El Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial de Salta, señor Marcelo López Arias ha reconocido en una emisora de radio que las cárceles que de él dependen se encuentran saturadas y los presos allí alojados viven una situación de «hacinamiento extremo».
Lo llamativo de estas declaraciones es que no han sido efectuadas por el funcionario en el tono autocrítico que sería de esperar sino en un tono triunfalista, ya que en ningún momento se ha lamentado de que los presos malvivan en tales condiciones. Al contrario, el señor López Arias se ha congratulado de que así ocurra, diciendo que los reclusos disfrutan de un exquisito respeto por sus derechos humanos.
Es ciertamente grave que el responsable de velar por la vigencia de este tipo de derechos en Salta celebre que las cárceles provinciales se encuentren saturadas y que los reclusos sufran el hacinamiento extremo, porque los carceleros «los tratan bien», a pesar de vivir tan apretados. Si esa es la idea del valor y el alcance de los derechos humanos que tiene el señor López Arias, ya podemos imaginarnos por qué el gobierno dice con frecuencia que las mujeres están mejor que nunca en Salta cuando se han disparado las cifras de asesinatos por violencia de género hasta colocar a nuestra Provincia a la cabeza de las estadísticas nacionales.
Pocos gobernantes en el mundo poseen el talento necesario para convertir la vergüenza pública de sus desaciertos en un motivo de orgullo.
Pero, desde luego, la responsabilidad de esta situación en las cárceles provinciales no es solo del ministro que las gestiona directamente, sino también de la Corte de Justicia de Salta y de los jueces que la integran, que tienen el deber -impuesto por el artículo 166 de la Constitución provincial- «de velar por el correcto cumplimiento de las leyes y garantías y de los derechos humanos en las cárceles y todo otro establecimiento de internación».
López Arias ha deslizado que uno de los motivos del crecimiento de la población carcelaria en Salta son los cambios en la competencia del juzgamiento y castigo de los delitos de menor cuantía relacionados con las drogas, pero la explicación no justifica ni la imprevisión del gobierno ni la impavidez de los jueces de la Corte de Justicia, que debieron advertir, antes incluso que el gobierno, la escandalosa situación que se vive en las cárceles salteñas.
El «buen trato» de los carceleros -que es lo mínimo que se puede esperar en un Estado de Derecho- no es suficiente para cumplir con la manda constitucional de que las cárceles sean espacios para la reeducación y la reinserción social de los reclusos y que sean «sanas y limpias». Una situación como la que describe el ministro López Arias es incompatible con cualquier estándar de bienestar penitenciario, y atenta frontalmente contra las previsiones constitucionales.
Ni el gobierno ni los jueces del alto tribunal pueden ampararse en el súbito aumento de los delitos desfederalizados para justificar su falta de previsión y su carencia de imaginación a la hora de alumbrar soluciones eficientes a un problema grave, que no solo rebaja la dignidad de quienes tienen derecho al respeto de sus derechos fundamentales sino que constituye un desafío de salud pública de extraordinaria magnitud.
Es impensable que estos problemas puedan solucionarse solo con el «buen trato» de los agentes penitenciarios, que ya han demostrado en ocasión del horrible asesinato de la joven Andrea Neri, en el interior de la misma cárcel, que los errores in vigilando del gobierno se multiplican por mil a medida que se desciende un poco en la escala de responsabilidad administrativa.
O el señor López Arias se muestra dispuesto y capaz de tomar medidas para evitar el hacinamiento extremo que acaba de reconocer en la radio, o su deber es renunciar inmediatamente y dejar paso a una persona que adopte las medidas que son necesarias para restituir la dignidad a los presos y la seguridad a las cárceles. Lo mismo se puede decir de los jueces de la Corte de Justicia, que parece que cuando visitan los establecimientos penales ven solo lo que los carceleros quieren que vean y que, por miedo o por desidia, toleran con cierta alegría que el gobierno mantenga unas cárceles tercermundistas.
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