Un gobierno irresponsable que maneja datos personales de forma todavía más irresponsable

Con el agua hasta el cuello, como ya es costumbre, el gobierno de Juan Manuel Urtubey ha salido a los medios a defender que los datos sensibles de las personas que recogen los agentes del Ministerio de la Primera Infancia son «confidenciales».

El argumento defensivo es ridículo, por cuanto cualquier persona con un nivel razonable de sensatez imagina que el gobierno considera a este tipo de datos como «confidenciales». Estaría bueno que no lo hicieran de este modo.

Los problemas son otros, muy diferentes a la confidencialidad. El primero, que el gobierno admite que somete a este tipo de datos a un «tratamiento automatizado» por medios informáticos, al mismo tiempo que no existe, ni a nivel legal ni administrativo, garantía alguna que prevenga que esta información «escape» al control de quienes tienen el deber de velar por su carácter confidencial. Incluso más: desde el momento en que el gobierno provincial de Salta reconoce que está utilizando herramientas informáticas de empresas privadas -en concreto, de Microsoft- no hay nada que asegure que en estos momentos el gigante de Seattle no disponga de los datos de decenas de miles de salteños pobres, clasificados por su etnia, su nivel de estudios, sus preferencias sexuales y su propensión a los embarazos prematuros.

El segundo problema es que el gobierno de Urtubey no recoge los datos de forma leal y transparente, con plenas garantías de información acerca de su tratamiento automatizado (por ejemplo, la ubicación del archivo o la autoridad responsable), su utilización y su destino. Es decir, que con el argumento de «luchar contra la pobreza», que parece que vale para todo, se arranca a ciudadanos vulnerables casi toda su información personal (alguna, incluso, manifiestamente innecesaria), sin siquiera advertirles del riesgo que para su libertad y sus derechos entraña el que el gobierno disponga de tal información.

El tercero, que el gobierno, en su irresponsable carrera hacia ninguna parte, no puede asegurar, ni por asomo, que esa información pormenorizada y segmentada que ha recogido de manera manifiestamente irregular no va a ser cedida o compartida con otros organismos de la propia administración (como la Policía, por ejemplo) o filtrada, con o sin dinero de por medio, a los partidos y a los líderes políticos con el fin de manipular el resultado de las elecciones o alterar de cualquier otro modo la voluntad colectiva.

El cuarto problema está referido a la posibilidad de que el gobierno, sin controles de ninguna naturaleza (especialmente por parte de las personas interesadas) acometa el tratamiento automatizado de datos ultrasensibles de niñas de corta edad, sin hacer ni siquiera el intento de recabar la pertinente autorización de sus padres o representantes legales.

Cuando el Gobernador habla de que el sistema al que él llama, de modo inapropiado, de «inteligencia artificial», es capaz de predecir el embarazo adolescente con cinco o seis años de antelación, y teniendo en cuenta que la edad fértil de las niñas comienza en torno a los 12 años, es razonable pensar que el gobierno sabe (y no tendría por qué) el nombre, el apellido, el domicilio, la etnia y la identidad del malvado padrastro de niñas que tienen entre 6 y 7 años de edad.

Los niños -y aquí reside el principal problema- merecen una protección específica de sus datos personales, ya que, como dice el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que entrará en vigor el próximo mes de mayo, los menores de edad pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de los datos personales.

En este sentido, si bien el mismo considerando del Reglamento (UE) 2016/679 habla de que el consentimiento del titular de la patria potestad o de la tutela no debe ser necesario en el contexto de lo que, con carácter muy general, se llaman «servicios preventivos», se debe tener presente que el consentimiento previo e informado de un adulto es inexcusable cuando entre los datos personales que se van a ser recogidos se incluyen algunos de la «esfera personalísima» del ser humano, como los que se vinculan con su raza u origen étnico, sus opiniones políticas, religión o creencias, condición genética, estado de salud u orientación sexual.

Un gobierno que no tiene cuidado a la hora de recoger los datos, es un gobierno también sospechado de no poner ningún cuidado a la hora de tratarlos, de almacenarlos y de evitar que los mismos vayan a ser conocidos por quienes no deben hacerlo. Un gobierno tan poco consistente en el momento de la recogida de la información, no puede asegurar de ningún modo que la empresa que le proporciona el sotfware no se haga con toda la base de datos y que la información ultraprivada de los salteños se encuentre en una bóveda en Utah (como los 30 años de Hotmail) o que ya la tengan los rusos, para sus conocidos fines.

Como se afirma en el considerando 75 del citado reglamento comunitario, los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas son de una gravedad y de una probabilidad variables. Pueden deberse al tratamiento de datos que pudieran provocar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales, en particular en los casos en los que el tratamiento pueda dar lugar a problemas de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de los datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico o social significativo.

También sucede en los casos en los que se prive a los interesados de sus derechos u libertades o se les impida -como en el caso de Salta- ejercer el control sobre sus datos personales; en los casos en los que los datos personales tratados revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o las creencias filosóficas, la militancia en sindicatos y el tratamiento de datos genéticos, datos relativos a la salud o datos sobre la vida sexual, o las condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas; en los casos en que se evalúen aspectos personales, en particular el análisis o la predicción de aspectos referidos al rendimiento en el trabajo, situación económica, salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad o comportamiento, situación o movimiento, con el fin de crear o utilizar perfiles personales; en los casos en los que se traten datos personales de personas vulnerables, en particular niños; o en los casos en los que el tratamiento implique una gran cantidad de datos personales y afecte a un gran número de interesados.

Lo destacado en negrita son algunas de las infracciones que está cometiendo en estos mismos momentos el gobierno provincial de Salta a la hora de utilizar el tratamiento automatizado de datos personales extremadamente sensibles para crear y utilizar «perfiles personales» y, para con ellos, predecir los futuros comportamientos y actitudes sexuales de niños y niñas de corta edad.

Ni jurídica ni moralmente es equiparable la posibilidad de utilizar los datos personales para prevenir, por ejemplo, el fracaso escolar, que para intervenir en las decisiones sexuales y reproductivas de las personas. Y en ninguno de los casos es tolerable la elaboración por el detentador de los datos de perfiles personales de ninguna naturaleza.

Si, por las razones que sea, los padres de los niños no pueden defender sus derechos y su libertad, es deber del resto de los ciudadanos denunciar estos abusos y exigir el cese de estas prácticas lesivas de la privacidad de los menores de edad, que no contribuyen ni a erradicar la pobreza ni a reducir la cifra de embarazos adolescentes, sino que, por el momento, solo sirven para que el gobierno tenga más poder, mediante un control más directo sobre las poblaciones vulnerables y sobre su voto cautivo.