Según López Arias, la sobrepoblación penitenciaria de Salta se debe ‘al sistema penal acusatorio’

  • Si nos dejamos llevar por sus declaraciones, tendríamos que aceptar que en vez de que la vigencia del sistema acusatorio se haya traducido en Salta en un aumento de la racionalidad punitiva, lo que este sistema ha conseguido -desde la reforma de 2011- es que la cárcel sea en nuestra provincia la norma y la libertad personal una desafortunada excepción.
  • Unas declaraciones insólitas y vergonzosas

En Salta hay más presos que antes; no porque haya aumentado la delincuencia, sino porque ahora se encarcela más y mejor a la gente. Es decir: no han aumentado las comodidades, pero el número de huéspedes ha crecido como la espuma.


A esta tristísima conclusión se arriba después de leer las insólitas declaraciones del Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial de Salta, señor Marcelo López Arias, que ha explicado al diario El Tribuno que la «excedida capacidad carcelaria» obedece nada menos que a la llamada desfederalización del microtráfico (medida que permite que los tribunales provinciales sean competentes para entender en la persecución y juzgamiento de los delitos de tráfico de droga de menor cuantía) y -sorprendentemente- «al trabajo de la Justicia a partir de la instrumentación del sistema acusatorio».

Quiere decir que para el funcionario del gobierno que está llamado a velar por el respeto a nuestras libertades más fundamentales -entre ellas, la libertad personal y el respeto a la presunción de inocencia- el sistema penal acusatorio, ese mismo que atribuye a los fiscales el poder de instruir los sumarios penales y que reserva a los jueces de garantías el papel de últimos guardianes de la regularidad legal del procedimiento, no es en sí un instrumento para promover el respeto de las garantías procesales ni para tutelar mejor los derechos fundamentales de las personas, sino que es una máquina, bastante bien aceitada por cierto, para encarcelar cada vez a más gente.

Es decir, que en vez de que la vigencia del sistema acusatorio se haya traducido en Salta en un aumento de la racionalidad punitiva, lo que este sistema ha conseguido -desde la reforma de 2011- es que la cárcel sea en nuestra provincia la norma y la libertad personal una desafortunada excepción.

No dice López Arias -como no dice Urtubey- que la criminalidad haya aumentado en Salta, por lo que solo cabe pensar que «el trabajo de la Justicia», con el sistema acusatorio, ha hecho que hoy se persigan más delitos de los que se perseguía antes con el anterior sistema, un sistema inútil e ineficiente en el que los antiguos jueces de instrucción -esos despistados que funcionaban como coladeras de un sinnúmero de delitos- tenían el control absoluto del proceso en su fase inicial.

Si hoy las cárceles de Salta están a reventar «gracias» al sistema acusatorio, es o bien porque los fiscales actuales son unos linces y no se les pasa una (y consecuentemente los jueces de instrucción de antaño eran unos inoperantes de mucho cuidado) o bien es porque la combinación entre los nuevos fiscales instructores y los nuevos jueces de garantías es realmente letal para las libertades fundamentales de los individuos.

Es por estas razones que la revelación del ministro López Arias, más que sorprendente, es catastrófica y vergonzosa para un gobierno que ha hecho de la defensa nominal de los Derechos Humanos su bandera. Porque nadie en su sano juicio puede justificar la saturación de las cárceles en el funcionamiento «normal» de la represión institucionalizada de los delitos, sin al mismo tiempo reconocer, o bien el aumento desbocado de la criminalidad (extremo negado por el gobierno) o bien el impresentable abuso de fiscales y jueces de garantías a la hora de pedir y acordar prisiones provisionales.

Respetar los Derechos Humanos no es solamente «empoderar» a unas feministas que ingenuamente creen que viven instaladas en el futuro al que volvió Marty McFly, pero que en la realidad enarbolan consignas ancladas en la prehistoria del feminismo. Respetar los Derechos Humanos es también ser conscientes de que nuestras cárceles no pueden estar a rebosar de presos sin condena, de gente encarcelada por meras sospechas, por apariencias delictivas discutibles, por venganza política o hinchadas de condenados de antemano por su color de piel, su clase social o su estatus socioeconómico.

Y el responsable -tanto de la saturación penitenciaria como de la deriva represiva de un sistema penal diseñado para ampliar las garantías y no para restringirlas- es el gobernador Urtubey y por debajo de él este venerable y encanecido señor que se muestra estúpidamente orgulloso de que en Salta las cárceles estén bien llenas, por «el buen trabajo» que hace la Justicia.