestra provincia, ha concedido amparo parcial a la ciudadana Yone Mabel Farfán y el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, que habían demandado a la Dirección General del Servicio Penitenciario y al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial.
Según la información oficial del Poder Judicial salteño, Mossman ha dispuesto que se adopten medidas de acción positiva con el objeto de «para perforar el techo de cristal que impide el acceso de las mujeres a los cargos de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta».
Con tal propósito, el gobierno deberá observar y aplicar una serie de reglas “en cada oportunidad en que se dicten resoluciones de designación de tales cargos en el marco del artículo 7 de la Ley 5639 y que refiere a la obligación de individualizar el porcentaje de internas mujeres respecto de la cantidad de la población carcelaria en general, operando dicho porcentaje en el momento de toma de decisión de las designaciones como piso de representación mínima del género femenino en la Plana Mayor, estableciéndose que dicho piso nunca podrá ser inferior a una miembro mujer”
Dice la misma información oficial que si bien en la sentencia pone de relieve que el gobierno provincial ha concretado algunos avances en la materia, la jueza ha considerado prudente fijar un piso de marcha de no regresividad y lograr una solución estructural al conflicto de derechos. El «cupo mínimo» también alcanza a la conformación de las Juntas de Calificaciones.
El gobierno demandado ha sido condenado a presentar al Juzgado informes periódicos respecto del cumplimiento de la sentencia.
Respecto a las medidas de acción positiva, Mosmann ha dicho que “deben garantizarse la igualdad de oportunidades, trato y ejercicio de sus derechos a las mujeres y, que para ello, las medidas de acción positiva son el cauce a emplear” ya que es una forma de balancear “una realidad desajustada respecto de determinadas personas o grupos de personas”.
La magistrada ha valorado como prueba de la existencia de la discriminación por género alegada en la demanda que en toda la historia del Servicio Penitenciario de Salta no se encuentran antecedentes de mujeres que hayan ocupado los cargos de Directora y Subdirectora General. Hasta el pasado 3 de diciembre de 2019 tampoco había mujeres con el grado de prefecto o de prefecto mayor.
“Es evidente que el problema no es el denominado suelo pegajoso (sticky floor) que dificulta el acceso a los primeros niveles de carrera, sino que -tal como lo reclaman las actoras-, es el acceso a los puestos más altos en la carrera del Servicio Penitenciario, esto es la Plana Mayor, lo que se ve obstaculizado para las trabajadoras del Servicio Penitenciario ya que se encuentran ocupados por hombres exclusivamente”, ha escrito Mosmann en su sentencia.
La magistrada también ha invocado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresada en el caso de la conductora de autobuses salteña Mirta Sisnero en el sentido de que la duración de la discriminación de las mujeres en el ámbito del empleo público «alcanza el estándar probatorio requerido» por el alto tribunal federal en el caso Sisnero.
Se configura –ha dicho Mosmann- “una práctica que afecta la igualdad de un grupo, el conformado por las mujeres que se desempeñan como agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta con situación de revista en actividad, y que si bien se han producido avances durante el transcurso del presente proceso tal como ha puesto de manifiesto la representante de Fiscalía de Estado, no se ha dictado, ni implementado, una reforma estructural que impida que la lesión del derecho a la igualdad de este grupo haya podido ser superado”.
Entre los «avances» valorados por Mosmann se enumeran «actos aislados», como el nombramiento de la subprefecto G. de los Á. C. en el cargo de oficial superior y su designación como directora del cuerpo penitenciario integrando la plana mayor, o la designación de la subprefecto M. S. P. en el cargo de subdirectora general del servicio penitenciario de la Provincia de Salta.
A juicio de la magistrada, estos nombramientos “resultan sumamente alentadores pero debe por tanto asegurarse un piso de marcha de no regresividad ante los cambios gubernamentales y políticos, ya que no configuran un cambio estructural que garantice que la arraigada práctica discriminatoria sobre las cualidades de las mujeres para acceder a los cargos superiores ha sido superada”.