En algunos lugares de nuestra provincia se mata a las personas como si fueran insectos (especialmente en el caso de las mujeres) y, a aquellas que por alguna razón se les perdona la vida, se las priva de su libertad por los motivos más nimios y a través de procedimientos tan burdos que en cualquier país civilizado del mundo provocarían solo rechazo, indignación y escándalo.
Si dos de los derechos más importantes del ser humano (el de vivir y desplazarse) no valen casi nada en Salta, ¿por qué tendríamos que esperar que una jueza de garantías se esmere en colocar en el lugar que le corresponde a la libertad de expresión y el derecho a informar a nuestros semejantes?
Jueces como la señora María Edith Rodríguez -autora de un úkase que dejará pálidos a los dictados por el zar Alejandro- no existen para mejor cosa que para impedir que los inquisidores públicos le pasen una aplanadora a los derechos de las personas sometidas a proceso penal. A todas ellas. Es decir, a las que son delincuentes habituales y a las que no, con independencia de su culpabilidad o de su inocencia, que, en todo caso, siempre está (debería estar) asegurada hasta que un tribunal no pronuncie una sentencia condenatoria firme.
Si estos jueces, que acostumbran a celebrar pomposas audiencias de «control de legalidad» de las detenciones que alegremente practica la Policía, terminan por lo general cohonestando con sus decisiones los atentados más arbitrarios contra los derechos fundamentales de las personas que cometen otros, ¿qué razones tendrían para defender la libertad de expresión y darle el derecho a informar un lugar preponderante en el conjunto de las instituciones democráticas? Parece un poco exagerado, teniendo en cuenta su pedigrí, pedirles que se conviertan en celosos defensores de valores tan sofisticados, pues lo que han venido demostrando con sus acciones cotidianas es que no creen en ellos de ningún modo.
En realidad, los ciudadanos deberían someter cada cierto tiempo a los jueces de garantías a audiencias de «control de desempeño», para saber si la legalidad que ellos dicen aplicar en sus procedimientos es más o menos parecida a la que, de antemano y con libertad, han determinado los ciudadanos, que son los autores y los únicos dueños de las leyes. Los jueces son esclavos de la ley, como decía Montesquieu, y no sus propietarios, a pesar de que la Corte de Justicia de Salta y su hiperactividad acordaticia se empeñan todos los días en desmentirlo.
Con su bárbara decisión sobre nuestras libertades, la señora Rodríguez no ha hecho, pues, sino ejercer la coherencia propia de quien siempre ha seguido la misma línea.
Por supuesto que esta arbitrariedad no es un sarampión que afecte a todos los jueces de esta categoría, pues en Salta hay algunos -muy pocos, por cierto- que respetan la Constitución, la estudian minuciosamente, intentan mejorarla y hacen honor al cargo que ocupan. Pero otros trabajan sin dudas en una dirección frontalmente contraria, como lo demuestra la orden cursada por la señora Rodríguez al ENACOM para que los nombres, apellidos e imágenes de unos folkloristas de muy mala baba sean eliminados de la prensa; a menos, claro está, que la prensa hable de ellos como ellos desean que se hable.
Es curioso, porque nuestra Constitución consagra el derecho a la inmunidad de opinión de algunas personas, como los legisladores, que no pueden ser molestados ni reconvenidos por lo que digan en ejercicio de sus funciones, sin importar lo que digan o contra quien lo dicen. Se podría decir que se trata de la faz activa de la inmunidad de opinión. Sobre todo después de que la jueza Rodríguez nos haya descubierto que hay también existe lo que se podría llamar una inmunidad de opinión pasiva. Es decir, el privilegio de unas personas sobre las que no se puede decir ni escribir nada que no les guste.
Con su invento, la señora Rodríguez ha cortado el hilo que nos mantiene unidos. Los ciudadanos hemos dejado de ser iguales ante la Ley como dice nuestra Constitución. Ahora, después de su decisión, hay toda una clase numerosísima de ciudadanos que ocupan una posición exactamente igual frente al derecho que tienen los demás de expresarse con libertad, y, en frente de la mayoría, una franja minúscula de ciudadanos que están situados en un escalón superior al resto, puesto que de ellos no se puede hablar en libertad. Son superciudadanos.
Para alcanzar este estatus solo basta tener fama, dinero, influencia y cierto llegue con el poder. Ni siquiera hacen falta los servicios un buen abogado, pues pronto las medidas cautelares dejarán de dictarse en Salta a pedido de los interesados y serán los jueces los que directamente, en función de la cara del cliente y el cuadrante de dónde sople el viento, decidirán si somos o no capaces de disfrutar de determinados derechos. Al final, la Constitución está en manos de ellos y no en las nuestras.
En todo el mundo es bien sabido que los jueces tutelan con más intensidad el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas, que el derecho a la libertad de expresión. Así debe ser siempre. Pero solo cuando mediante el ejercicio puntual y concreto de la libertad de opinar se ha lesionado de forma efectiva alguno de los primeros. En Salta, en cambio, los derechos personalísimos se tutelan antes y con carácter general; es decir, sin esperar a que se produzca una lesión efectiva. Lo cual significa que son los jueces quienes le dicen a los informadores públicos lo que estos deben hablar o escribir, según su propio criterio, según el criterio judicial.
Los jueces de Salta, que son tan amigos de eludir el pronunciamiento de sentencias argumentando que el objeto del pleito «ha devenido abstracto», se han desayunado ahora con que la jueza Rodríguez ha conseguido lo que muchos no pueden: emitir mandatos generales con un altísimo grado de abstracción, aun cuando no hay pleito ni objeto litigioso en el horizonte. Solo porque a unos folkloristas de piel muy fina se les ha ocurrido. Y a los comunicadores, que trabajan para que los ciudadanos conozcan la verdad o se acerquen a ella, que les den morcillas. El contenido de su trabajo no lo definen ellos (los profesionales de la información), como sucede en todo el mundo, sino los jueces de garantías (los mayores enemigos de las libertades públicas).
Esta es la democracia que hemos construido en Salta en 33 años: la de los folkloristas omnipotentes y la de los jueces que le bailan el agua ni bien aquellos agitan sus alitas. El gobierno subvenciona a unos y paga el sueldo de los otros, sin saber que entre los dos (o quizá entre los tres) le están haciendo un daño enorme a la democracia.
Solo cabe esperar, pues, que algún tribunal superior, previo ataque de sensatez (que va a ser difícil que se produzca), se ocupe de poner en su lugar los derechos injustamente avasallados, y que el Jurado de Enjuiciamiento estudie detenidamente si la señora Rodríguez es o no respetuosa de la Constitución que juró observar y si merece o no conservar su cargo, porque esperar a que el gobierno deje de subvencionar a los folkloristas gritones y a los gauchos, que utilizan un dinero que es de todos para despintar pañuelos pintados en el suelo, será inútil, al menos en los próximos veinte años.