Se trata -al parecer- de un «manual de instrucciones» -como el que generalmente viene en la guantera de los coches, para saber dónde se encuentra la palanca que abre el baúl o la caja de fusibles- pero en este caso para decirle a los médicos y administrativos del hospital público de mayor complejidad de la Provincia cómo lidiar con los pacientes que pertenecen a alguna «etnia originaria».
Dice el el gobierno en su comunicación oficial que el manual tiene por objeto «optimizar el trabajo que se realiza a través de la Red de Apoyo Sanitario Intercultural», pero salvo que los aborígenes que demandan atención de su salud en el hospital público presenten algunas particularidades anatómicas, como por ejemplo tener tres pulmones o llevar el hígado a la izquierda, esta guía de procedimientos significa un atentado directo al derecho a la igualdad de trato de los usuarios de los servicios públicos.
El argumento del gobierno sobre que la finalidad de este manual es la de «fortalecer la atención oportuna, eficiente y respetuosa a la pertinencia (sic) cultural de cada etnia» es muy débil, por dos motivos:
1) Porque la atención oportuna, eficiente y respetuosa es debida a todos los ciudadanos, en estricta igualdad de condiciones, y
2) Porque la pertenencia (y no pertinencia) cultural de cada etnia, que bien podría justificar un trato diferente en materia cultural o lingüística, de ningún modo justifica un trato especial (mejor o peor) en el campo de la salud pública, un terreno en el que solo se debería distinguir entre personas sanas y enfermas.
Quizá la parte más vergonzosa de la comunicación oficial es la información «estadística» que dice que «se identificó un 49% de ingresos de pacientes wichís, 17% de kollas y guaraníes respectivamente y el resto, de comunidades diaguita, calchaquí, chorote y tapieté».
El gobierno no dice cómo si ha identificado a cada paciente; es decir, si lo ha hecho por su apariencia física exterior (o, interior, porque quizá por dentro también sean diferentes) o si por el contrario le han hecho rellenar al enfermo un formulario en el que fue compelido a decir a qué etnia pertenece, algo que está rigurosamente desalentado en numerosos instrumentos internacionales.
En Salta, los aborígenes tienen ya sus propias escuelas (como los dentistas) y van camino a tener sus propias salas de internación y tratamientos específicos «para su etnia» en los hospitales públicos, para regocijo del Gobernador y de unos funcionarios que creen que están haciendo lo correcto.