En efecto, por segunda vez en pocos meses la señora María Edith Rodríguez, titular de aquel ya devaluado órgano judicial, ha ejercido una especie de «censura preventiva» al dictar -a pedido de parte, hay que reconocerlo- una resolución judicial con forma de medida cautelar que prohíbe a los medios de comunicación referirse a determinadas personas y relacionarlas con determinados sucesos, sin que el hecho de hacerlo constituya, en principio y por sí, ilícito penal alguno.
Los abogados del perverso productor cinematográfico Harvey Weinstein, enterados de esta curiosa interpretación del derecho de las libertades fundamentales que se ha hecho en el otro hemisferio, se han dado a la tarea de conseguir, del modo que sea, el teléfono de la audaz jueza salteña, con la intención de que la magistrada ordene también al New York Times, al Huffington Post, a Los Angeles Times, al Chicago Journal y al USA Today, que se abstengan de relacionar a The Weinstein Company, el conjunto folklórico fundado en la ciudad de Nueva York por Bob y Harvey Weinstein, después de que ambos dejaran Miramax, con cualquiera de los deslices sexuales del mayor de los hermanitos.
Es que, obstinados como son, aquellos periódicos americanos están haciendo trizas, no solo al regordete Harvey sino también a su hermano y a la productora, sin que, en principio, ni el primero ni la segunda tengan directamente nada que ver con los comprobados abusos y acosos sexuales que han sacudido al mundo.
Tanto es así que The Weinstein Company ha tenido que solicitar su quiebra y ser reemplazada por otra empresa -Lantern Entertainment- que anda dando tumbos por el mundo y pagando deudas cuantiosas.
Todo se explica porque los Weinstein no han tenido la suerte de haberse podido vacunar en Salta, en donde otros multimillonarios magnates del espectáculo en apuros acostumbran a solucionar sus problemas mediáticos pidiéndole a la señora María Edith Rodríguez que intervenga con sus armas reglamentarias, las que le proporciona «la repartición».
Si hubiesen sabido antes que una jueza de Salta anda regalando indulgencias plenarias en forma de medidas cautelares, esta es la hora que The Weinstein Company habría visto cómo, en vez de desplomarse y sumergirse en el submundo bursátil, sus acciones subían escandalosamente en Wall Street.
Es muy curioso lo que sucede en Salta con los delitos y el honor de las personas que aparecen vinculados a ellos. Por ejemplo, un zoon mediatikón de pata negra, como el Procurador General, no tiene problemas para pasearse por los estudios de radio y televisión esparciendo sospechas sobre unos y otros, sin pruebas ni límites éticos ni de ninguna naturaleza. Lo mismo hacen los medios de comunicación, pero hasta que se topan con un grupo de millonetas que saben exactamente qué tienen que hacer para que no se hable de ellos en relación con un delito.
En Salta se publican alegremente fotos de muertos en accidentes de tráfico, fotos de niños en situaciones desfavorables, fotos de mujeres desfiguradas, noticias horribles noveladas; se filtran las pruebas más reservadas de los expedientes penales que terminan publicadas en los diarios y se cometen toda suerte de actos espantosos contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas, ante la solemne impavidez de los jueces y fiscales, pero guay de que alguien haga el amague de referirse aunque sea elípticamente a algún poderoso, guay de que alguien les relacione, aunque sea por parentesco, con algún ofensor público, pues en ese caso entra a tallar doña Rodríguez, para quien la Constitución es una especie de compendio de palabras para la meditación y no un cuerpo de normas vibrantes y rabiosamente vigentes.
Tan inútil es nuestra Constitución, que el tercer párrafo del artículo 160 instituye algo denominado Jurado de Enjuiciamiento para destituir a aquellos jueces y fiscales que no han seguido «la huella resta». Pero así como se ignora la primera parte de la Constitución, la que consagra y protege los derechos fundamentales más sagrados del individuo (y de la democracia), nadie parece darle importancia al artículo 160, sobre todo, en casos como el de The Weinstein Company en el que el poder del dinero claramente termina imponiendo a una magistrada un comportamiento digno de una república bananera.