La respuesta a esta pregunta podría ser positiva si nos fijamos en las cifras difundidas hace dos días por la Secretaria de Justicia del gobierno de Salta, señora Carina Iradi, quien ha confirmado que durante los escasos cinco meses que lleva funcionando el denominado Registro Provincial de Condenados vinculados a Delitos contra las Personas y contra la Integridad Sexual y Banco de Datos Genéticos, ya se han inscrito aquí 210 sentencias por agresión sexual.
Se trata -vale la pena advertir- de la cifra de condenados por este tipo de delitos, y no de las cifras de casos o de denuncias, que lógicamente es mayor.
Solo contabilizando las condenas y las operaciones registrales efectivas, entre los meses de agosto y diciembre de 2018 se han registrado en Salta 210 sentencias por delitos contra la integridad sexual; es decir, casi una violación y media por día.
La cifra es altísima, cualquiera sea el país -culturalmente homologable al nuestro- con el que nos comparemos. Solo por mencionar una realidad que nos toca de cerca, diremos que durante los tres primeros meses del año 2018 se registraron en España 3025 casos de este tipo (no solo condenas, sino casos efectivamente denunciados), lo que significa unos 1008 casos por mes. Teniendo en cuenta que España en su conjunto tiene una población 36 veces más grande que la de Salta, la desproporción es notable.
Lo más lamentable del caso no son las cifras, sino que la secretaria Iradi las haya presentado con una mueca de satisfacción, como si estuviera contando los órganos donados para trasplante o alguna otra actividad humana altruista y edificante.
Iradi hablaba de delitos graves, pues el mencionado registro -del que hasta ahora no se sabe que haya aportado un solo dato para esclarecer una violación o algún otro crimen- incluye también a 232 personas que han sido condenadas por delitos graves contra sus semejantes.
Aunque registros del mismo tipo funcionan en otras provincias argentinas y en otros países del mundo, enorgullecerse por la cantidad de filas que pueblan la base de datos de la ignominia es sencillamente irresponsable. Entre otros motivos, porque la secretaria de Justicia forma parte de un ministerio que tiene el deber legal de velar por la igualdad y los derechos de las mujeres, que son las principales víctimas de este tipo de crímenes. No se sabe, pues, qué está haciendo el ministerio en el que trabaja la señora Iradi para que el registro de condenados tenga menos huéspedes, pero sí se sabe que mientras más tenga, más contento parece estar el gobierno.