Los insultos en la Argentina se están volviendo cada vez más finos y más académicos. Así lo demuestra el incidente callejero entre un grupo de policías marplatenses y un juez de aquella ciudad, que se habrían enzarzado en una discusión por la detención de un presunto infractor de la ley.
Ni el relato periodístico de los hechos ni el vídeo que acompaña la noticia son concluyentes y no permiten, por tanto, saber quién lleva la razón en la disputa. Pero para hacerse una idea de lo que pasó, hay que tener en cuenta lo siguiente:
1. Que si los policías rechazaron la intercesión del supuesto juez es porque estaban actuando como policías del orden público y no como policía judicial. Es decir, no lo hacían siguiendo las órdenes de ningún tribunal.
2. Que salvo que se hubiera tratado de la detención de una persona que se evadió de la cárcel y que quebrantó su condena, jamás se puede hablar de la «detención de un delincuente». En nuestro sistema constitucional, ninguna persona merece tal calificativo hasta que un juez, y mediante sentencia firme, diga que ha cometido un delito castigado por el Código Penal. Es decir, que teniendo en cuenta la salvedad inicial, el incidente versó, casi seguramente, sobre la «detención de un inocente presunto».
La reacción del policía contra el juez solo puede interpretarse como la defensa de sus propias atribuciones como policía. Es decir, en el momento de practicar una detención sin orden judicial el policía no puede sufrir in situ la interferencia de ninguna otra autoridad, puesto que es él la máxima autoridad en ese momento. Un juez, por muy juez que sea, no puede irrumpir en el lugar y gritar -como lo hizo alguna vez una jueza en Salta- «¡yo soy más que la licenciada!»
En una situación como la descrita, el juez puede actuar como cualquier ciudadano lo haría frente a la sospecha de que ante sus ojos se está consumando una detención ilegal; es decir, un delito de acción pública. En tales casos, el juez no puede exceder los límites de la actuación ciudadana. Si invoca en el momento su rango de juez, intenta dar órdenes a los policías o los amenaza con sanciones, estaría excediendo claramente estos límites.
Una vez sentados estos criterios elementales, corresponde decir que el policía, aun interferido o obstaculizado en su tarea de detener a una persona, no puede dirigirse ni a un juez ni a un ciudadano profiriéndole insultos. Si una persona obstruye en un momento determinado la actuación regular de las fuerzas del orden, lo que corresponde es detenerlo, no insultarlo.
Ahora, los insultos
Nada autoriza a un policía a llamar «corrupta» en la calle a una persona que no conoce. Menos admisible es todavía que la califique de este modo solo porque la persona desconocida se identifica ante él como juez. Es como si alguien se identificara ante la policía como «remisero» y los policías, sin mediar ningún tipo de juicio y sin ninguna prueba, lo llamen «ladrón».Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que se pretenda insultar a alguien llamándole «¡garantista!». Este sí que es un insulto sofisticado.
Dado que las garantías procesales están contenidas y expresadas en la Constitución y en la ley, el policía podría también haber intentado insultar al juez gritándole «¡constitucionalista!» o «¡legalista!».
Alguien se ha inventado en la Argentina que las garantías que protegen la libertad personal de los individuos existen para beneficiar a los delincuentes. Y hay muchos que se han creído el invento. Son los partidarios de los juicios sumarísimos en las esquinas, los deciden en segundos la culpabilidad o inocencia de una persona, aunque sea en base a evidencias circunstanciales, o frente a ninguna evidencia.
Si para ser considerado «ladrón» basta con ser, por ejemplo, «remisero» ¿para qué tanto papeleo, tantas audiencias, tantos fiscales y tanto juicio? Metamos presa a la gente en las esquinas y dejemos que la Policía decida libremente quién va adentro y quién no.
Es decir, hagamos como hacía la policía del general Videla y después salgamos a decir que la dictadura militar fue una auténtica porquería, o que el gobierno de Macri «es peor que la dictadura».
Uno de los detalles que diferencia a la democracia de la dictadura es precisamente la existencia de «garantías» y de «garantistas». Si archivamos las primeras e insultamos a los segundos no hacemos mejor cosa que acercarnos a los sueños más delirantes del general Videla y de sus secuaces, quienes por cierto todavía pululan entre nosotros.