Para Catalano, la presencia de crucifijos en los juzgados ‘depende de las creencias de los jueces’

El presidente de la Corte de Justicia de Salta ha dado hoy una muestra más de su concepción «patrimonialista» del poder, al decir a un medio de comunicación de la ciudad de Salta que en los juzgados «hay libertad» y que en materia de crucifijos «se respeta la creencia de cada uno de los jueces».

Como Lenin, que se preguntaba qué utilidad podría tener la libertad en la dictadura del proletariado, Catalano piensa que «la libertad» en el mundo judicial se circunscribe a la esfera individual de los jueces, y que si estos, en uso de tal libérrima facultad, deciden instalar un crucifijo en sus salas de vistas, «la libertad» de los justiciables no interesa para nada, porque los juzgados, en vez de ser del pueblo, como dice la Constitución, son de los jueces.

Si la presencia de un crucifijo en una sala judicial de audiencias (no hablamos de los despachos de los jueces) agravia o limita la libertad religiosa de las personas que acuden a esta sala, es un asunto que se puede discutir hasta el infinito. Lo que no se puede admitir de ningún modo es que las normas constitucionales que nos rigen, y que tienen a los jueces de la Corte de Justicia por últimos intérpretes, protejan antes la libertad de los jueces que la libertad de los justiciables.

Por ejemplo, una cosa es que el gerente del Hospital San Bernardo tenga un símbolo étnico en su oficina (una brillosa wiphala aymara) y otra cosa bien diferente es que el mismo símbolo ondee en los quirófanos en los que se opera a la gente.

Es evidente que si quien tiene que tomar la decisión de colocar, mantener o retirar un crucifijo de una sala en la que se ejerce el poder del Estado solo debe atender a su propia voluntad (a sus propias «creencias»), ese magistrado tiene sobre la cuestión religiosa un poder diferente, superior al de los ciudadanos comunes, cuya voluntad no consulta ni consultará, porque el presidente de la Corte de Justicia, que es el que manda, lo considera simplemente innecesario.

No interesa la pluralidad religiosa de sus magistrados; es decir, si son mayoritariamente cristianos, ateos o pachamamistas, como los hay muchos. Lo que interesa en cualquier caso es que estos señores tan creyentes o tan no creyentes ejercen su oficio en nombre del pueblo, no en nombre de Dios ni del demonio, por lo que, con independencia de lo que ellos crean, sus decisiones y hasta sus gestos deben estar despojados de cualquier significado religioso. Es por esta razón que la «libertad» que para ellos reclama el presidente de la Corte de Justicia no tiene ningún sentido y, al contrario, expone a que los criterios religiosos, las creencias, tomen el lugar que corresponde a la ley que ha sancionado la representación del soberano.

Imagínese por un momento si a un juez español le fuera permitido libremente descolgar el retrato del rey de la sala de audiencias, como una especie de gentileza hacia sus convicciones republicanas. El caso es que la justicia de este país se ejerce -bien que de modo simbólico- en nombre del rey, y ninguna persona, por muy juez que fuese, debería estar autorizado a quitar de las salas de vistas el retrato del Jefe del Estado. No es esta precisamente una cuestión de «libertad».

Puede seguir habiendo crucifijos en las salas de audiencias judiciales de Salta o se los puede quitar, pero jamás se podrá entender una u otra cosa como la expresión de la augusta «libertad» de un juez, como pretende el presidente de la Corte de Justicia, porque si para colgar o descolgar un crucifijo del salón de plenos de la Legislatura de Salta hace falta una decisión del soberano -y no es la «libertad de credos» del Indio Godoy o la de Verbitsky la que decide- igualmente será necesaria una decisión del mismo sujeto soberano para hacer una cosa parecida en las oficinas judiciales.

Solo faltaría en Salta que la Legislatura fuese de todos y que los juzgados fuesen del señor Catalano y de sus amigos.