Al igual de lo que sucede en China y en Rusia, dos enormes países en los que las libertades no alcanzan los estándares mínimos de las democracias occidentales, en Salta el gobierno ha anunciado que está probando el funcionamiento de las nuevas cámaras «inteligentes», que detectarán automáticamente (esto es, sin que nadie apriete un solo botón o haya un caso puntual que lo justifique) «rostros y patentes».
Según se desprende de la información oficial, el gobierno de Urtubey piensa echar a andar muy pronto las nuevas cámaras y el nuevo software, que abren las puertas a la pesadilla orwelliana de una sociedad controlada a través de pantallas omniscientes.
Lo llamativo es que mientras esta grave amenaza se cierne sobre las libertades de los ciudadanos, las preocupaciones colectivas en Salta parecen hoy limitadas a la pirotecnia verbal de un diputado homófobo, que ha hecho de la provocación su principal reclamo y al que no se le debería dar la menor importancia.
El gobierno -qué duda cabe- se beneficia de esta situación, por cuanto los encontronazos entre las feministas orgánicas -casi todas ellas deslenguadas- y los homófobos declarados le permiten desplegar, por detrás del barullo, toda una política planificada de control sobre los movimientos ciudadanos.
Parte el gobierno del razonamiento -no siempre acertado- de que las cámaras de vídeovigilancia hacen que las personas se sientan más seguras, al saber que los potenciales transgresores de la ley están siendo vigilados.
Pero los defensores de la privacidad y un número significativo de ciudadanos celosos de su intimidad personal se sienten especialmente incómodos con la idea de que el Gran Hermano urtubeysta esté monitorizando detrás de las pantallas hasta el más mínimo movimiento público en las calles.
Por saber, el gobierno sabrá quién entra a un banco, o sale de una farmacia, quién se sienta en una confitería y con quién, quién sale con las bolsas llenas de la Tienda San Juan, quién acude a una manifestación frente a la Catedral con pañuelos azules y quién lo hace con pañuelos verdes, o qué libros se compra uno en la librería. No solo los delincuentes están bajo vigilancia. Los que llevan una vida normal y decente también lo están.
Uno de los principales problemas es que en Salta no hay una norma que diga qué uso hará la Policía de la información personal de toda esa gente que ha sido captada por la calle, sin ninguna intervención de su voluntad, o un instrumento que regule el tiempo durante el cual la Policía puede almacenar legítimamente esos datos. Tampoco existe una idea clara de los recursos efectivos que puede oponer la persona afectada contra la arbitrariedad policial en el uso de su información biométrica. El optimismo tecnológico desbordante del gobierno provincial no permite atisbar una salida para quienes deseen acceder a su información personal almacenada en los servidores de seguridad o, eventualmente, cancelar esos datos.
En los países democráticos en los que la policía utiliza tecnologías similares, la preocupación ciudadana ha conseguido restringir su empleo a los crímenes más graves, ya que -entienden- no se puede utilizar de manera ilimitada, sin controles efectivos y para resolver los asuntos más intrascendentes. En Rusia, por ejemplo, el reconocimiento facial se emplea para identificar a manifestantes y para identificar a cualquier persona, por cualquier motivo.
La situación es mucho más grave si se tiene en cuenta que periódicamente y sin amparo legal alguno, la Policía cede o facilita el acceso vídeos registrados por sus cámaras callejeras a ciertos medios de comunicación, que los publican como si fuesen vídeos virales.
Los salteños no deberían preocuparse tanto por las discusiones superficiales sobre las ventajas e inconvenientes del feminismo y otros tantos debates estériles, sino hacer esfuerzos concretos para evitar que un exceso de celo en la defensa de la seguridad, a través de la instalación de cámaras de vídeovigilancia en lugares públicos, pueda perturbar el libre ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
Es llamativo y hasta chocante que ciertos sectores protesten por el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera con Bolivia, pero que esos mismos sectores guarden silencio frente a tan sibilina intervención de la Policía en vida cotidiana de las personas. Aún no ha dicho la Policía si para identificar a sospechosos utilizará solamente las fotografías de ciudadanos prontuariados, o si echará mano de la base de datos de fotografías del Registro Civil, lo que requeriría un enorme despliegue técnico y una operación jurídica de gran envergadura.
La tecnología de reconocimiento facial aplicada a la vigilancia ciudadana es parte de lo que se conoce como «policía predictiva», cuyo objetivo es actuar antes de que el delito se produzca. Sin embargo, la capacidad de predicción de la Policía de Salta es -como casi todo el mundo sabe- virtualmente nula, si se excluye el recurso a mediums y tarotistas. Lo es, entre otros motivos, porque si bien nuestra fuerza de seguridad dispone de más de 12.000 hombres y mujeres armados hasta los dientes, no dispone de recursos humanos con buena formación cívica y tecnológica en cantidad suficiente, así como tampoco de medios que le permitan asegurar la integridad y seguridad de sus sistemas, y menos de una base de datos con millones de caras, como necesita un invento como este para funcionar de forma eficaz y segura; es decir, para evitar las falsas identificaciones.
El uso de inteligencia artificial y los algoritmos cada vez más sofisticados permiten seguir a alguien a través de las cámaras de seguridad instaladas en espacios públicos y analizar minuciosamente sus movimientos, así como su lenguaje corporal. Los policías de Salta -algunos con el sexto grado aprobado- podrán hacerlo sin que nosotros podamos hacer nada para oponernos.
Con la ingente recopilación de datos se pretende, mediante modelos estadísticos, predecir dónde se puede cometer un delito y quién es susceptible de cometerlo. Dejar estas herramientas en manos de agentes preparados para lidiar con robos de gallinas y pequeños trapicheos con las drogas, comporta exponer las libertades y los derechos de los salteños a peligros enormes y nunca antes conocidos.
Para finalizar, se debe recordar que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), que entró en vigor el pasado 25 de mayo, se estructura alrededor del principio general de minimización de datos, que manda a que la utilización de videocámaras sea proporcional, en su doble vertiente de idoneidad y de intervención mínima. En este sentido, la intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, del equilibrio entre la finalidad pretendida y la posible afectación, por la utilización de la videocámara, al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas.
En resumen, que se ha puesto en marcha en Salta un sistema de control ciudadano cuya potencia tecnológica excede con creces el marco del cuidado de la seguridad en las calles y que, por ello mismo, requiere urgentemente de la intervención de los ciudadanos para exigir un marco normativo que limite el uso de estas tecnologías y lo sometan a un estrecho control y seguimiento por parte de organismos independientes, que no dependan ni sean subvencionados directa o indirectamente por el gobierno.
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