La 'promesa ambiental' y los derechos de los niños y las niñas

Lo primero que quisiera dejar claro al comenzar esta reflexión es que la educación de los niños para el cuidado del medio ambiente es necesaria y hace parte de su formación como ciudadanos, uno de los objetivos fundamentales de la educación pública. De ningún modo puedo estar en contra de este tipo de enseñanza, sino más bien al contrario.

Dicho lo anterior, propongo al lector que repase en voz alta el texto del juramento ambiental que propone la fundación del músico Charly Alberti y a continuación se fije detenidamente en el gesto de esos pequeños niños salteños, con la mano sobre sus corazones, formulando una promesa similar -si acaso la misma- en un acto organizado por los poderes públicos.

Texto del juramento

«Conociendo la gravedad y complejidad de los problemas ambientales que afectan al mundo contemporáneo, reconociendo la importancia del cuidado del medio ambiente para la calidad de vida tanto mía como de mis seres queridos y la humanidad toda, entendiendo que somos parte integral de la naturaleza y que sin ella no podemos sobrevivir, comprendiendo la riqueza inigualable del patrimonio natural mundial y en particular de mi país, juro comprometerme a proteger los ecosistemas y toda forma de vida manifiesta sobre el planeta más allá de las fronteras de los países, que la naturaleza trasciende. Soy desde hoy protector de la naturaleza, de la biodiversidad, de los bienes comunes de la Tierra, comprometiéndome a adoptar y difundir hábitos y conductas que transformen la sociedad para lograr el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del planeta, resguardando el derecho de las futuras generaciones de acceder a las mismas posibilidades a las que yo accedo hoy».

Mucho más brutales que el texto del juramento son los fundamentos de la ley provincial salteña 8011, que dicen que la promesa persigue como «objetivo máximo sellar en su mente y corazones (los de los niños) el compromiso y la responsabilidad para con su entorno».

Mentes infantiles

Tanto el juramento como la promesa exigen como requisito para su validez que la persona que los presta sea capaz de comprender, no solo el significado de los términos en que están formulados, sino también el exacto alcance de los deberes, obligaciones y compromiso que en virtud de tales actos asume.

En cualquier etapa de la vida, juramento y promesa son actos de conciencia cuya finalidad es limitar -en ocasiones de forma obligatoria y en otras de forma voluntaria- no ya la libertad de conciencia de cada uno sino la libertad de obrar, en el marco de las leyes que nos rigen.

Por tanto, antes que nada, conviene entender qué es lo que se promete o se jura.

Un niño de edades tan cortas, como los que aparecen en la foto, difícilmente comprenda «la gravedad y complejidad de los problemas ambientales que afectan al mundo contemporáneo».

No digo que sea imposible; simplemente que es difícil alcanzar a cierta edad una comprensión cabal de una realidad tan complicada, y que, de existir esta capacidad en niños pequeños, es inconveniente influir en la mentalidad infantil pretendiendo que asuman posiciones respecto de cosas en las que los adultos, en ocasiones, no conseguimos ponernos de acuerdo.

Piénsese por ejemplo en lo que significan los conceptos de «ecosistema», «patrimonio natural mundial», «desarrollo sustentable», «calidad de vida» y en que esas mismas ideas, que no poca controversia generan, son convertidos en un juramento infantil en valores absolutos, sin escapatoria ni contradicción posible.

Educación en valores y adoctrinamiento

A mi juicio, y con las cautelas del caso, una promesa ambiental formulada en estos términos no forma parte de la necesaria educación de los niños en el respeto de los valores compartidos por todos.

A la hora de formar ciudadanos críticos y responsables se ha de evitar siempre el adoctrinamiento. Y aunque no estamos ante una frontera sutil o escasamente definida, se cae en el vicio del adoctrinamiento cuando de promesas y juramentos de este estilo se desprende la constatación de que a los niños no se les enseña a que vivimos (o convivimos) en una sociedad plural, de ideas discrepantes, en la que poco espacio tienen ya (o deberían tener) las visiones absolutas sobre cualquier asunto.

Si la educación en valores supone la formación infantil en el respeto más horizontal y recíproco a la tolerancia (por adoptar solo una de las posturas posibles en la materia), es siempre necesario distinguir, y hacerlo de la manera más precisa que nos sea posible, entre los máximos morales privados y los mínimos comunes, socialmente compartidos. La educación en valores debería centrarse únicamente en estos últimos.

Y aceptando que la tutela del medio ambiente pueda integrar el segundo grupo de normas morales, no creo que sea conveniente perder de vista que los consensos en esta materia pueden cambiar, ya que los valores compartidos -casi por definición- están sometidos a una constante revisión.

Cuando, bajo el pretexto de difundir los estándares morales mínimos socialmente compartidos se avanza sobre el ámbito específico de los máximos morales privados -como podría estar sucediendo en este caso- la educación en valores degenera en adoctrinamiento.

Los derechos de los niños

En cualquier caso es cuestionable que quien organice declaraciones solemnes de esta naturaleza sea el Estado (en este caso, el gobierno de Salta) y que el objetivo que persiga con ellas consista en «sellar las mentes y los corazones» de los niños.

El artículo 14.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados Parte a respetar el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

Si se me permite, en la promesa ambiental colectiva realizada días pasados en Salta aparecen comprometidas las tres libertades juntas, porque aunque en otras culturas el cuidado de la naturaleza pueda aparecer como desvinculado de las creencias religiosas, no sucede así en Salta y en buena parte del norte argentino, en donde la religiosidad ancestral se basa en el culto a la Madre Tierra.

Un niño adoctrinado en el valor absoluto de la naturaleza y urgido por su juramento a proteger «los bienes comunes de la Tierra» recibe una determinada clase de información que puede, llegado el caso, modificar, amplificar o disminuir sus propias convicciones religiosas.

Tiendo a ver, con una desconfianza cada vez más intensa, todos aquellos actos concertados que tienen por objeto reducir la diversidad de las ideas y orientar el pensamiento de una manera predeterminada. Pero mucha más desconfianza me produce cuando este tipo de actos están dirigidos a la infancia y su objetivo es influir en parcelas de la vida humana en la que las leyes que nos rigen son cada vez más claras y más efectivas. Y no digamos ya la sensación que experimento cuando compruebo que el mismo gobierno que le habla a los niños de «sustentabilidad» y de «patrimonio natural de la Tierra» se niega a explicarles a los niños que a los bebés no los trae una cigüeña desde París.

Pienso que de algún modo este tipo de operaciones de conciencia parte de la base de un complejo colectivo que nos empuja a pensar que todos nuestros semejantes son transgresores de las normas jurídicas, actuales o en potencia. Lo que no consigue la coerción estatal, por la propia fuerza de la ley, se busca obtener por medio de la sujeción de conciencia.

Así como a los niños no se les exige juramento o promesa de cumplir con la Ley, no debería exigírseles un compromiso sobre ninguna otra cuestión subsidiaria de ideales políticos, religiosos o ideológicos, cualesquiera sea su naturaleza u orientación.

El artículo 14.2 de la Convención de los Derechos del Niño es muy claro a este respecto: «Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades».

Es decir, que los niños no solo tienen derecho a que se les respete su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, sino a que el Estado respete el derecho de sus padres a guiarlos en el ejercicio de este derecho; pero no de cualquiera manera, sino «conforme a la evolución de sus facultades». Esta última expresión, que es clave para interpretar el preciso alcance de este precepto convencional, asume que los niños son personas «en evolución» y que en materia de pensamiento, de conciencia y de religión no es posible introducirlos a tempranas edades en temas que no son capaces de comprender o asimilar. Y esta valla que se erige delante de los niños para proteger su evolución armónica y racional es un obstáculo tanto para los padres como para el Estado.

Conclusión

Soy perfectamente consciente de que este tema tiene unos matices y una extensiones que de ningún modo han sido reflejados en esta breve reflexión. También lo soy de que hay quienes piensan exactamente lo contrario que yo, y por ello es que no pretendo de ningún modo que mi parecer sea el que debe imponerse.

Pienso no obstante que ahora que Salta ha dado un gran paso con la formal -aunque por ahora no sustantiva- eliminación de la educación religiosa de los espacios y los tiempos curriculares de la enseñanza pública, no es bueno que se caiga en el vicio del adoctrinamiento y que los adoctrinadores profesionales busquen otras salidas para manipular las conciencias infantiles en espacios cautivos como la escuela pública.

El cuidado del medio ambiente es una aspiración común y un imperativo del conjunto social, incluidos los niños, por supuesto. Pero no conviene renunciar a enseñarles lo que deben saber sobre el tema, confiando en que el marcado de sus conciencias a temprana edad nos prevenga de que en el futuro desarrollen comportamientos antisociales.

Siempre es mejor enseñarles en el aula que llevarlos a un descampado gélido a que juren que serán buenos y que no talarán árboles. Y mejor que todo eso es enseñarle a los adultos a respetar los derechos de los niños y convencerlos de que no se puede pasar por encima de ellos, por muy buenas y loables que sean las causas que los justifican.