Y ahora, en medio de la pandemia, cuando prácticamente todo el arco político le aconsejaba no enviar a la Legislatura el proyecto de ley para declarar la necesidad de reformar la Constitución de Salta, considerado inoportuno por tres cuartas partes de los salteños, el Gobernador, erre que erre, decide salir al ruedo con un proyecto penoso, en el que deja entrever sin ningún tipo de pudor, no solo las intenciones que persigue sino también los intereses que pretende satisfacer y la identidad de los titulares de estos intereses.
Para colmo de males, el proyecto se hace público justo el día en que la Corte Interamericana de Justicia, con sede en la ciudad de San José de Costa Rica, notifica a las partes una contundente sentencia que pone fin, sin lugar a dudas, al largo contencioso entablado entre los sucesivos gobiernos provinciales y las comunidades indígenas del norte de la Provincia de Salta.
La lectura de la sentencia, de 133 páginas, no deja lugar a nadie indiferente: las tesis de los juristas a sueldo de los gobernadores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey han recibido la más dura descalificación, no solo jurídica, sino también lógica y moral, de que se tenga memoria.
Son los artífices de la derrota procesal más humillante los que impulsan ahora la reforma de la Constitución de Salta. Gustavo Sáenz es solo un procurador de esos intereses que han naufragado en el Caribe. La reforma que hoy se encuentra a consideración de la Legislatura provincial es producto de las mismas mentes perturbadas, de los mariscales de la derrota.
Es moralmente muy dudoso que los mismos a quienes la sentencia de la CIDH retrata como violadores seriales de los Derechos Humanos de los ciudadanos de Salta se encarguen ahora de reformar nuestra Constitución. Si antes tenían ya poca autoridad, ahora sencillamente no tienen ninguna.
Malos perdedores
La sentencia de la CIDH es tan exhaustiva y demoledora, que apenas deja hueco a la crítica.Sin embargo, los derrotados, malos perdedores, acostumbrados a las chicanas, a los alegatos de oreja y a las conexiones subterráneas con los encargados de impartir justicia, han salido a rebatir hoy mismo -ya de forma extemporánea e inútil- los fundamentos jurídicos que sostienen al pronunciamiento internacional.
Juristas de poca monta, sin ninguna experiencia en el terreno internacional y con una capacidad de argumentación jurídica virtualmente nula, pretenden ahora no solo deslegitimar al tribunal internacional -máxima autoridad continental en materia de Derechos Humanos- sino también imponer a un millón y medio de salteños una reforma constitucional diseñada a la medida de sus mezquinos intereses.
La maniobra ha dejado a la vista de todos el plumero de los «reformistas», que sin vacilar han incluido entre los puntos a reformar los párrafos 1 y 3 del artículo 156 de la Constitución de Salta, que son precisamente los que regulan la duración del mandato de los jueces de la Corte de Justicia y la extensión de su inamovilidad, respectivamente. No cabe ninguna duda de que lo que proponen los reformistas del gobierno es reducir los mandatos sucesivos del Gobernador (que ellos mismos se encargaron de extender mientras les convino) y establecer el de los Intendentes Municipales, pero ampliar hasta el infinito los mandatos de los jueces de la Corte de Justicia, que no solo son jueces, sino también administradores, legisladores, gerentes de personal, buenos padres de familia y expertos en virología.
La Legislatura de Salta debe devolver al gobierno este proyecto y hacerlo de forma inmediata. Pero no basta con un simple rechazo: es necesario que diputados y senadores se posicionen de forma inequívoca acerca de
(1) la oportunidad y la conveniencia de esta reforma,
(2) la participación en ella de los ciudadanos y de sus organizaciones,
(3) el liderazgo y la coordinación del proceso, que sin que nadie lo eligiera ha asumido el gobierno, y, por último,
(4) el contenido de la reforma.
En medio del terror desatado por la pandemia, en el preciso momento en que los ciudadanos, atemorizados, apenas si pueden salir de sus casas, por miedo al virus, pero también por miedo a la represión policial, cuando la comunicación pública funciona a medio gas, y cuando el prestigio de nuestros principales ‘juristas’ ha rodado por el fango, no se puede reformar una Constitución.