Según diferentes fuentes, la decisión del secretario Pietragalla está vinculada a las «numerosas denuncias recibida por la Secretaría federal de Derechos Humanos desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio».
La información oficial del Poder Judicial salteño dice que el habeas corpus, suscrito por el secretario Pietragalla y el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, señor Mariano Przybylski, será tramitado y resuelto por el juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Salta, señor Marcelo Ramón Domínguez.
Si bien no se conoce aún el texto completo del escrito de habeas corpus, ha trascendido que los funcionarios nacionales han calificado su acción como «preventiva y colectiva», invocando el interés de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Salta, interés que consideran lesionado por «los graves hechos de violencia provincial que se vienen denunciando en el territorio provincial».
Según otras fuentes, la Secretaría de Derechos Humanos afirma que las denuncias incluyen “casos de detenciones arbitrarias a partir de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad por el decreto provincial 255/2020, que se alejan de los fines buscados por el decreto nacional 297/2020, cuya finalidad consiste en evitar la propagación del COVID-19, propiciando el menor contacto posible entre personas”.
Para los funcionarios nacionales, los hechos denunciados “no parecen ser hechos aislados, sino que dan cuenta de un ‘modus operandi’ extendido en el accionar de la policía provincial”.
El escrito judicial habla también de la “constante amenaza que sufren los ciudadanos de la provincia de Salta, de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad, con el consiguiente riesgo para su salud, lo que motiva esta presentación en razón del artículo 3° inciso 1° de la Ley 23.098”.
Frente a este cuadro de situación, la oficina del gobierno federal argentino especializada en Derechos Humanos ha solicitado «la urgente intervención judicial a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del decreto provincial 255/2020». En el escrito se peticiona al juez que ordene a las autoridades provinciales «abstenerse de dictar resoluciones o decretos que cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos».
Según se ha informado por la oficina competente, la acción judicial «está fundada en las atribuciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para llevar adelante todas las acciones necesarias a los fines de proteger los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas», y persigue, entre otras finalidades, «evitar sanciones internacionales por incumplimientos del derecho internacional en materia de Derechos Humanos».